Catorce meses después de que Pedro Sánchez anunciara la voluntad de establecer una “hoja de ruta” de “transparencia y ejemplaridad” para la jefatura del Estado ante los escándalos que rodeaban a Juan Carlos I, el Consejo de Ministros daba luz verde a un real decreto que modifica las normas de funcionamiento de la Casa Real que se estipularon hace 34 años y que fueron ya actualizadas en 2015, tras la llegada de Felipe VI al trono. Se trata de un documento de siete páginas que fundamentalmente llevan al Boletín Oficial del Estado (BOE) algunas de las medidas que ya venía implementando Zarzuela, como la publicación de las instrucciones para la contratación o la formalización de que la Abogacía del Estado se encargará de la asistencia jurídica de la Casa Real. La principal novedad es que el Tribunal de Cuentas fiscalizará las cuentas de la institución. No obstante, será una auditoría limitada y sin el control del Congreso que tienen otros organismos del Estado.
A falta de que la Casa Real y el Tribunal de Cuentas suscriban un convenio, la redacción del real decreto apunta a una fiscalización de mínimos ya que especifica que estará sujeta “a las especialidades que vienen impuestas por los principios establecidos en el título II de la Constitución Española y, en particular, por las previsiones contenidas en sus artículos 56 y 65”. Estos apartados son los que se refieren a la inviolabilidad del jefe del Estado y a su libertad para repartir los fondos que le llegan de los Presupuestos Generales del Estado.
“El informe de auditoría se circunscribirá a reflejar si las cuentas anuales expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del organismo, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto”, señala el texto aprobado el pasado martes. La intención, además, es que el informe que realice el Tribunal de Cuentas se remita al rey y se publique en la página web, pero no pase por el Congreso, como sucede con otros organismos estatales sujetos a su fiscalización.
“El resultado de las actuaciones fiscalizadoras se recoge en informes, memorias, mociones y notas, que aprueba el Pleno del Tribunal de Cuentas, acordando su elevación a las Cortes Generales. La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, previa comparecencia del Presidente del Tribunal, delibera respecto a cada uno de los informes, memorias, mociones y notas y dicta las resoluciones oportunas”, señala el órgano fiscalizador en su página web.
El Gobierno ha tratado de alejar lo máximo posible a la Casa Real del Parlamento en este proceso que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, calificó de “punto de llegada muy importante en la modernización, en la ejemplaridad y en la transparencia de la Casa Real” despejando la posibilidad de que se lleve a cabo una ley de la Corona, que supondría abrir un melón complicado en el que quedaría patente la pérdida de apoyo de la monarquía. Pedro Sánchez ha tenido que renunciar, de hecho, a la eliminación de la inviolabilidad del monarca que siempre ha defendido. Con el real decreto, que no tiene que votarse sino que entra en vigor según se publica en el BOE, el Gobierno salva los muebles sin revelarse la enorme fractura que tiene el PSOE con sus socios respecto a la jefatura del Estado.
Sin transparencia sobre los gastos
La nueva normativa tampoco arroja luz sobre el verdadero coste de la monarquía para las arcas públicas, que es muy difícil, por no decir imposible, de cuantificar. La mayoría de recursos seguirá proporcionándolos Patrimonio Nacional, que llegó a convertirse en un coladero a través del que se han abonado facturas de lo más variopintas para Zarzuela. En uno de sus informes de fiscalización, el Tribunal de Cuentas llegó a afirmar que esa institución asumía funciones que corresponderían a la Casa Real -especialmente la contratación del personal-, pero la alusión desapareció de la redacción final tras las alegaciones de Patrimonio Nacional. Además del personal, incluido el de Juan Carlos I en Abu Dabi, costea gastos que van desde la limpieza al mantenimiento del complejo, incluidas tres piscinas de las que disfrutan los miembros de la familiar real en Zarzuela.
El decreto especifica las labores que desempeña la Guardia Real para el rey, aunque ya las venía realizando. Así, estipula que le corresponde actuar como guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes al jefe del Estado y los miembros de la familia real “que se determinen”, “prestar análogos servicios a los Jefes de Estados extranjeros cuando así se ordene” y “proporcionar, con su Unidad de Asistencia Sanitaria, atención sanitaria permanente a los miembros de la Familia Real en su residencia oficial y en las actividades que se determinen por la Jefatura de la Casa”. Este era un servicio que venía prestándose desde 1999 en base a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, pero que no estaba recogido legalmente.
Los presupuestos recogen una partida de unos seis millones de euros para la Guardia Real. Sin embargo, ese no es el coste total de ese servicio ya que no contempla los sueldos de los 1.500 efectivos que prestan servicio en esa unidad y que son asumidos por las Fuerzas Armadas. Defensa se niega a detallar esa cifra. Lo mismo sucede con los efectivos que destina el Ministerio del Interior a la seguridad de la jefatura del Estado.
La aprobación del decreto coincidió con la publicación por primera vez del patrimonio de Felipe VI, que tiene una capacidad de ahorro del 90% de su salario. Sin embargo, ese ejercicio de transparencia no será obligatorio para el monarca por ley, sino que será fruto de su voluntad seguir haciéndolo. “La declaración de bienes de Su Majestad el Rey no está regulada en el real decreto, de tal manera que será el propio monarca el que, con la periodicidad que él establezca, irá publicando la su declaración de bienes o de patrimonio”, explicó Bolaños. Quienes sí tendrán que presentar esos datos al inicio y cese de sus funciones en Zarzuela son los altos cargos, al igual que sucede en el conjunto de la Administración.
El decreto también da rango legal a una de las novedades que trajo Felipe VI: la publicación anual de los regalos que percibe la familia real. La decisión se produjo después de escándalos protagonizados por su padre, como el regalo de dos Ferrari por parte de un jeque árabe o el yate Fortuna, que le entregaron unos empresarios y al que renunció en 2013, teniéndose que hacer cargo Patrimonio Nacional de las indemnizaciones por despido de los trece empleados del barco.
“El único bien importante que me han regalado siendo rey es la finca de La Mareta, en Canarias. Me la regaló el rey de Jordania y yo le pregunté a Solchaga [ministro de Economía con Felipe González] qué debía hacer con ella; me respondió que tenía que pagar impuestos, y entonces la regalé al Estado”, recuerda el socialista José Bono en sus memorias que le dijo Juan Carlos de Borbón.
Bolaños aseguró en la presentación del texto que “todos los regalos que reciba la familia real, todos, serán inventariados, registrados y custodiados, con el fin de estudiar si permanecen en la Casa, si pasan a Patrimonio Nacional o si bien, en función de la naturaleza del regalo, se donan a entidades sin ánimo de lucro”. No obstante, el decreto incorpora un matiz y es que será la propia Casa Real la que haga una “valoración para proponer” si se incorpora a Patrimonio Nacional o se dona. “En todo caso, los regalos de carácter institucional se incorporarán al Patrimonio Nacional”, precisa.
Desde que en 2015 se hicieron públicos los obsequios que ha recibido la familia real, los más llamativos fueron 22 joyas de un príncipe saudí, que fueron cedidas a Patrimonio Nacional y cuyo valor se desconoce, una cazadora de aviador que le regaló Obama en 2016 o los DVD de la serie Juego de Tronos que le dio Pablo Iglesias. En 2020, la última relación de regalos que se ha publicado, la pandemia quedó reflejada en el listado de regalos al figurar varias entregas de mascarillas reutilizables.