Carlos Hugo Preciado (Tarragona, 1969) es uno de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Juez desde hace 17 años, tiene su plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, aunque en la última etapa ha ejercido como letrado coordinador en el Tribunal Supremo, especializado en la jurisdicción social. Es miembro del bloque progresista del órgano, donde recaló a iniciativa de Sumar tras recibir el aval de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.
Preciado recibe a elDiario.es horas después del acto solemne de Apertura Judicial, una ceremonia marcada por la renovación del CGPJ y la elección como presidenta de Isabel Perelló, de la que dice sentirse “muy satisfecho”. Afima que la igualdad de género y “recobrar el prestigio” frente a la ciudadanía y a la carrera judicial serán unos de los retos de la institución después del bloqueo y la polarización política del último mandato. Y defiende que “en la función de defender la independencia judicial no entran muchas iniciativas o comunicados que se han hecho con un tinte claramente partidista desde el Consejo”.
¿Está satisfecho con el acuerdo logrado para la presidencia del CGPJ?
Estoy muy satisfecho y lo valoro como un hecho triplemente histórico. Primero, porque en toda la historia de más de 200 años del Tribunal Supremo hay una mujer que lo preside y se rompe un importante techo de cristal en una carrera que está feminizada en su composición, pero que tiene en su cúpula una sobrerrepresentatividad masculina que no tiene ningún género de explicación.
Segundo, porque es una persona con un compromiso incuestionable e intachable con el espacio ideológico progresista, lo cual representa una sana alternancia tras diez años en los que el Poder Judicial ha estado en manos de una sensibilidad más conservadora. Y tercero, porque esta vez sí la presidenta del Tribunal Supremo la ha elegido el Consejo General del Poder Judicial sin ningún tipo de imposición política. Ha habido una negociación real, que no ha sido nada fácil, pero que ha sido una evidencia de que no ha sido una candidata de ningún poder ajeno al Poder Judicial. Eso es un síntoma democrático enormemente esperanzador.
Ha dicho que no ha recibido ninguna instrucción. ¿Tampoco ninguna sugerencia sobre a quién debían elegir?
Ha salido publicado en prensa que a mí me propuso Sumar. Y, probablemente, en las negociaciones políticas eso fuera así. Pero yo no he recibido ningún tipo de instrucción sobre quién debía ser la presidenta. Respecto a mis compañeros, cada uno tendrá que decirlo. Pero a mí la impresión que me ha dado la negociación y su dificultad es que no había una imposición política directa.
Si hubiera sido así no hubiéramos estado un mes negociando, no hubiéramos barajado siete candidaturas y no se hubiera tenido que aportar otra candidatura nueva para intentar desbloquear. La evidencia habla por sí sola. No ha habido una imposición del poder político, sino todo lo contrario: una negociación entre los vocales, como democráticamente debe producirse de forma natural y acorde con la Constitución.
Aunque se barajó, Perelló no estaba en la primera terna de candidatas propuestas. ¿Por qué eligieron otros perfiles?
Hubo una negociación entre los integrantes de las distintas sensibilidades y los de sensibilidad conservadora optaron por presentar cuatro candidatos y los de sensibilidad progresista por presentar tres. Es innegable que había más perfiles —entre ellos, el de Isabel Perelló que yo desde de un primer momento había propuesto—, pero por razones de consenso y de estrategia negociadora se optó por no presentar esa candidatura.
Cuando parecía que todo estaba encallado apareció el nombre de Perelló. ¿Quién lo propuso?
Creo que no es ningún secreto porque ha aparecido en prensa. El vocal José Antonio Montero, del bloque conservador, se puso en contacto conmigo para ver cómo se podía desencallar la situación. Mantuvimos una conversación larga y aparecieron algunos nombres, entre los cuales estaba el de Perelló. Yo trasladé ese posible punto de consenso a los compañeros de la sensibilidad progresista. Y finalmente eso ha desembocado felizmente en un acuerdo de consenso que hoy en día nadie cuestiona.
Tal y como está el escenario político de España los acuerdos están incluso un poco mal vistos. Pero desde el punto de vista de la política y de la política judicial, creo que tendríamos que volver a la cultura del acuerdo, de saber limar las diferencias y llegar a puntos comunes, siempre encaminados al servicio público de la ciudadanía.
Seis vocales del bloque progresista votaron a Perelló y cuatro a Ana Ferrer, una de las candidatas propuestas desde el inicio. ¿Hay división en el grupo?
He visto en prensa un relato de división en el bloque progresista que desmiento rotundamente. No estamos en una cultura de bloques, estamos en una cultura de sensibilidades diversas. Es decir, dentro de la gente que tiene una orientación conservadora, hay diversos perfiles. Y dentro de la de la gente que tiene una orientación progresista, otros diversos perfiles. Pero no existe una división tal y como se ha querido narrar. Es sano que haya habido esta votación por distintas candidatas y es sano que se haya llegado a un acuerdo.
Uno de los grandes retos del mandato es renovar casi un centenar de plazas en los principales tribunales. Acaba de reconocer la existencia de esos diferentes perfiles. ¿Teme que cada nombramiento se convierta en un viacrucis?
Creo que sabremos encontrar entre todas y todos las vías de acuerdo suficientes como para que cada nombramiento o propuesta no sea un viacrucis. Somos conscientes de la enorme responsabilidad institucional que nos concierne y de la necesidad de que lleguemos a acuerdos. El Consejo ha estado paralizado durante cinco años y ahora hay un cúmulo de nombramientos que constituyen un reto para seguir en esta cultura del acuerdo con la que se ha iniciado este octavo mandato.
Perelló dijo que su nombramiento es un reconocimiento a la lucha de las mujeres, pero que “queda mucho camino por recorrer”. ¿Buscar un equilibrio de género será clave en estos nombramientos?
Una de las claves de este octavo mandato va a ser la igualdad de género. En la carrera judicial hay un techo de cristal que hemos empezado a romper, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, sólo hay un 17% de magistradas en el Tribunal Supremo cuando el 65% de la carrera son mujeres. Hay un evidente desequilibrio que también está presente en las presidencias de los tribunales superiores de Justicia o de las audiencias provinciales. Ha sido un buen principio, pero falta un camino largo que tendrá que terminar con un mandato donde esta diferencia termine en una situación de paridad o muy aproximada a la paridad.
Durante el último mandato, el sector conservador utilizó el CGPJ como ariete contra el Gobierno. Por ejemplo, publicó un texto contra la amnistía cuando la ley ni siquiera se había presentado. ¿Cómo valora ese tipo de iniciativas?
Cada institución tiene que servir a unas funciones. Defender la independencia judicial —como dijo la presidenta en su discurso— quiere decir defender a los jueces y magistrados que estén realizando sus funciones frente a ataques de otros poderes, frente a descalificaciones que comporten un descrédito de lo que es la confianza de la ciudadanía en la independencia judicial. Pero no creo que dentro de la función de defender la independencia judicial entren muchas iniciativas o comunicados que se han hecho con un tinte claramente partidista desde el Consejo, desacreditando así la función que le corresponde de defensa de la independencia judicial.
¿Cree que otro de los desafíos del mandato es recuperar el prestigio de la institución?
Los desafíos de este mandato son muchísimos. Uno de ellos es recobrar el prestigio de la institución en dos ámbitos distintos: frente a la ciudadanía y respecto de los integrantes de la carrera judicial. Frente a la ciudadanía, en los últimos cinco años, el Consejo ha sido una fuente incesante de noticias que le convertían en el problema por su no renovación. Ha habido una crisis constitucional e institucional sin precedentes.
Eso ha sido profundamente injusto para todos los profesionales y plantea el segundo reto, hacia adentro de la carrera judicial, que empezó el mandato del anterior presidente [Carlos Lesmes] en 2013 con unas declaraciones en las que decía que a los jueces y las juezas había que tratarles con el palo y con la zanahoria. Esta concepción cosificadora de los jueces y las juezas, que es profundamente burocrática y alejada de lo que es la dignidad en el ejercicio de la función judicial, va a terminar con este Consejo.
Evidentemente, para garantizar esa independencia tendremos que buscar los medios materiales y personales que garanticen la agilidad de la Justicia. No es asumible que un juzgado de familia tarde meses en dar respuesta a una situación de crisis conyugal, como tampoco es asumible que un despido se esté señalando a juicio desde que se interpone la demanda pasados dos años de ese despido. Estas son las cuestiones que nos deben preocupar hacia afuera y, por tanto, hacia adentro del Poder Judicial. Se tiene que luchar por garantizar los medios materiales y personales por parte de todas las administraciones implicadas para que la Justicia sea la tributaria del derecho efectivo a la tutela judicial. La Justicia que llega tarde nunca es justicia.
Otra de las grandes tareas de este mandato es la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales. ¿Usted es partidario de hacer cambios?
Es una cuestión que se tiene que someter a un informe que tenemos que rendir en el plazo de seis meses y que tiene que estar avalado por la mayoría de tres quintos de los vocales, lo cual nos obligará a integrar las distintas sensibilidades. La función de proponer leyes no corresponde al Poder Judicial. Nosotros lo que haremos será rendir un informe que exponga cuáles son los sistemas de elección que sean más acordes con el ordenamiento de la Unión Europea.
En el modelo que tenemos ahora —que es el modelo heredado y diseñado por el Partido Popular, pues quiero recordar que esta ley se produce en 2013 bajo el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón— hay una participación de la judicatura. Yo me sometí a unas elecciones dentro de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia de las que salí con la primera posición y después el Senado acordó por tres quintos que yo fuera uno de los miembros del Consejo.
Todos los métodos son mejorables. A mí me hubiera gustado exponer y someterme al escrutinio de la soberanía popular representada en las Cortes Generales respecto de un programa de política judicial, cosa que en la actual legislación no se puede hacer. Por ejemplo, el sistema americano aunque a los jueces del Tribunal Supremo los propone el presidente del Gobierno, se someten a un estricto y exigente escrutinio en el Senado. Se tiene que mejorar el sistema y propiciar que la participación ciudadana sea efectiva.
Sin embargo, lo que se pretende desde la derecha política y judicial es otra cosa: “que los jueces elijan a los jueces”.
Eso en parte está ocurriendo ya con la actual ley, que seguramente es mejorable. La frase de que “que los jueces elijan a los jueces”, sin otro matiz, puede provocar determinadas derivas corporativistas. Creo que sería poco justificable que los militares eligieran al ministro o ministra de Defensa, los médicos al ministro de Sanidad o los funcionarios al ministro de Administración Pública. Conforme a la Constitución, la justicia emana del pueblo y la máxima representación del pueblo son las Cortes Generales.
Dentro de eso, evidentemente, hay que garantizar la función de la independencia judicial en el marco de la separación de poderes y tiene que haber alguna participación de la carrera. Ahí está el tema de en qué grado, en qué momento, en qué modo, con qué amplitud de los integrantes de la de la carrera judicial… Pero la Justicia emana del pueblo, es del pueblo y no de los jueces. Los jueces sirven a la Justicia y sirven al pueblo.
Entiendo, de su reflexión, que no es partidario de que se amplíe la participación de la carrera judicial.
El debate se ha querido sintetizar en “que los jueces elijan a los jueces”. Toda simplificación siempre tiene cierto grado de perversión. De alguna manera, lo que se está pidiendo es otra cosa distinta a que los jueces elijan a los jueces.
¿Qué se está pidiendo?
Si lo que se pide es que el Poder Judicial, en lugar de emanar del pueblo, emane de 5.000 personas que integran la carrera judicial, yo no estaría de acuerdo. No considero que sea constitucionalmente admisible. A veces, la simplicidad del debate político y de las consignas oscurece la complejidad de las cuestiones. Y si se dice “que los jueces elijan a los jueces”, yo podría decir que los jueces ya elegimos a los jueces. A mí y al resto de representantes judiciales del Consejo nos han votado nuestros compañeros a través del aval asociativo o incluso del aval de los no asociados.
Después de eso, las Cortes Generales tienen que tener algún tipo de participación para contrastar el perfil, el programa político… ¿Si no, de qué manera estamos garantizando que la Justicia emana del pueblo? Es una cuestión mucho más compleja de lo que se ha querido trasladar en el debate político.
Dos partidos acordaron hace unos meses incluir el término ‘lawfare’ en el texto de un acuerdo. La reacción de todas las asociaciones de jueces fue contundente y unánime. Al tiempo, es difícil creer que en España no se hayan adoptado en los últimos años decisiones judiciales demasiado teñidas de ideología, siempre en la misma dirección. ¿Tienen la piel demasiado fina los jueces?
Nuestra resoluciones tienen que estar sometidas a la crítica pública, incluso a la crítica desabrida o poco agradable. En eso radica la esencia de la libertad de expresión. Somos servidores públicos y tenemos que estar sometidos y acostumbrados a esa crítica pública. La libertad de expresión de la ciudadanía va incorporada a la toga. Nada que reprochar a toda crítica o queja sobre la Administración de Justicia que los ciudadanos perciban.
Ahora, de eso a utilizar o manipular los procesos judiciales para propósitos que no son nada coincidentes con la Administración de Justicia y con el servicio público hay un largo trecho. En este sentido, la acusación popular tiene un amplio recorrido para ser mejorada y para garantizar que su único interés sea que se haga Justicia y no otros intereses políticos, sindicales o mediáticos. La utilización de las causas para realizar juicios paralelos y menoscabar el honor y la reputación de las personas sometidas a esas causas se tiene que solventar.
Creo que ahí radica buena parte del origen de esa queja por el ‘lawfare’. Hay mucho que mejorar y no hay que caer en el simplismo de decir sí existe o no existe ‘lawfare’. Hay jueces condenados por prevaricación. Me refiero, por ejemplo, al caso de la magistrada Vicky Rosell [en el que resultó condenado el juez Salvador Alba]. Eso ha sido un escándalo, entre otros muchos, de una magnitud considerable. Todas y todos tenemos la obligación de cambiar este tipo de actuaciones de utilización perversa de la Justicia.