Un año después del fallido referéndum independentista del 1 de octubre y de las violentas cargas de la Policía dirigida por el Gobierno de Mariano Rajoy, su sucesor al frente del PP, Pablo Casado, considera que la situación en Catalunya “es peor” que la de entonces. El líder de los conservadores argumenta que ahora “no hay un Gobierno de España que ponga coto a la deriva independentista”, que existe una “kale borroka” que según él amedranta a la ciudadanía en las calles catalanas y que se vive una “confrontación civil” en la sociedad.
Para normalizar la situación el presidente de los conservadores apuesta, sin embargo, por la misma estrategia de enfrentamiento con el independentismo que llevó al choque de trenes entre el Gobierno del PP y la Generalitat. Casado endurece incluso la postura que ha mantenido su partido en los últimos meses. Su plan pasa por rechazar cualquier tipo de diálogo con las fuerzas nacionalistas –en contra del que promueve el Ejecutivo de Pedro Sánchez–, intervenir Catalunya sine die a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que sea el Gobierno central el que nombre a los consellers obviando el mandato de los catalanes en las urnas y asfixiar económicamente a todos los partidos nacionalistas retirándoles las ayudas públicas.
El líder del PP desgranaba todas estas propuestas este lunes, durante un almuerzo organizado por el diario ABC en el que primero sugería la ilegalización de PDeCAT, ERC y la CUP aunque luego matizaba sus palabras, para asegurar que únicamente se refería a la retirada de la financiación pública de esas fuerzas políticas por su respaldo a la “violencia” de los comités de defensa del referéndum, conocidos como CDR.
“Solicitamos la modificación de la ley de partidos para que se pueda actuar ya contra aquellos partidos y organizaciones en Catalunya que están alentando la violencia e incitando a la confrontación civil. No es admisible después de los altercados de ayer que haya partidos políticos como la CUP como ERC o como el PDeCat que no estén condenando estas agresiones intolerables”, apuntaba durante su intervención, que se prolongaba durante más de media hora y para la que decidía improvisar, al no llevar su discurso escrito.
“No es posible más autogobierno”
Después, cuando durante el coloquio se le preguntaba por sus alusiones a una posible ilegalización de esos partidos concretos, Casado matizaba. “No estoy pidiendo la ilegalización de ningún partido político”, sostenía. Con sus palabras apelaba, según él, a la necesidad de cumplir la ley de partidos y que se sancione a los que alienten o justifiquen la violencia o la confrontación civil. El objetivo, explican fuentes de la dirección del PP a eldiario.es, es que esas formaciones políticas no reciban financiación pública si entre sus propuestas está actuar contra el Estado.
“¿Cuál es la propuesta del PP para aquellos catalanes que desean una mayor autonomía dentro de España?” se le preguntaba a Casado a continuación. “No se puede querer más autogobierno porque no es posible más autogobierno”, contestaba. “El autogobierno no es de las administraciones, es de los ciudadanos. No podemos seguir centrifugando la nación española con unos nacionalistas que son insaciables”, concluía.
Su fórmula para hacer frente a la crisis catalana pasa, principalmente, por la intervención de esa autonomía. “Nuestra propuesta es la solicitud o exigencia de activar el artículo 155 con la duración que sea necesaria y con la asunción competencial que se requiera, con la extensión que haga falta y con la implicación del Estado suficiente”, insistía.
El líder del PP quiere que ese precepto constitucional se aplique incluso con más dureza que cuando su partido estaba en el Gobierno. Casado plantea que la intervención de la administración catalana no se haga “a través de los ministerios sino con delegados y consellers nombrados directamente con todo su equipo de gobierno”.
Petición de dimisión
Asimismo, se ha referido al conjunto de baterías legislativas puestas en marcha por el PP en el Congreso y Senado ante el desafío independentista, como la reforma del Código Penal que tipifique el referéndum ilegal, la enmienda a la ley del indulto o la aprobación de una ley de símbolos.
La decisión del Tribunal Supremo de no solicitar la imputación de Casado por las irregularidades de su máster y el archivo de todo el caso Máster por parte de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de este lunes ha permitido al líder del PP sacar pecho. Una vez liberado de la investigación judicial, el presidente de los conservadores se siente con una mayor “legitimidad” para reivindicar su papel como el máximo dirigente del partido más votado en las últimas elecciones generales.
Casado tiene previsto aprovechar ese impulso para presionar al Gobierno con la crisis catalana dada su debilidad parlamentaria y la dependencia del Ejecutivo del apoyo de las fuerzas independentistas para poder poner en marcha sus políticas. El líder del PP basará su estrategia de los próximos días en exigir la salida de Pedro Sánchez de la Moncloa y el adelanto de las elecciones.