Carlos Gómez Martínez (Madrid, 1957) es el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, un puesto al que, como hasta ahora, acudirá en su bicicleta. Se pone ahora al frente de la Justicia en un territorio que durante años ha acogido algunos de los casos de corrupción más importantes del país, hasta el punto de encarcelar a una expresidenta del Parlament, María Antonia Munar, y a un expresidente autonómico que llegó a ministro, Jaume Matas. Sus tribunales hasta han condenado a una infanta.
El nuevo presidente del TSJB compagina esta nueva etapa con su pasión por ayudar a los demás y con la responsabilidad de haberse convertido, el pasado mes de septiembre, en el primer español miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con múltiples artículos, libros y ponencias a sus espaldas, centrados en su mayoría en su preocupación por la ética judicial, ha colaborado en distintas misiones de reconstrucción del Estado de Derecho en varios países de Europa y ha participado como experto en proyectos de la Unión Europea sobre formación de jueces en Bulgaria, Croacia y Serbia.
Se enfundó la toga en 1982 y dirigió durante tres años la Escuela Judicial. Su nombramiento coincide en el tiempo con la polémica generada por su decisión de exculpar de graves acusaciones al juez y al fiscal que investigaron al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach. Frente a las críticas, rechaza el corporativismo por cuanto redunda en la ausencia de imparcialidad, reconoce que el ejercicio de las funciones de la jurisdicción “exige equilibrios difíciles” y defiende que Baleares, con la respuesta judicial ofrecida a los numerosos casos de corrupción destapados durante esta década, ha sabido poner de manifiesto que la justicia “trata igual a las personas independientemente de cuáles sean su condición social o económica”.
Comenzó su discurso de toma de posesión diciendo que creía que sus compañeros le habían elegido, entre otros motivos, por ser “uno de los más viejos”. ¿Se podría decir que sabe usted más por viejo que por diablo?
[Risas] Sé más por viejo, llevo 38 años en la carrera judicial, he desempeñado distintas funciones y he pasado por diferentes jurisdicciones. Eso es lo que te da una experiencia, y la experiencia lo que te permite es ser más prudente y ser consciente acerca de los límites de lo que uno puede hacer en cada posición en la que se encuentra. Y creo que esas cosas son válidas cuando se ejerce un cargo con un componente de gestión como es el de presidente.
En su discurso propuso, además, cambios en el sistema de elección de altos cargos. ¿En qué sentido deben promoverse?
Los altos cargos judiciales son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es un órgano que, para mí, necesita de una reflexión y que se abra un debate sobre cómo deben ser elegidos sus miembros. Y yo sé que no es un tema fácil, porque si uno mira el derecho comparado no hay situaciones satisfactorias y, de hecho, todos hemos vivido estas últimas semanas cómo, en Estados Unidos, Trump eligió directamente a la señora Amy Coney Barret como magistrada del Tribunal Supremo sin intermediación de ninguna otra institución. En un sistema como el nuestro esto sería inconcebible.
Entonces, ¿cuál es el camino a seguir?
Existe mucha diversidad de opciones. Hay países donde el Consejo es elegido por los jueces, como en el caso de Italia; Francia se rige por jueces pero no tienen competencias como las de nuestro Consejo y existen, finalmente, países en que ni lo hay, como Alemania. En los países del norte de Europa, aquellos en los que las estadísticas de Eurostat dicen que la opinión pública tiene mejor concepto de su justicia, tampoco hay Consejo. Con esto quiero decir que el tema de quién gobierna a los jueces para mí no es un asunto que sea definitorio del Estado de Derecho. Lo que lo define y nos da ese estatuto es que los jueces, cada uno de forma individual, sean independientes. Y sí, es mucho mejor si luego hay una independencia orgánica del Poder Judicial como tal. Pero como las soluciones son distintas y ninguna de ellas es plenamente satisfactoria, soy partidario, en estos casos en los que el panorama es incierto, de ir a las soluciones estándar, las que marca el Consejo de Europa en su recomendación 12 del año 2010, que dice que al menos la mitad de los consejos superiores de la magistratura deben integrarla jueces elegidos por sus jueces, por sus pares, como ocurría, de hecho, antes de la reforma de 1985.
¿Cree que, en medio de la polémica suscitada por las propuestas de reforma planteadas por PSOE y Podemos, el CGPJ está sometido a un “juego político”, como han criticado varias asociaciones judiciales?
Yo creo que el CGPJ está en una situación difícil porque, por un lado, se encuentra en funciones pero, por otro, tiene también que ir cubriendo plazas. Hay plazas que son de jubilaciones y no pueden prolongarse. La necesidad de personal del CGPJ exige muchas veces que los puestos se vayan cubriendo. Es un dilema en el que no me gustaría estar y con el que estoy seguro de que también los actuales componentes del Consejo no se encuentran cómodos.
Dependiendo del sentido de sus resoluciones, los partidos políticos acusan, a veces incluso abiertamente, a los tribunales de actuar al dictado de las formaciones contrarias. Los casos Gürtel o Dina son ejemplos de ello. ¿Lo considera un ejercicio de democracia, en tanto demuestra el respeto a la libertad de expresión, o, por el contrario, cree que supone un ataque a la democracia?
Es como todo. La crítica muchas veces no solo es válida sino también necesaria. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con el hecho de que las críticas incluyan una descalificación de las instituciones. Es decir, igual que en un debate entre personas el acudir a argumentos ad hominem o personales es en realidad estéril, en las discrepancias que puedan existir con las resoluciones judiciales, y creo que todas ellas son criticables, no hay por qué descalificar a la Administración de Justicia, a los jueces ni a las personas que han intervenido, porque esas instituciones no tienen por qué dictar siempre la resolución en el sentido en que uno u otro pueden esperar. Uno aplica la ley, que muchas veces da una solución que no es la que a lo mejor espera un grupo de ciudadanos, y eso está en el corazón mismo del ejercicio de la jurisdicción. Nunca se puede satisfacer a ambas partes y eso creo que también hay que tenerlo en cuenta cuando se critica.
¿Se trasladan esas tensiones al interior de los tribunales? ¿Dificultan la labor de decidir?
Creo que los jueces somos profesionales de esto. Igual que un médico, para poder ejercer bien su labor, tiene que saber sobreponerse a situaciones de estrés que pueden derivarse de ver a una persona sufriendo, los jueces tenemos que saber extraernos de situaciones de posible influencia indebida o de un intento de parcialidad. Somos profesionales de la imparcialidad y estamos muy entrenados.
En uno de los numerosos artículos que ha publicado comenta cómo en la década de los noventa algunos países europeos crearon órganos encargados de velar por la independencia de la justicia mientras que en España el CGPJ no logra consolidarse como garante de la independencia, ni ante la sociedad ni ante los propios jueces, con denuncias alternas de corporativismo o de politización... ¿Lo continúa creyendo?
Si los miembros del CGPJ son elegidos por los mismos jueces hay un peligro de deriva corporativista, si son elegidos por los parlamentarios hay un peligro de deriva de politización... Se trata de evitar las dos y para eso está la solución estándar del Consejo de Europa: que al menos la mitad sean jueces pero que no se elimine la presencia de la sociedad. Tiene que haber un imput que provenga de sectores que no sean el judicial, porque si no estaríamos cayendo en el corporativismo. Por eso la Constitución ya prevé que haya una importante presencia de ocho miembros de origen no judicial. De hecho, los países que tienen Consejo tienen esta mezcla. El problema de España es que se pasó a un sistema en el que todos sus miembros son de origen parlamentario y eso sí que es extraordinario en cuanto a modelos de derecho comparado y provoca que a veces, en el mismo debate público que estamos viviendo, el CGPJ no pueda hacerse visible como un órgano que encarna la independencia judicial por la que está encargado de velar.
¿Hay corporativismo en Baleares? ¿Se ha sentido presionado en algún momento en ese sentido?
Creo que a la hora de juzgar no hay corporativismo. El corporativismo se manifiesta a la hora de reivindicar ciertas cosas pero, a la hora de juzgar, si se incurre en corporativismo no se está siendo imparcial. Y, como comentaba, la imparcialidad es la virtud judicial en la que estamos entrenados los jueces o en la que deberíamos estarlo.
Los sobreseimientos en fase de instrucción son objeto de críticas por quienes opinan que el juez debe limitarse a instruir, y no a juzgar. Así lo expone, además, la Fiscalía Anticorrupción en el recurso que esta semana ha interpuesto contra el auto con el que archivó las acusaciones más graves contra el juez y el fiscal que investigaron a Bartolomé Cursach. ¿Dónde está el límite? ¿Considera que es labor del juez de instrucción evitar que investigados se vean injustamente sometidos a una pena de banquillo?
En esto me remito a lo que dice la ley. La instrucción finaliza de diversas maneras y una de ellas es el sobreseimiento.
En su último libro, Ética judicial. Una indagación en los valores del ejercicio de la jurisdicción, habla de la parresía y de la necesidad de que un juez tenga la valentía suficiente de hacer examen de sus propias dependencias para que estas no constituyan una amenaza a su objetividad a la hora de juzgar. ¿Le ha resultado o le está resultando difícil aplicar estos criterios en el día a día de su labor profesional?
Siempre es un reto, porque la imparcialidad exige primero un paso y es reconocer los propios sesgos. Todos tenemos prejuicios y lo primero que hay que hacer es reconocerlo para luego intentar superarlos. La actitud que no me parece correcta es decir: “yo por ser juez soy imparcial”. No, como eres juez eres un ciudadano, vives en sociedad y tienes tus ideas y tu forma de ver la vida, pero tienes que procurar que todo eso no influya a la hora de dictar sentencia. Esa es la valentía a la que yo me refería y que a veces te coloca en situaciones difíciles.
¿Logra abstraerse de las críticas externas?
Es lo que queremos hacer todos. No sé si lo hago bien o mal pero lo intento.
¿Debería estar la titularidad de los Juzgados de Instrucción acotada a un determinado periodo de tiempo para garantizar la imparcialidad judicial, teniendo en cuenta que hay lugares donde prácticamente todos los actores judiciales que intervienen se conocen?
Yo en general soy partidario de que la instrucción no se atribuya al juez sino al Ministerio Fiscal. Creo que eso aporta claridad al sistema. Quien investiga lleva el fruto de la investigación ante el juez. Si en el curso de la instrucción se necesita limitar algún derecho fundamental entonces se acude al juez de garantías, que tiene una visión exterior a la investigación, no forma parte de la investigación misma y eso favorece lo que comentaba de la imparcialidad del juez, que es lo definitorio. El juez debe mantenerse en una posición de tercero en todas partes. De hecho, el juez de instrucción es una figura que se ha eliminado en países en que antes existía y solo persiste en España y Francia. En su actual configuración, el ejercicio de las funciones de la jurisdicción exige equilibrios que son difíciles.
¿Cree que el número de casos de corrupción destapado por la justicia en Baleares demuestra un nivel más elevado de corrupción que en otros lugares, o lo atribuye al esfuerzo de la sociedad, incluyendo jueces y fiscales, por combatirla?
Se ha producido una buena respuesta de jueces y fiscales a la corrupción y se ha puesto en evidencia que la justicia sí que trata igual a las personas independientemente de cuál sea su condición social o económica. En Baleares hemos sabido ponerlo de manifiesto.
Hace varios años la avalancha de casos de corrupción era continua en las islas, ¿qué ha cambiado?
En ese sentido, como sociedad y conjunto de instituciones sí que hemos aprendido. Cada vez hay más mecanismos de prevención de la corrupción y la administración funciona con más control, y creo que eso es fruto de haber pasado una época difícil.
En 1948, el juez Clark –a quien también cita en sus artículos– señaló que “el acusado de un crimen tiene derecho a ser juzgado en un tribunal de justicia, no en una plaza pública ni en un estadio, ni tampoco en un coliseo que se extiende a lo largo y ancho del país”. ¿Se cumple esta premisa hoy en día, teniendo en cuenta, sobre todo, el altavoz en que se han convertido las redes sociales?
No, creo que no. Lo que tenemos que tener todos muy claro –y todos los que trabajamos en el ámbito de la Administración de justicia nos tenemos que poner en el mismo lugar– es el respeto a la presunción de inocencia, es decir, la presunción de inocencia de una persona que está sufriendo un proceso tiene que ser respetada si no hay nada seguro hasta que se dicte la sentencia. El respeto a ese principio, en torno al cual se articula el proceso penal, nos impone restricciones en cuanto a la publicidad de las actuaciones y, sobre todo, un trato respetuoso allí donde hay publicidad. Y en esto somos todos un poco culpables como sociedad. Muchas veces adelantamos los juicios y las opiniones sobre un caso sobre el que todavía no ha recaído sentencia y creo que esto al final no beneficia a nadie.
Sobre las investigaciones en torno al rey emérito, ¿opina que se le está dando un trato de favor?
Sobre el rey solo sé lo que sale en los periódicos y no me atrevo a emitir ninguna opinión porque, sobre todo, yo tengo como norma de conducta que cuando un asunto está judicializado los demás jueces debemos callar y dejar que hablen aquellos que que se encargan de las investigaciones. De lo contrario, estaríamos invadiendo un terreno que no es el nuestro.
Se convirtió en septiembre en el primer español miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿cómo es su labor en este órgano?
Ese comité existe desde 1976 y es cierto que hasta ahora no lo había integrado ningún español. En mi caso debo ir tres veces al año a las deliberaciones que tienen lugar en Ginebra. El tipo de trabajo que realiza el comité pasa por dos tareas: llevar a cabo observaciones generales de los derechos humanos en distintos países, como Yemen y, en el otro caso, hay 90 países de la ONU que han firmado un protocolo general que permite a sus ciudadanos acudir directamente al comité en caso de que consideren que se ha vulnerado un derecho fundamental. Lo afronto como un trabajo interesante que me permitirá conocer realidades muy distintas a las nuestras pero tambien nuestras realidades desde otro punto de vista. Muchas veces la experiencia internacional actúa como efecto espejo y te ayuda a ver lo propio.
Colabora con una fundación solidaria de ayuda a los más necesitados. Deduzco que se trata de un ejercicio de coherencia personal, pero ¿dónde se siente más realizado defendiendo los derechos humanos: en el tribunal, en la ONU o en la ONG?
[Risas] Es verdad que hay muchos ámbitos de actuación pero la pregunta me ha recordado una cita de Eleonor Roosevelt, que participó activamente en la negociación del texto que finalmente desembocó en la declaración universal de los derechos humanos. Cuando le preguntaron dónde empiezan los derechos humanos universales, ella respondió: “En pequeños lugares, al lado de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa”. Es así. Los derechos humanos están aquí, en una ONG o en el Comité, porque son lo que nos da dignidad como personas. Ha sido muy difícil llegar a esos textos, ha costado dos guerras mundiales y unas experiencias devastadoras. Para mí, a lo mejor porque soy jurista, los derechos humanos son el principal patrimonio de la humanidad. Son como tesoros que nacen del sufrimiento y de experiencias históricas terribles y por eso hay que conservarlos e intentar implementarlos. Ese es el reto.