Teresa Mallada, candidata elegida a dedo por Pablo Casado para concurrir a las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo en el Principado de Asturias, está imputada en un caso de prevaricación urbanística. La también expresidenta de Hunosa, que fue concejal de la localidad asturiana de Aller entre 2008 y 2010, forma parte de los investigados –antigua imputación– por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo por autorizar cuando era edil de la localidad la compra de unos terrenos para construir un geriátrico supuestamente de forma irregular.
La investigación cuya competencia acaba de asumir el citado juzgado ovetense a través de un auto fechado el pasado lunes –al que ha tenido acceso eldiario.es– tras la inhibición de otro juzgado de Lena, es una pieza separada del conocido como 'caso Hulla' que investiga una presunta trama de evasión de fondos públicos surgida durante la construcción del geriátrico de Felechosa, en Aller, en el que también están siendo investigados distintos líderes sindicales cuyas centrales promovieron la edificación del centro.
La imputación de Mallada, así como la del resto de concejales de Aller entre 2008 y 2010, se debe a una denuncia presentada en septiembre por Podemos, que aseguró que “el pleno del Ayuntamiento de Aller autorizó por unanimidad la compra de los terrenos y construir sin licencia el geriátrico con todos los informes municipales en contra”.
El auto de la jueza Begoña Fernández justifica la investigación a Mallada y al resto de los ediles por una supuesta “prevaricación administrativa” en base a “su proceder en sus respectivos cargos en el ayuntamiento de Aller, en cuanto a la adquisición de terrenos al ayuntamiento de Mieres, su posterior cesión gratuita al Montepío de la minería para la construcción del geriátrico de Felechosa subvencionado con fondos estatales y acometimiento de las acciones y omisiones que facultaron el desarrollo urbanístico que permitió la construcción de tal inmueble”.
En rueda de prensa este viernes, Mallada ha descartado renunciar a su candidatura, ha señalado que “nadie dijo que no se pudiera” ceder dichos terrenos y ha afirmado que la decisión del pleno, del que formaba parte como oposición, fue aceptada por el Principado de Asturias, que “no expresó que la normativa estuviese vulnerada”, informa Europa Press.
En declaraciones a este diario el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha asegurado que gracias a su denuncia “se ha podido demostrar que hubo tres patas necesarias para sostener” el caso Hulla en el que ahora es imputada Teresa Mallada: “una pata estatal, la de la sociedad de control de una subvención concedida; una pata autonómica, que es la que debería haber ejercido el control de los planes de ordenación urbana que no ejerció, y una parte municipal, que es al final la que tenía que realizar las preceptivas autorizaciones”.
“Gracias a nuestra labor de lucha contra la corrupción se empieza a conocer la verdadera magnitud de este caso”, ha añadido.
En su denuncia, explica Ripa, dieron a conocer que el pleno del Ayuntamiento de Aller “había autorizado por unanimidad la compra de los terrenos, así como construir sin licencia el geriátrico de Montepío, pese a tener todos los informes municipales en contra”.
“En el 2008, el Ayuntamiento tenía un saldo negativo de 200.000 euros, tenía facturas sin pagar por unos 400.000 euros y debía suscribir un crédito por un valor de 800.000. Con esta situación compró unos terrenos para regalarselos a una entidad privada que tenía una subvención para comprar esos terrenos. No podemos entender, como ya dijimos en su momento, que 17 concejales del Ayuntamiento votasen a favor de la propuesta de la Alcaldía, que implicaba desoír los informes técnicos y jurídicos”, zanja.
La imputación de Mallada se conoce en pleno cisma del PP asturiano agravado por la elección a dedo de la expresidenta de Hunosa como candidata por parte de Casado en detrimento de la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, que se ha quedado fuera de las listas.
Justo cuando se están elaborando las candidaturas para los distintos procesos electorales de los próximos meses –generales, autonómicas y municipales– la guerra interna se agravaba esta semana. El martes la dirección estatal decidió suspender de todos sus cargos al hasta entonces secretario general regional, Luis Venta, al que el portavoz del PP en Gijón, Pablo González, acusa de haberle enviado una carta amenazante que ha llegado a denunciar ante la Policía. El asunto está ya en manos de los jueces.
El equipo de Casado da veracidad a la versión de González –que sostiene que la carta la escribió Venta–, y rechaza la tesis del ya ex número dos del PP de Asturias, que asegura que la redactó un anónimo y que él se limitó a reenviársela a su destinatario. Se da la circunstancia de que Venta es la mano derecha de la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández, a la que Casado ha apartado de las listas electorales, mientras González es afín a Teresa Mellada, expresidenta de Hunosa escogida por el líder del PP para competir por la Presidencia del Principado el próximo 26M.