“Que nos dejen en paz, parece que tenemos la culpa de todo”. Así despachaba Pablo Casado al filo de la Nochevieja las presiones, propias y ajenas, para que el Partido Popular reconsidere su no a la nueva legislación laboral que ha aprobado el Gobierno vía real decreto ley y que debe ser ratificada este mismo mes de enero por el Congreso para su entrada en vigor. Al Ejecutivo no le salen ahora mismo las cuentas y la nueva norma, acordada por la patronal y los principales sindicatos de ámbito estatal con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, bien podría sufrir cambios en el trámite parlamentario. Una opción que desaparecería si el PP respaldara su convalidación directa. Así lo quieren los empresarios, temerosos de que la mayoría progresista del Congreso introduzca medidas que han quedado fuera de la mesa del diálogo social, y algunos miembros del partido de Casado. Sin éxito, de momento.
“El PP no va a blanquear los acuerdos del PSOE con Podemos ni va a suplantar a Bildu y ERC”, dijo el presidente del PP el pasado 29 de diciembre ante el Comité Ejecutivo Nacional. Casado dedicó buena parte de los 30 minutos que duró su intervención en abierto ante el órgano intermedio del partido a defender su decisión de rechazar la reforma laboral del Gobierno de coalición. El líder del PP se despachó, visiblemente molesto ante las dudas que genera su posición. “¿Cómo puede pretender la gente que el PP autoenmiende su reforma laboral para meterse en un enjuague de Pedro Sánchez con sus socios?”, se preguntó.
“No puede ser que cuando al PSOE le fallan los socios, como le pasa ahora, se vea al PP como una especie de apósito, una muleta en sustitución de Bildu o Esquerra”, apostilló. “Por mucha propaganda, la responsabilidad por no hacer las reformas con el PP es de Sánchez, no nuestra”, dijo. Y zanjó: “¿Ahí que pinta el PP? ¿Qué tiene que ver el PP con que un Gobierno quiera cumplir su programa con Podemos, meta en el lío a sindicatos y patronal y ahora lo socios indepes dicen que no van a convalidarla? ¿Y la culpa es del PP? Es una broma”.
Esa misma mañana del penúltimo día del año, antes de la intervención de Casado, el vicepresidente de la CEOE Lorenzo Amor reconoció que “puede extrañar un poco que el PP vote en contra de mantener su normativa laboral”. La tesis que sostiene la patronal es que la nueva ley “mantiene intacto el 95% de la reforma laboral de 2012”. Poco después, llegaba la respuesta del presidente del PP al decir que la reforma “va en dirección contraria a lo que necesita España”. “No aceptamos una legislación laboral que entorpezca la flexibilidad. Quienes contrarreforman las leyes que nosotros hicimos pretenden que seamos ahora la muleta”, concluyó.
Casado explicó a los máximos dirigentes del partido en todas las escalas que ya había transmitido a la CEOE su posición y hurgaba un poco en la herida del presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, quien ha logrado sacar adelante el apoyo a la reforma también con muchas críticas internas. Casado recordó en su alocución que no toda la patronal está a favor, aunque las voces discordantes han menguado a la vez que se han sumado voces que señalan la conveniencia, táctica y estratégica, de que el PP propicie, con su voto favorable o al menos su abstención, que la ley salga del Parlamento sin ninguna modificación.
Algunas de esas personas que han reclamado una reflexión al principal partido de la oposición son importantes dirigentes del PP. Dos días antes del discurso de Casado, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidió “leer con atención” la nueva norma “para tener una determinación concreta” sobre la postura del partido, tras advertir de que la nueva ley “no es una derogación” de la anterior. En un sentido similar se pronunció el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien señaló que él “no hubiera tocado” la normativa actual, pero que esta no supone una derogación de la de 2012.
Unas palabras que ha pronunciado el propio Pablo Casado. El presidente del PP aseguró apenas un día antes de su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional que la reforma acordada es “humo” que “no deroga” la de hace 10 años. “Sánchez ha tenido que asumir que no deroga nada”, insistió, para añadir que aún así es “contraproducente”. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, daba otro giro argumental el martes al señalar en una entrevista en Onda Cero que el real decreto ley supone “la derogación de aspectos de la reforma de 2012” al recuperar “la prevalencia del convenio sectorial frente al empresarial” así como “la ultraactividad” de los acuerdos entre empresarios y trabajadores.
Gamarra también incidió en las diferencias que hay dentro de la propia patronal sobre el apoyo a la reforma, aunque la dirección de la CEOE votó por una amplísima mayoría a favor. Solo cuatro miembros del Comité Ejecutivo se abstuvieron, según informó El Mundo. Entre ellos, la patronal madrileña CEIM, muy afín al PP; la catalana Foment, presidida por el exdiputado de CiU Josep Sánchez Llibre, quien votó a favor de la actual normativa en 2012 y la agraria Asaja, enfrentada al Gobierno por las inspecciones laborales que han desenmascarado múltiples infracciones en el campo.
La dirigente del PP, como su jefe de filas, hizo mucho hincapié en las divisiones internas de la patronal. “La reforma no cuenta con todo el apoyo unánime del ámbito empresarial”, dijo. Tras señalar que la nueva normativa laboral no es buena para España, zanjó sobre el voto favorable de la CEOE: “Cada uno tiene su papel y responde a intereses distintos. Ellos habrán valorado, sus términos son distintos”.
El ejemplo de Rajoy
El sector del PP más a la derecha apoya en este asunto a Casado. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado su plácet al no de los diputados ya que la reforma es “innecesaria” y “atenta” contra la que hizo el PP en 2012.
Con los radicales atados, Casado tiró del ejemplo de Mariano Rajoy para intentar justificar su decisión, y quizá para contrarrestar el efecto que las palabras de Feijóo pueden tener en el sector menos ultra del partido. Fue durante el Gobierno de Rajoy cuando se aprobó la norma ahora derogada. Y fue Fátima Báñez, hoy en el consejo de la CEOE, la ministra que la llevó a cabo.
Pero antes de llegar a la Moncloa, el dirigente gallego se negó a apoyar desde la oposición los recortes puestos en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a partir de 2010. “La legislatura ha pasado el Cabo de Hornos”, dijo Casado, en referencia a los dos años que se cumplen de Gobierno de coalición. “Y la situación es parecida a la de 2010, cuando Zapatero pidió [a Rajoy] apoyar el plan de choque que exigía el BCE. A Rajoy le presionaba todo el mundo para que lo apoyara, y el presidente Rajoy acertó al decir que lo que hacía falta era preservar una alternativa”, explicó.
Aquellos recortes vinieron marcados en buena parte por la imposición de la Unión Europea. También en este caso la Comisión ha acogido “con satisfacción” el acuerdo de reforma laboral. El pasado mes de octubre, precisamente en un desayuno informativo protagonizado por Garamendi, Casado reclamaba a Pedro Sánchez que cumpliera con los mandatos de la UE. Entonces, parecía que había unidad de acción entre la patronal y el PP.
Para lo que no parece valerle el ejemplo de Rajoy es para el método de aprobación de la reforma. El Gobierno ha optado por el real decreto ley tras nueve meses de negociación por las prisas precisamente de la UE, que puso diciembre de 2021 como el tope para aprobar la nueva norma. Estaban en juego miles de millones de euros de los fondos europeos, que España ha sido el primer país en comenzar a recibir.
Casado ha arremetido contra la figura jurídica y ha dicho que si el real decreto ley no se abre a enmiendas en el Congreso recurrirá al Tribunal Constitucional. Pero en 2012 Rajoy recurrió a la misma fórmula jurídica, pese a contar con una mayoría absoluta que le hubiera permitido tramitar la reforma a su antojo. El Constitucional avaló el proceder del Ejecutivo.
Una oportunidad para Ciudadanos
La situación una década después es diferente. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos está lejos de esa mayoría absoluta y necesita sumar 20 diputados para asegurarse la pertinente convalidación parlamentaria. O bien contar con la abstención del PP, y sacarla adelante con una mayoría simple, porque de momento los socios del Ejecutivo rechazan la redacción actual de la norma.
Lo dejó escrito este pasado lunes el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi: “La 'desestatalización' de la negociación colectiva, junto al bloque que afecta a los despidos, son cuestiones determinantes para evitar nuestro no a esta reforma”. Desde ERC, Gabriel Rufián también ha calificado el acuerdo de “humo” y el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, ha reclamado modificaciones que den más capacidad de intervención autonómica al Govern.
“Lo que tenemos encima de la mesa no es una derogación, sino una modificación parcial, por lo tanto es insuficiente”, ha declarado el president. Sin los 18 votos de ambos grupos el Gobierno tiene difícil sacar la norma adelante por sí mismo, y es en esa división donde parece querer incidir Casado. Su posición en este caso, y no es el primero, parece ser la marcada por FAES. La fundación de Aznar, desgajada del PP durante la presidencia de Rajoy, aseguraba el mismo día 29 de diciembre en uno de sus análisis que el texto final del real decreto ley “avala la negociación llevada a cabo por la CEOE” ya que se mantienen “los elementos fundamentales de flexibilidad interna en las empresas y consolida dos importantes novedades introducidas por aquella reforma: la reducción del coste del despido y la supresión de los salarios de tramitación”. Pero, apostillaba: “No puede extrañar, por tanto, que el Partido Popular haya decidido dejar que el Gobierno arregle sus cuentas con ERC, Bildu y PNV, y les convenza si puede”.
Pero el no de Casado puede reabrir una puerta que se cerró en el verano de 2020: la geometría variable. El PSOE siempre ha querido mantener una línea de negociación con Ciudadanos para sacar adelante con los nueve diputados de Inés Arrimadas iniciativas de corte más moderado. Lo intentó con los Presupuestos de 2021, aunque Unidas Podemos se plantó. El por entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, atrajo al acuerdo a ERC y a Bildu, lo que impidió que se sumara Arrimadas.
La opción Ciudadanos se bloqueó, lo que ahogó aún más al partido. Pero ahora resurge. La reforma que plantea el Ejecutivo podría salir adelante con una geometría diferente a la utilizada hasta ahora, lo que podría provocar el desmembramiento de la mayoría de la investidura, ampliada con las dos negociaciones presupuestarias. Ese bien podría ser el objetivo de Casado, pero si los de Arrimadas se presentan como una opción viable para el electorado y recuperan un papel en la gobernabilidad podría recobrar fuerzas de cara a los inminentes procesos electorales. El primero, el de Castilla y León del próximo mes de febrero. Y si algo no quiere Casado es un escenario similar al de 2019, con los papeles de Ciudadanos y Vox intercambiados.
El planteamiento puede parecer inteligente a los estrategas políticos. Pero desde los poderes económicos prefieren no arriesgarse. La suma de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos tampoco es suficiente y nadie asegura que se logren los 176 votos necesarios en el Congreso. El PNV, por ejemplo, también ha reclamado modificaciones en el real decreto ley, y la patronal no quiere que se abra la tramitación parlamentaria porque es volver a poner toda la reforma sobre la mesa. En ese caso, solo cabría que el Gobierno negocie con ERC y Bildu una revisión de la norma que la inclinaría hacia la izquierda y los trabajadores. Un escenario que tampoco descartan en el PP, tal y como señaló Casado en su discurso previo a las uvas en un nuevo mensaje dirigido a la patronal: “Quien quiera seguir siendo engañado por Pedro Sánchez es su problema. A mí ya no me engaña más”.
“¿No hay nadie en el PP que reflexione sobre la profunda división que causaría entre el Gobierno y sus socios un apoyo del partido a la reforma laboral?”, se preguntaba este lunes un analista en el diario económico Expansión, donde alertaba de que, tal y como está la norma recién publicada en el BOE, no es tan mala. Y que puede empeorar.
Pero la dirección del PP no está por la labor, al menos por ahora. El portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, señalaba este domingo en una entrevista: “Nos parece razonable en este momento votar en contra”. El alcalde de Madrid, que cuando quiere hila fino en sus respuestas, quiso dejar claro que la decisión vale para “este momento”. Todavía quedan algunas semanas para que el real decreto ley de la reforma laboral llegue al Congreso.