Casado afronta una refundación del PP para romper con el pasado de corrupción y en medio de las críticas a su liderazgo

La factura de los escándalos de corrupción en las urnas obliga al Partido Popular a mudarse. En vísperas de que comiencen las principales comparecencias en el juicio por la caja B que indaga sobre los pagos en negro para la reforma de su sede de la céntrica calle Génova de Madrid, su presidente, Pablo Casado, anuncia que el partido busca nuevas oficinas. El edificio que ahora ocupa está asociado a la corrupción y a los sobres llenos de billetes que, según su extesorero Luis Bárcenas, dejaban empresarios a cambio de adjudicaciones de obras y servicios en las administraciones públicas. Casado asume que es imposible marcar distancias con el pasado dando ruedas de prensa en un edificio que está bajo sospecha y en el que según los investigadores y el propio Bárcenas todo se pagó en dinero negro.

Ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido –el órgano que integran la dirección nacional del PP y sus barones territoriales–, que este martes se reunió de forma telemática por la pandemia, Casado anunció el traslado de la sede nacional del histórico edificio de la calle Génova de Madrid a un nuevo lugar aún por determinar. “No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales”, dijo, haciendo alusión al juicio sobre la caja B. Sus palabras contrastan con las que pronunció en 2018. “Lo que nos va a hacer conectar con nuestro electorado no es cambiarnos al edificio de en frente”, dijo entonces, al ser preguntado por un cambio de sede, ante las sospechas que existían sobre la financiación de las obras de Génova 13.

Para poder consumar la mudanza, Casado deberá contar con el aval de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, que se reunirá próximamente aunque la dirección popular aún no ha puesto una fecha concreta. Los estatutos del PP establecen en su artículo 1.4 que “la sede nacional del partido se fija en el número 13 de la calle de Génova, 28004 de Madrid, y podrá ser trasladada por acuerdo de la Junta Directiva Nacional, sin necesidad de modificar los presentes estatutos”.

La transparencia, la regeneración y la ruptura con el pasado corrupto del partido fueron tres compromisos que el líder del Partido Popular, Pablo Casado adquirió en julio de 2018, nada más ser elegido en primarias como sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación conservadora.

Pero el gesto más simbólico del líder del PP llega dos años y medio después de su triunfo sobre su rival interna, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y en la resaca de una debacle sin precedentes en las elecciones catalanas: el PP perdió un escaño, se quedó con solo 3 de los 135 del Parlament, y fue arrasado por Vox, que le triplicó en número de diputados. El anuncio trata de atajar la crisis en la que vive sumido el Partido Popular desde la caída de Mariano Rajoy por la sentencia de Gürtel y se produce en medio de un creciente clima de descontento interno con el liderazgo de Casado, cuestionado incluso por sectores enfrentados en las filas populares.

El líder popular acompañó esa noticia con otro compromiso: no volver a hablar de sus antecesores, es decir, de Mariano Rajoy, el líder que lo hizo vicesecretario de Comunicación, y de José María Aznar, su padrino político. Hace solo una semana y en plena campaña de las catalanas el presidente del PP ya intentó romper amarras: defendió cuatro años después que él no estuvo de acuerdo con la gestión que el Gobierno de Rajoy hizo del referéndum catalán. El martes, con los titulares todavía frescos sobre las dudas de algunos pesos pesados del partido acerca de su capacidad para reflotar el partido –Alberto Núñez Feijóo pidió un período de reflexión desde Galicia y Cayetana Álvarez de Toledo se apresuraba a certificar el fracaso del dirigente que la destituyó como portavoz parlamentaria en las páginas del diario El Mundo– Casado soltó la bomba ante los periodistas.

Ese intento de Casado de borrar todo vínculo y romper con el pasado choca, sin embargo, con su propia trayectoria política. El hoy líder del PP lleva 15 años ocupando distintos cargos orgánicos, durante más de una década bajo el mando de Mariano Rajoy, de quien llegó a ser el principal portavoz como vicesecretario de Comunicación –entre 2015 y 2018–, y también de José María Aznar, su padrino político que, además, le colocó como jefe de Gabinete en la Fundación FAES, un think tank ultraliberal que el jefe de los populares ha vuelto a situar como la fundación de referencia del partido.

Las investigaciones sobre la financiación ilegal del PP responden a un escándalo que viene de la época de Aznar y que se mantuvo bajo la presidencia de Rajoy. Y la Operación Kitchen se produjo durante el Gobierno de este último. Los dos fueron mentores de Casado en diferentes épocas dentro del PP, pero, ahora, él trata de sacudirse cualquier vinculación con los dos exdirigentes para tratar de salvar su propio liderazgo, que ya era débil por las sucesivas derrotas electorales desde que llegó a la presidencia, en 2018, y que vuelve a estar en cuestión ahora, tras la hecatombe en Catalunya.

La decisión más drástica de Casado desde que ganó las primarias hace dos veranos guarda relación con su diagnóstico de lo que sucedió el domingo, en la última de las derrotas electorales que encadena. Aunque la fecha del juicio de la caja B, una de las ramificaciones del caso Gürtel que aún debe juzgarse, se decidió en febrero de 2020 y, por tanto, mucho antes de que se convocaran las elecciones catalanas, el hecho de que la primera sesión se celebrara el pasado día 8, en plena campaña catalana, ha sido considerado como definitivo por parte de la dirección del PP para explicar su debacle en las urnas.

Sin un ápice de autocrítica, el líder del PP atribuye esa derrota en Catalunya al citado proceso abierto en los tribunales y también a la confesión entregada por Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción –según Casado, todo se debió a un “pacto” entre el Gobierno y el extesorero para perjudicar al PP en Catalunya–, que se conoció el pasado día 3, quinto día de la campaña catalana, y que se refiere a la supuesta financiación ilegal del partido durante décadas. Bárcenas aportó nuevos datos sobre la financiación ilegal y el cobro de sobresueldos por parte de dirigentes populares –incluidos dos senadores, Pío García Escudero y Javier Arenas, ambos en ejercicio– durante décadas.

Con ese diagnóstico, el remedio ideado por Casado para no seguir acumulando derrotas electorales, –el PP lleva más de dos años sin levantar cabeza en las sucesivas citas con las urnas–, es la ruptura con el pasado más reciente del partido a través de la puesta en marcha de una suerte de refundación. Además del cambio de sede –fuentes de la dirección nacional del PP no saben concretar cuándo se producirá, aunque sí explican que será “cuanto antes”–, Casado anunció este martes que nunca más responderá a preguntas sobre corrupción, que creará un “nuevo departamento de compliance que establecerá mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y un canal anónimo de denuncias con absolutas garantías, a semejanza de lo que sucede en las grandes empresas”, y que convocará una convención política que se celebrará en otoño en la que los populares tratarán de plantear un proyecto que garantice la vuelta de todos esos potenciales electores 'populares' que en los últimos años se han fugado a Vox y Ciudadanos.

A la 'caja B' se suma la Operación Kitchen

“Defender al partido no es justificar las conductas individuales que hayan podido cometer personas concretas al margen de los órganos de dirección y del interés de los afiliados. Por eso desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle. Sencillamente no nos lo podemos permitir con el calendario judicial que se avecina”, sostuvo el líder del PP este martes, aventurando unos meses complicados por los asuntos referidos a la corrupción de su partido que se están tramitando en los tribunales. 

Además de la caja B está en fase de instrucción el caso de la llamada Operación Kitchen que investiga el supuesto espionaje a Bárcenas ordenado desde el Ministerio del Interior del último Gobierno de Mariano Rajoy para torpedear las pesquisas sobre la financiación ilegal del PP. El asunto está en los tribunales y, además, el Congreso acaba de abrir una comisión de investigación al respecto por la que pasarán Rajoy y otros exdirigentes del partido.

“El coste electoral ha sido y es tremendo, y el daño para la urgente alternativa que necesita España es inasumible. Debemos dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro que proponemos para los españoles. Las hipotecas en política no son hereditarias, no lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo para el nuestro. No podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos, ni tienen nada que ver con un legado impecable de defensa de la libertad y de España, que costó la vida a 24 compañeros, y por el que otros miles han consagrado su vida al servicio público”, sentenció Casado este martes.

Las actuaciones previas para evitar la corrupción

Hasta este martes, los gestos más significativos del líder del PP contra los dirigentes de su partido salpicados por corrupción fueron forzar sus ceses una vez fueron implicados o se conocieron informaciones sobre sus conductas irregulares, sin poner en marcha investigaciones internas destacadas para dirimir responsabilidades y, en su caso, adoptar castigos o sanciones ejemplarizantes. En su primera dirección, Casado eligió a un presidente para la Oficina del Cargo Popular, un organismo interno del PP para garantizar la honradez de todos sus dirigentes. El elegido fue Alfredo Prada, exconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre que, en marzo de 2019, fue imputado en la causa sobre el fallido proyecto de Campus de la Justicia de la región, por lo que Casado tuvo entonces que destituirle.

María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del PP cuyo apoyo resultó esencial para que Casado ganara las primarias, fue obligada a dejar la política tras conocerse sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo que, paradójicamente, se habrían producido, según el policía, en la misma sede de Génova que el PP abandonará próximamente. El líder del PP también prescindió del exministro Jorge Fernández Díaz, imputado en la Operación Kitchen sobre el espionaje a Bárcenas, si bien en un principio lo incluyó en la dirección de su partido como secretario de Justicia e Interior. Un ejemplo similar es el de Ignacio Cosidó, que era el máximo jefe de la Policía cuando se produjo el supuesto espionaje a Bárcenas, y al que inicialmente Casado nombró portavoz en el Senado. 

La derrota en las elecciones catalanas ha avivado el ruido interno sobre el liderazgo de Casado. Sectores de las dos corrientes en liza desde hace años en el PP, la más moderada, heredera del mandato de Mariano Rajoy, y el ala radical, que apoya contemporizar con Vox, han cargado desde el domingo contra la estrategia mantenida por el líder de los populares en los últimos meses y, en especial, durante la campaña catalana en la que Casado se involucró personalmente, con actos y entrevistas diarias.

Los sectores más derechistas reprochan al líder popular el giro al centro que emprendió el pasado verano con el objetivo de ensanchar el electorado del PP y que se escenificó con el cese de Cayetana Álvarez de Toledo de su puesto como portavoz en el Congreso de los Diputados. En una entrevista en El Mundo, la también diputada por Barcelona que, tras su destitución, se ha convertido junto a sus terminales mediáticas en un elemento de oposición interna a Casado, culpaba este martes al líder de su partido de la debacle en Catalunya. “En mi opinión, no ha fallado el candidato, ha fallado la estrategia errática, profundamente equivocada, de la dirección nacional, que ha dejado a muchos de nuestros votantes desorientados, huérfanos y sin razón suficiente para votarnos”, sentenciaba.

Su conclusión es que “ha quedado acreditada la incapacidad de Pablo Casado para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español”. Álvarez de Toledo recuerda que “el liderazgo es de Pablo Casado y suya ha sido la presencia constante en la campaña”. Por lo que también son atribuibles al líder del PP “las decisiones estratégicas y el discurso que se hizo en la campaña”. “La responsabilidad de todo esto no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro Fernández, no es de la abstención. Incluso en mi opinión ni siquiera es de Teodoro García Egea, cuya gestión del partido deja muchísimo que desear. La responsabilidad es del líder del partido. Esto lo digo con dolor personal y político. Pablo Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él”, zanja la parlamentaria. 

Sin voces en contra en el Comité Ejecutivo

Los dirigentes más moderados mantienen en cambio sus críticas al jefe de filas por su falta de contundencia contra Vox durante sus primeros meses al frente del partido, que legitimaron e hicieron crecer a la extrema derecha. Creen que esa condescendencia con los de Abascal y sus pactos para gobernar en autonomías y ayuntamientos pueden estar en el origen de la huida de sus votantes al partido de Abascal en Catalunya. Dirigentes consultados por elDiario.es se muestran ahora “escandalizados” por la decisión de Casado de dejar Génova 13. “¿Qué culpa tendrá la sede de que haya habido corruptos?”, se preguntan. En privado, estos cargos populares aseguran que los barones están muy disgustados con la gestión del líder nacional del PP que, según ellos, “camina sin rumbo” como máximo jefe de la oposición.

Los dirigentes territoriales, sin embargo, no le manifestaron este martes esas discrepancias de forma pública a Casado durante el Comité Ejecutivo Nacional del partido. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,  al que se considera el contrapeso interno de Casado –es el único líder autonómico del PP que gobierna con mayoría absoluta y lo hace tras reforzarla por cuarta vez consecutiva, el pasado julio– y al que se identifica con un perfil más moderado, no intervino durante la reunión, a pesar de que el lunes sí pidió públicamente una “reflexión” a la dirección de su partido por los resultados en Catalunya.

Tampoco hablaron otros dirigentes que en el pasado han sido críticos con la gestión del partido a nivel nacional, como el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, o el castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco. Además de Casado y de García Egea solo intervinieron el catalán Alejandro Fernández, que defendió su campaña, el extremeño José Antonio Monago, que apoyó a la dirección nacional, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que manifestó su sintonía con el líder del PP y se alegró “enormemente” de la marcha de Génova 13.