Carmena fulmina a un exjefe de la Policía Municipal con el PP por beneficiar a una empresa de seguridad
El equipo de Manuela Carmena ha apartado de sus funciones al mando de la Policía Municipal José Luis Morcillo, quien fuera máximo responsable del Cuerpo en la época de alcalde de Alberto Ruiz-Gallardón. Morcillo era en los últimos tiempos jefe de la División de Seguridad Patrimonial y, como tal, responsable del informe técnico en el que se basó la adjudicación a una empresa de seguridad privada que un tribunal administrativo acaba de tumbar.
El fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) ha ordenado anular la adjudicación a la empresa Segural S.L de la protección y seguridad de todos los edificios dependientes del distrito madrileño de Chamartín durante un año, entre el 31 de marzo de 2015 y el 1 de abril de 2016. Por este concepto, Segural iba a recibir 389.856,96 euros de los fondos públicos.
El acuerdo del tribunal, fechado el 13 de abril, incluye la “anulación de la valoración realizada” por el grupo policial de Morcillo y la repetición de todo el proceso de licitación. El TACP atiende así el recurso de otra empresa, Eulen, una de las cinco que concurrieron al concurso. El contenido del fallo es el motivo de la destitución de Morcillo, según trasladaron a eldiario.es fuentes del Consistorio. Ni el policía, ni la Asociación de Jefes de la Policía Municipal de Madrid (AJPMM) han querido pronunciarse sobre la destitución.
José Luis Morcillo es uno de los cinco subinspectores que hay en la actualidad en la Policía Municipal de Madrid, un Cuerpo con alrededor de 6.000 agentes. Su trayectoria se vio interrumpida en 2007, cuando solicitó una excedencia para convertirse en director general de Falcon, una empresa de seguridad privada.
En 2014, con Ana Botella en la Alcaldía, regresó a la Policía Municipal y fue destinado a la División de Seguridad Patrimonial, de la que ahora ha sido destituido, tras unos primeros meses en el centro de formación de policías y bomberos del Ayuntamiento. Se trata del grupo que debe, entre otras funciones, valorar a las firmas del poderoso sector empresarial de la seguridad, donde también trabaja su mujer.
Entre un periodo y otro, Morcillo pasó dos años en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en un cargo que no existía hasta que él llegó, el Departamento de Seguridad, Salud y Prevención. La UGT se quejó por entonces de que la EMT se había convertido en un refugio para 70 “enchufados” del PP de Madrid, entre los que ubicó a José Luis Morcillo.
El acuerdo del TACP invalida la concesión firmada por el presidente del distrito de Chamartín, Mauricio Valiente, el 11 de marzo. Fuentes municipales aseguran que se revisan en la actualidad otros “informes técnicos” que han servido para realizar adjudicaciones en el ámbito de la seguridad privada, con el objetivo de que no se repita el caso de Chamartín y la administración local pueda ser la primera en actuar.
El fallo del tribunal administrativo es tajante respecto al “informe de valoración” de la Policía Municipal. Así, concluye que “en todos los criterios y subapartados no ha sido debidamente justificado y ponderado en su apreciación de las dos ofertas analizadas”.
Incluso viene a concluir que el informe técnico miente. Por ejemplo, al asegurar que Eulen “hace una mención casi nula del concepto de riesgo, sin definirlo, ni mencionar otros conceptos análogos que permitan la mejor comprensión del mismo”. No solo no es así, sino que Eulen hace una “definición de riesgos, inventario de riesgos asiduos, divididos según el agente causante, en los que constan, riesgos derivados de la naturaleza, de origen antisocial y del fuego” y “además se especifica en cada uno de los apartados los diferentes tipos de riesgo y sus variantes”.
El acuerdo del tribunal se refiere directamente a Morcillo cuando afirma: “Hemos de suponer que los técnicos que elaboraron el informe, Inspector Jefe de la División de Seguridad Patrimonial y jefa de Departamento de Seguridad Privada, no deben necesitar que se les suministren otros conceptos análogos para comprender el concepto de riesgo en un contrato de seguridad”.
La discriminación es tan descarada que la empresa adjudicataria obtiene en un apartado 4 puntos frente a los 0,5 de Eulen, a pesar de que ésta última hace un análisis de riesgo individualizado de cada uno de los edificios que va a proteger y Segural, la adjudicataria, se limita a establecer una media.
Además, el tribunal detecta que se ha penalizado a Eulen por unos conceptos que “no procedería tener en cuenta en la puntuación” y, sin embargo, se han obviado otras prestaciones de la empresa que deberían haber mejorado su puntuación. “Adolece el informe de valoración de falta de motivación suficiente que acredite la diferencia en las puntuaciones otorgadas a ambas empresas”, añade.
Aupado por Álvarez del Manzano
La trayectoria de Morcillo al frente de la Policía Municipal estuvo salpicada de varias polémicas desde el mismo momento en que fue nombrado inspector jefe del Cuerpo por el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el 23 de enero de 2003 el nombramiento por un defecto de forma que fue subsanado más tarde.
Al frente de la Policía Municipal, Morcillo denunció a tres concejales de la oposición por desobediencia e incitación a la violencia durante una protesta contra la tala de árboles para construir la M-30. Los ediles denunciaron la carga policial y abuso de autoridad. Un juez archivó la causa en 2006. Uno de esos concejales era Inés Sabanés, en la actualidad concejala delegada de Movilidad y Medio Ambiente y portavoz adjunta del Consistorio.
Ese mismo año, un mando de la Policía Municipal cursó la orden de ampliar el número de agentes antibotellón en las proximidades del domicilio particular de Ruiz-Gallardón. Ese mando fue destituido a pesar de que la instrucción partió de José Luis Morcillo, según informó entonces El País.
Los defensores del subinspector destacan su lucha contra prácticas como el botellón al frente de la comisaría del distrito Centro de Madrid o su labor de coordinación en los atentados del 11-M, siendo ya máximo responsable de la Policía Municipal. Las mismas fuentes aseguran que en sus 36 años de servicio se ha convertido en una de las dos personas más condecoradas de la institución.
Poco antes de la victoria de Ahora Madrid en las elecciones de 2015, fue creada la Asociación de Jefes de la Policía Municipal de Madrid (AJPMM), de la que Morcillo es presidente. La AJPMM considera que el Plan Director creado por el equipo de Carmena para acercar la Policía Municipal a los ciudadanos es una forma de imposición de “un ideario político” que perjudica los intereses de los agentes.
La AJPMM ya ha anunciado que llevará a los tribunales al director general del Cuerpo, Andrés Serrano, por eliminar la permanencia obligatoria en un destino durante un periodo mínimo. Esta asociación de mandos policiales también ha amenazado con la justicia ordinaria al delegado de Seguridad, Javier Barbero, tras el anuncio del Ayuntamiento de crear un comité ético para investigar de oficio la actuación policial en determinados incidentes y supervisar el tratamiento de quejas referentes al servicio de este Cuerpo, con el objetivo de “proteger los derechos humanos”.
El fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid es recurrible por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses.
