El líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunieron el viernes de urgencia y en secreto para intentar cerrar la guerra abierta entre ambos a cuenta de los pagos al hermano de la presidenta madrileña por parte de una empresa que contrató con la Comunidad de Madrid. Una reunión que fue “infructuosa”, según un comunicado emitido por Ayuso. No ha sido el único de la mañana. En otro, la dirección del PP asegura que Casado trasladó a Ayuso que “el comunicado hecho público aportando la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia se incorporará al expediente informativo abierto por el PP para concluirlo satisfactoriamente”. Según la versión de Ayuso, además se le exigió emitir un comunicado en el que negaba haber sido investigada por el PP. De momento, este gesto no se ha producido.
Apenas han trascendido detalles sobre lo que sucedió en la cita del viernes, de la que no se informó a los medios hasta este sábado, pero de momento la paz no ha llegado. Según fuentes de la Puerta del Sol, Casado habría pedido a la presidenta madrileña que “dijera en un comunicado que no había sido investigada por el PP”. “A cambio, la (sic) levantaba el expediente”, añade. “Infructuosa” es el calificativo que han utilizado para explicar la cita en la sede nacional del PP.
La versión de Génova es diferente. Según una nota remitida a los periodistas, “el comunicado hecho público por la Comunidad de Madrid aportando la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia se incorporará al expediente informativo abierto por el Partido Popular para concluirlo satisfactoriamente”. Es decir, que la dirección nacional asume las explicaciones dadas por Ayuso, pese a que esta reconoce en dicho comunicado que su hermano efectivamente cobró al menos 55.850 euros por “las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”.
Además, según esta versión, “le aseguró que nunca ha ordenado ninguna investigación sobre actividades profesionales de su entorno y que emprenderá acciones legales contra cualquier persona que afirme lo contrario”. La dirección del PP no reconoce públicamente que Casado le pidiera que ella asumiera en público que el supuesto espionaje no existió y que el partido no lo promovió. En privado, sí reconocen que fue así. Ayuso, de momento, no ha dado ese paso.
El encuentro se produjo en medio de un clima de gran tensión entre las filas populares y con constantes llamadas del resto de barones regionales para que se ponga fin a la crisis cuanto antes. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sobre el que están puestas algunas miradas en el PP, había defendido la víspera a Ayuso, con la que no tiene una gran sintonía personal, y ha abogado por que los problemas se resuelvan “de forma inteligente, no provocando un incendio”. Sus críticas a la dirección de Casado no se quedaron ahí y el presidente gallego señaló directamente al número dos del partido, Teodoro García Egea, a quien otros dirigentes señalan como el principal responsable de esta crisis.
Otros pesos pesados del partido también han hecho llegar a la dirección nacional la necesidad de poner fin a la guerra.
La cita en Génova se produjo pocas horas después de que Casado cifrara en 286.000 los euros que Tomás Ayuso, el hermano de la jefa del Ejecutivo autonómico, cobró por “recibir mascarillas” y de que planteara, “más allá de que sea ilegal”, si es “entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas”. La presidenta madrileña reconoce el pago, aunque lo cifra la rebaja a 55.850 euros por ese contrato y a otras tres facturas que no cuantifica y que relaciona con trabajos diferentes para la compañía, propiedad de un amigo común de ambos hermanos.
El objetivo del encuentro era abordar la crisis interna que amenaza con dinamitar el partido y en la que hay movimientos de líderes territoriales que señalan que Casado debería destituir a su número dos, Teodoro García Egea pese a que el propio Casado ha defendido en público las mismas tesis que el secretario general. De hecho, el presidente del partido aseguró que la adjudicación a dedo que desveló elDiario.es era un problema no solo legal, sino también de carácter moral.
La presidenta madrileña, enredada estos días en aclarar esos pagos, ha justificado que se trató de una cantidad de 55.850 euros “por las gestiones realizadas para conseguir el material” y, aunque reconoce que existen otros tres pagos de la empresa Priviet Sportive a Tomás Ayuso, se niega a detallarlos.
Casado, por su parte, restó valor a que la adjudicación de este contrato y el pago al hermano de la presidenta sea legal y se centró durante el día de ayer en el terreno de lo ejemplar. “Yo no permitiría que mi hermano cobrase 300.000 euros por un contrato decidido en consejo de ministros”, afirmó el líder de la oposición en una entrevista en la Cope, en la que ha justificado una investigación interna a Ayuso para dilucidar si hubo “tráfico de influencias” en la adjudicación de ese contrato y ante la sospecha de que Daniel Alcázar, el amigo de la familia que se llevó el contrato, pudo haber actuado de “testaferro” de Tomás Ayuso.
“Es necesario que haya procesos previos antes de que actúe la Justicia para que cualquier funcionario pueda actuar y evitar un caso de corrupción”, afirmó Casado el viernes. El día antes, Ayuso le había acusado de perseguirla “de forma cruel” por querer presidir el PP de Madrid.