El bloqueo conservador del Poder Judicial fuerza la dimisión de su presidente por primera vez en la historia

Carlos Lesmes presentará este lunes su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha informado la institución en un comunicado hecho público a última hora de este domingo. Su renuncia dejará vacante también la presidencia del Tribunal Supremo. Lesmes dejará los cargos que ostenta desde 2013 como consecuencia de la situación de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. Tras el anuncio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión este lunes por la mañana en Moncloa.

El pasado 7 de septiembre, en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, Lesmes dijo que dimitiría “en semanas” si persistía el bloqueo y, desde entonces, ha esperado que los partidos “visibilizaran” un compromiso de renovación del órgano que no se ha producido. Tras su renuncia se incorporará a su destino como magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

En una declaración, Lesmes afirma que toma esta decisión al finalizar este domingo el plazo anunciado a los vocales en el pleno del pasado 29 de septiembre sin que el Gobierno y la oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación del órgano o para la “devolución de sus competencias”. Lesmes había solicitado a los partidos la renovación del órgano y que, de no hacerlo, se diera marcha atrás a la reforma que desde marzo de 2021 impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula de los principales tribunales cuando, como ahora, tiene su mandato caducado.

“Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad sólo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable”, sostiene Lesmes en la declaración.

En esa misma declaración, Lesmes desvela que en los “últimos días” —tras la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders— ha sido informado de la existencia de “contactos” entre las fuerzas políticas, si bien esas conversaciones “no han dado resultado positivo alguno”. “Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los jueces españoles, que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la Justicia entera”, añade en su comunicado.

El anuncio de dimisión pilló por sorpresa a la mayoría de vocales, que esperaban que se mantuviera en el puesto hasta el próximo jueves, cuando había convocado un pleno extraordinario para tratar los nombramientos del Tribunal Constitucional que el CGPJ debería haber hecho antes del 13 de septiembre y que también siguen bloqueados. De hecho, había solicitado a los negociadores de ambos bloques que este mismo lunes le informaran de quién es su candidato. En las últimas semanas, Lesmes había manifestado en público y en privado que su idea era dejar zanjada o, al menos encarrilada, la renovación del Constitucional antes de marcharse.

Lesmes lanzó el órdago de su dimisión cuando vivía sus horas más bajas desde que ocupa el primer sillón de la justicia española. El inicio del curso judicial fue complicado para él, que no logró convencer a los vocales para realizar en plazo los citados nombramientos del Constitucional. Ese bloqueo lo han propiciado ocho de los diez vocales elegidos a propuesta del PP, que han utilizado diferentes subterfugios para dilatar estas designaciones.

Con la salida de Lesmes todos los ojos se vuelven ahora hacia los vocales. La posibilidad de una dimisión conjunta parece descartada por el momento, pues una mayoría de consejeros rechaza que se cargue sobre sus espaldas la responsabilidad de desbloquear el órgano. De hecho, en el discurso en el que anticipó su dimisión, Lesmes dijo que la renuncia colectiva que han solicitado sectores de la judicatura como vía para facilitar la renovación sería “irresponsable” e “inaceptable”. Y calificó de “admisibles” las renuncias individuales. 

La renuncia de la primera autoridad judicial del Estado abre un escenario de incertidumbre tanto en el CGPJ como en el Supremo que tendrá su primer hito en quién  va ser su reemplazo. Antes de marcharse, Lesmes encargó al gabinete técnico un informe sobre su “eventual sustitución” ante la circunstancia de que el órgano no puede elegir a un nuevo presidente al estar en funciones. Ese documento establece que “de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno” ambos puestos deberían ser ocupados por Francisco Marín Castán, que es el presidente de Sala más antiguo del Tribunal Supremo y que es vicepresidente interino del Alto Tribunal desde 2019. 

Sin embargo, una mayoría de vocales —tanto conservadores como progresistas— no están de acuerdo con esta solución. Entienden que debería darse una bicefalia con Francisco Marín como presidente del Supremo y Rafael Mozo como presidente del CGPJ por ser el vocal de mayor edad. Mozo fue elegido a propuesta del PSOE. En todo caso, defienden que es una cuestión que se debe resolver en el pleno.  

El bloqueo a la renovación del CGPJ se ha mantenido desde 2018 por la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. 

El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. En el último año ha perdido a dos de sus miembros, Rafael Fernández Valverde, que se ha jubilado; y Victoria Cinto, que falleció el pasado junio. Ninguno de los dos ha podido ser sustituido. 

Durante los últimos meses Lesmes ha alertado en diferentes foros de las consecuencias que está teniendo para el sistema judicial el bloqueo a la renovación del CGPJ y la reforma que impide hacer nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado, aprobada en marzo de 2021. Durante la última apertura judicial incidió especialmente en la situación en el Supremo, que tiene 14 vacantes de jueces sin cubrir por jubilaciones y fallecimientos. Se trata, dijo entonces, de una situación “límite” que en unos meses sería “insostenible”.  

Lesmes saltó de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo al órgano de gobierno de los 5.300 jueces españoles en diciembre de 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Su propuesta fue una apuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón que contó con el aval de Mariano Rajoy. El PSOE, que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba, estuvo de acuerdo con su nombramiento. 

Lesmes fue alto cargo del Gobierno del PP, en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. En la primera legislatura de Aznar –entre los años 1996 y 2000–, Lesmes fue director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto clave en ese ministerio porque es quien ejerce de enlace del Gobierno con los jueces. 

Tras ocho años en el Gobierno de Aznar, Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –conservador, nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador.