Catalunya es una de las principales armas del PP contra el Gobierno, pese a que el partido que preside Pablo Casado es allí una fuerza prácticamente residual –solo tiene cuatro de 135 escaños del Parlament– tras el fracaso registrado en las elecciones de febrero, las primeras en las que Vox le superó en votos y escaños –obtuvo 11–. Aunque no les funcionó allí en las urnas, la estrategia contra el diálogo y la “pacificación”, de la que los populares acusan al Ejecutivo, sigue vigente incluso tras el reciente fiasco de su campaña contra los indultos a los presos independentistas, que Génova 13 se vio obligada a dejar atrás a finales de julio, menos de dos meses después de ponerla en marcha.
Esta misma semana, mientras el propio Casado y los principales dirigentes de su cúpula están oficialmente de vacaciones, la dirección del PP ha hecho llegar a todos sus cargos repartidos por toda España un nuevo argumentario interno –consignas que suele enviar la sede nacional a los dirigentes del partido, para que las repitan en sus respectivas comparecencias públicas– en el que les instan a alertar de “una operación” del Gobierno progresista “para desmantelar el Estado en Catalunya”.
En ese texto, al que tuvo acceso elDiario.es, el equipo de Casado pide hablar de una supuesta “agenda oculta de Sánchez con los independentistas”, por lo que exige a todos sus dirigentes que, en sus declaraciones ante la prensa, reclamen al Ejecutivo “el acta de la reunión bilateral Estado-Generalitat” que tuvo lugar el pasado 2 de agosto en Madrid. En ella, ambas partes confirmaron su compromiso por el diálogo, además de firmar varios acuerdos económicos, como la millonaria inversión en el aeropuerto de El Prat que también había sido solicitada por el propio Casado. “Los españoles deben conocer el precio de la permanencia de Sánchez en la Moncloa”, sostiene ahora la dirección del PP en sus argumentarios.
“No podemos permitir que troceen el Estado en Cataluña por fascículos y se lo entreguen a los independentistas”, insiste Génova 13, que trata de deslegitimar al Gobierno desde el mismo día en que Sánchez fue investido con el voto de partidos independentistas. En los últimos meses, Casado ha acusado al Ejecutivo de “dictatorial” o de connivencias con “las dictaduras de Cuba y Venezuela”, el “terrorismo” de ETA y “los que quieren romper España”, así como de buscar acabar con la Constitución y con la monarquía.
En busca del votante de Vox
Casado no quiere que esa oposición frontal a Sánchez cese durante las vacaciones. Su objetivo es tratar de vencer en la constante pelea por el mismo electorado con la extrema derecha de Vox que se ha convertido en la principal fuerza con la que los populares compiten en las urnas y a la vez es el socio que lo mantiene en comunidades y ayuntamientos, sin el cual el PP no gobernaría sus principales plazas como la Comunidad de Madrid –y el ayuntamiento de la capital–, Andalucía o la Región de Murcia. Todo ello tras la práctica absorción de los restos de Ciudadanos en las últimas citas electorales.
En esa línea de lidiar con Vox se enmarca la petición realizada esta misma semana a todos los cargos del PP para que repitan que “Sánchez y sus socios de Podemos, Bildu e independentistas catalanes quieren un Estado debilitado, con unas instituciones al servicio del Ejecutivo”. Génova 13 insta además a reivindicar “unas instituciones sólidas e independientes” pese a mantener desde hace tres años el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, al negarse a ceder la mayoría conservadora que existe en todas esas instituciones desde la época en la que el PP estaba en el Gobierno.
Otra de las consignas lanzadas desde Génova 13 en los últimos días pide repetir que Sánchez “gestiona de forma oculta y entre bambalinas” los fondos europeos para hacer frente a la pandemia cuya llegada a España el PP trató de torpedear en Bruselas, lanzando sospechas sobre el compromiso democrático del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Lo que sostiene la dirección de Casado es que esas ayudas se están gestionando “sin que los españoles sepan a dónde van esos fondos”.
El fiasco de la campaña contra los indultos a los dirigentes independentistas lanzada por la dirección de Casado en junio –que no logró paralizar los indultos y tampoco una adhesión masiva a sus planes– ha obligado al principal partido de la oposición a relegar sus acciones contra las medidas de gracia y a repensar su estrategia. Ahora, el plan de Génova 13 está centrado en endurecer el tono contra el Ejecutivo para contemporizar con la extrema derecha y tratar así de recuperar el electorado fugado a Vox en los últimos años, en un contexto en el que el PP se encuentra al alza en las encuestas.
La campaña contra los indultos
Pero con ese fin, uno de los ejes centrales de su acción de oposición seguirá siendo Catalunya, tal y como se refleja en los últimos argumentarios remitidos al partido. Todo ello aun a costa de continuar perdiendo apoyo electoral en los territorios catalanes, pero con la esperanza de lograrlo en otras partes de España. En todo caso, del plan contra los perdones a los dirigentes independentistas solo siguen plenamente vivos los recursos ante el Tribunal Supremo presentados por el PP, pero también por Vox y Ciudadanos.
La única movilización callejera que secundó el PP frente a los indultos fue la de la Plaza de Colón del pasado día 13 de junio. Y supuso un fracaso para los populares, ya que la protesta, convocada por una plataforma liderada por la exlíder de UPyD Rosa Díez, estuvo hegemonizada por la ultraderecha. Simpatizantes de Vox llegaron a abuchear al propio Casado, que ni siquiera llegó al centro de la mítica plaza madrileña en la que se reprodujo la unión de las tres derechas –porque también asistieron los líderes de Vox y Ciudadanos– dos años después de la primera foto conjunta, de 2019. Ante lo ocurrido allí, el PP no ha convocado ninguna otra manifestación o concentración contra los indultos.
El principal revés para los populares ha sido, en todo caso, el de la recogida de firmas. La última cifra ofrecida por la dirección de Casado es que, hasta julio, esperaban lograr 500.000 rúbricas. Ni siquiera habrían firmado, por tanto, los 800.000 militantes que el PP dice tener siempre que se le pregunta por las cifras de afiliación. La recogida se inició el 1 de junio, por lo que ya han pasado más de dos meses. En ese mismo periodo, en 2006, el PP había conseguido varios millones de firmas contra el Estatut. Y, finalmente, el entonces líder de los populares, Mariano Rajoy, presentó en el Congreso cuatro millones, recopiladas en solo cuatro meses.
La dirección de Casado es consciente del fiasco y lleva semanas sin mencionar esa recogida de firmas en sus declaraciones públicas, en las que la guerra contra los indultos ha ido perdiendo peso a favor de otros ataques contra el Gobierno, al que el PP insiste en vincular con Venezuela, Cuba y “los herederos del brazo político de ETA”, como llegó a sostener el presidente de los populares en sus últimas apariciones públicas antes de las vacaciones.