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La interrupción voluntaria del embarazo es un asunto incómodo para el Partido Popular, que históricamente ha vivido intensos debates internos entre los sectores más conservadores, antiabortistas, y los más moderados, proclives a regular el aborto y, en algunos casos, partidarios de las leyes aprobadas por las fuerzas progresistas.
Hace ahora 10 años y un mes, el 1 de junio de 2010, la corriente más reaccionaria del partido, encabezada entonces por su portavoz de Justicia, el exministro de Defensa Federico Trillo –destacado miembro de la congregación ultracatólica del Opus Dei–, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso, que fue admitido a trámite el 30 de junio, contra la ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los populares argumentaron que en esa normativa “la vida del no nacido en las primeras 14 semanas de gestación” quedaba “absolutamente desprotegida”. “Estamos por lo tanto ante el reconocimiento de un derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta de embarazo, lo que resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que 'todos tienen derecho a la vida'”, señalaba el PP en su recurso.
Desde entonces, los populares han protagonizado una constante sucesión de bandazos sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En los últimos diez años, siempre que se han tratado de imponer las tesis del sector más conservador tratando de endurecer o restringir la normativa sobre el aborto, finalmente el PP ha tenido que dar marcha atrás por la presión social y por las propias discrepancias internas.
Una reforma fallida
Eso mismo sucedió después de que en diciembre de 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy presentara una reforma de la ley de 2010 que eliminaba la posibilidad de abortar libremente en las primeras semanas y establecía un sistema de indicaciones más restrictivo que el de 1985 al eliminar las malformaciones como supuesto específico para abortar y exigir dos informes (en vez de uno) para demostrar el daño en la salud psíquica y mental de la madre. La modificación fue una apuesta personal del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Pero ante la falta de consenso interno –la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó en todo momento respaldar públicamente la reforma de su propio Ejecutivo– y en medio de un fuerte rechazo social, Rajoy anunció la retirada del anteproyecto de ley en septiembre de 2014, lo que provocó la dimisión de Gallardón, su principal impulsor, como ministro de Justicia.
En 2015, el PP registró en el Congreso una nueva reforma de la ley del aborto, pero esta vez puntual, para exigir el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieren interrumpir su embarazo, que fue aprobada gracias a su mayoría absoluta y que sigue en vigor en la actualidad.
Tras este movimiento, Rajoy decidió aparcar cualquier debate sobre el aborto para evitar un nuevo cisma interno como el generado por la ley de Gallardón. Pero el actual líder del PP, Pablo Casado, trató de recuperar el plan para limitar los derechos de las mujeres sobre la interrupción voluntaria del embarazo nada más ganar las primarias de 2018. En su discurso de proclamación como presidente, Casado reivindicó al PP como el partido “de la vida”, término con el que las derechas tratan de justificar sus postulados antiabortistas.
Los vaivenes de Casado
En febrero de 2019, justo antes de la campaña de las generales del 28A, el líder del PP abogó por recuperar la ley del aborto de 1985, que solo contemplaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos –riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, violación y malformaciones o taras, físicas o psíquicas en el feto– y que fue reemplazada en 2010 por la normativa actual, de plazos.
Uno de los argumentos utilizados por Casado para defender volver a la ley del 85 fue que, según él, en España “hay barra libre para abortar” hasta la semana 22 de gestación, algo que es falso.
La norma actual considera el aborto libre solo hasta la semana 14 de gestación. A partir de ese momento, “excepcionalmente” y por causas médicas, se podrán practicar abortos hasta la semana 22 cuando exista “grave riesgo para la vida o la salud de la embaraza”, cuando haya riesgo de “graves anomalías” en el feto o bien cuando se detecten “anomalías fetales incompatibles con la vida” o “una enfermedad extremadamente grave e incurable”. En los tres casos esas circunstancias tienen que acreditarse mediante informes médicos de un profesional o varios (según el supuesto) que no sean el que dirija o practique el aborto.
Casado también apeló al “consenso” para justificar su idea de regresar a la norma del aborto de 1985, otro argumento que es falso. Coalición Popular, la coalición en la que estaba integrada Alianza Popular, partido del que emergió el actual PP, llevó a cabo una férrea oposición a la ley y votó en contra en 1983, la primera vez que se debatió en el Congreso de los Diputados. También interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue aceptado.
Pensar en tener niños, “no en cómo abortarlos”
El líder del PP ha llegado a vincular el aborto con las pensiones: “Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal, si queremos financiar las pensiones y la salud, debemos pensar en cómo tener mas niños y no en cómo los abortamos”, dijo el año pasado.
En marzo de 2019, el actual diputado popular Adolfo Suárez Illana, uno de los fichajes estrella de Casado para los comicios del 28A, al que ha colocado como presidente de la Fundación Concordia y Libertad dependiente del partido, protagonizaba otra sonada polémica sobre el aborto.
En una entrevista en Onda Cero, el hijo del primer presidente de la actual etapa democrática, Adolfo Suárez, aseguraba lo siguiente: “Hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto”. Suárez Illana calificaba además de “incuestionable” que “el embrión es una vida” y comparaba el aborto con “los neandertales”: “El que me digan que se pueda matar antes o después...los neandertales también lo usaban: esperaban a que nacieran y le cortaban la cabeza”.
El entonces candidato del PP llegaba a poner como ejemplo una supuesta ley “que se acaba de aprobar” en Nueva York y que según dijo en un principio, “permite el aborto después del nacimiento”. Suárez Illana se vio obligado a rectificar esta afirmación y a pedir perdón porque de la que él hablaba es una norma que simplemente permite abortar tras la semana 24 si el feto no es viable o corre peligro la vida de la mujer. No pidió perdón por el resto de afirmaciones que causaron estupor dentro y fuera de su propio partido.
Un “señuelo” de la izquierda
A finales de ese mes de marzo de 2019, en una entrevista en La Sexta, Casado reculó y negó que si llegara al Gobierno fuera a recuperar la ley de 1985. Aunque reconoció que a él le gusta “más la ley de supuestos que la de plazos”, recordó que la ley aprobada en 2010 actualmente en vigor fue recurrida al Tribunal Constitucional por su partido y que el PP se limitará a acatar lo que diga la justicia. “No puedo ir contra lo que diga el Tribunal Constitucional”, concluyó.
Desde entonces, la dirección de Casado dio la orden de no hablar más de la interrupción voluntaria del embarazo por tratarse de un “señuelo” que la izquierda hacía “morder” al PP para que le afectara electoralmente. La consigna sigue siendo esa: esperar a la sentencia del Constitucional y, diga lo que diga, acatarla.