‘Caso Mediador’: el “impuesto revolucionario” de un diputado del PSOE a empresarios en Canarias

Un diputado socialista por Las Palmas, su sobrino —a su vez, alto cargo autonómico— y un general de la Guardia Civil son los “pilares” de una supuesta organización criminal presuntamente dedicada a cobrar comisiones a empresarios como peaje para dejarles hacer negocio en Canarias, evitar inspecciones sanitarias o agilizar expedientes de subvenciones públicas. Y, como “nexo de unión” entre ellos, otro empresario que hacía labores de intermediación entre las partes y que ha dado nombre a la última operación de corrupción que ha sacudido la política española: ‘caso Mediador’. 

Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife investiga desde hace un año esta trama de supuestos sobornos a cambio de favores políticos que deja, por el momento, 12 imputados. Entre ellos, el ya exparlamentario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que dimitió el pasado 15 de febrero forzado por Ferraz; su sobrino Taishet Fuentes, que también renunció tras ser detenido; el general retirado Francisco Espinosa Navas, el único investigado que está en prisión provisional; y el empresario Marco Antonio Navarro, al que los investigadores atribuyen las funciones de “mediador” entre el mundo empresarial y el mundo del poder y sitúan como punto de partida de la causa. La jueza les atribuye indiciariamente delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. 

El sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que esta operación contra la corrupción no surge de un pinchazo telefónico, una factura falsa o una cuenta en un paraíso fiscal. Arranca cuando Ángel Luis Pérez Peña, entonces director de deportes del Cabildo de Tenerife, acude a comisaría en diciembre de 2021 para denunciar que alguien está haciendo compras extrañas con su tarjeta bancaria. Cinco pagos que suman 2.575 euros gastados en algo que él, afirmaba, no había comprado y que, según su versión, descubrió cuando fue a El Corte Inglés a comprarse unas gafas.

Esa primera investigación por estafa, que terminó en archivo, llevó a la Policía hasta Marco Antonio Navarro. Un hombre de 47 años que para entonces acumulaba diez años de cárcel en condenas por falsedad documental, robos con fuerza y violencia, estafa, abandono de familia y por conducir sin carnet, repartidos en cinco sentencias distintas. Y ante los agentes y la jueza no solo negó haberle robado la tarjeta al alto cargo del Cabildo sino que también prometió tener “pruebas contundentes de la comisión de numerosos delitos relacionados con la corrupción cometidos por diferentes cargos políticos de Canarias”. 

Navarro, según el sumario, cumplió al menos una parte de su promesa. De uno de sus teléfonos salieron 63 gigas de datos. Del otro, 65 más. Un total de 107.000 fotos, casi 40.000 audios y más de 3.100 vídeos en los que los investigadores encontraron imágenes de encuentros con empresarios y políticos, conversaciones grabadas a escondidas y buena parte de las pruebas que han servido al juzgado para concluir que en Canarias existió un entramado corrupto centrado en el sector de la ganadería con tentáculos en el Congreso de los Diputados y la Dirección General la Guardia Civil en Madrid. 

Algunas fotos de su teléfono son en bares, restaurantes, hoteles y locales nocturnos. Pero varias de ellas son en el Congreso de los Diputados, frente a un cartel del grupo parlamentario socialista. Allí es donde Navarro, según reconoció él mismo, llevó a varios empresarios que querían hacer fortuna en Canarias y que tenían que pagar lo que él definió como un “impuesto revolucionario”: pagar a Fuentes Curbelo o perder el acceso a un contrato o quedarse sin una subvención. A un lado del mediador estaba el político y su sobrino, Taishet Fuentes, y al otro los empresarios que necesitaban de su poder. Los negocios se celebraban en fiestas que, según Navarro, costaban hasta 3.500 euros por noche y que eran pagadas por los empresarios e incluían drogas y prostitución. 

El “primer peaje” de 5.000 “bolígrafos

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, de 60 años de edad, llegó a la bancada socialista del Congreso de los Diputados en los primeros días de la pandemia de coronavirus de 2020. Sustituyó a Elena Máñez, que volvía a las islas para formar parte del Ejecutivo canario. Se le encomendó, por ejemplo, la ponencia para una nueva normativa de lucha contra el fraude fiscal. Previamente, desde agosto de 2019, había ejercido en el gobierno canario como Director General de Ganadería, puesto que ocupó su sobrino Taishet cuando puso rumbo a las Cortes Generales. Fue ahí, según las acusaciones del sumario, cuando Fuentes Curbelo se convirtió en pieza fundamental de un entramado corrupto para cobrar comisiones y extorsionar a empresarios en Canarias. 

Más allá de las palabras de Navarro, el sumario recoge los movimientos de dinero en torno a Fuentes Curbelo. No directamente en sus cuentas personales pero sí en las de la Asociación Deportiva Vega de Tetir que preside. En esas cuentas, en palabras de la Policía, los empresarios pagaban un “primer peaje económico” de 5.000 euros. Lo hicieron, al menos, tres empresas: Quesería Montesdeoca, MEC Suministra y Asesoramiento y Servicios de Drones entre noviembre de 2020 y enero de 2021, cuando Fuentes Curbelo ya ocupaba un escaño en el Congreso. 

“Todo estaba organizado para obligar a los empresarios a pagar comisiones si querían optar a subvenciones o servicios”, dijo Navarro en una de sus múltiples declaraciones el año pasado. Un “engranaje perfecto”, añadió la Policía en uno de sus informes. El dinero se justificaba y blanqueaba, además, con facturas falsas. Y según la jueza, no todos los pagos tenían el mismo objetivo, y no todos tuvieron éxito. 

Algunos tenían por finalidad extender sus negocios en la Zona Especial Canaria, donde las empresas apenas pagan un 4% de Impuesto de Sociedades. Otros querían construir una planta de compostaje, instalar placas solares en las ganaderías de las islas o vender drones a los ganaderos. También estaban los empresarios que estaban pendientes de una sanción, de obtener una subvención o una licencia. Todos, según Navarro, pasaban primero por su lista de contactos y después por las ramificaciones políticas de la trama para conseguir su objetivo. 

Las conversaciones grabadas por Navarro ubican a Taishet Fuentes como parte del entramado corrupto. Aprovechaba su puesto, según los investigadores, para saber a qué empresarios podían dirigirse y aprovecharse de ellos, llegado el momento. 

En noviembre de 2020 el empresario Navarro grabó una llamada con el director general de Ganadería y le dice que ha conseguido “cinco mil euros para el equipo de fútbol”. El alto cargo le corrige: “Cinco mil bolígrafos”. Los investigadores explican en varios informes que, según sus pesquisas, hablaban de las comisiones. “Tenemos cinco mil bolígrafos para el equipo de fútbol de la quesería Montesdeoca y quince mil y ... diez mil de Antonio Bautista”, zanja Navarro en esa llamada. Unos días después, el propio diputado nacional del PSOE se quejaba por WhatsApp de que el dinero no llegaba: “No se ha ingresado nada en la cuenta del club”.

El sumario está trufado de diagramas elaborados por la Policía para hacer más comprensible el funcionamiento de lo que definen como una organización criminal bien organizada que arrancaba sus gestiones en el teléfono de Navarro y celebraba su éxito en hoteles y clubes nocturnos de Madrid. Pero el alto nivel de vida, con una cadencia “difícilmente sostenible con sus sueldos legales” les habría llevado más allá para extorsionar empresarios. 

Supuestamente lo hacían, por un lado, amenazando con inspecciones y sanciones a quien no pagaba las prestaciones que solicitaban. Otra manera, se desprende del sumario, era usar a la Guardia Civil y su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) “para inspeccionar a los ganaderos o sus influencias empresariales con los otros empresarios”. Y ahí entra en juego un mando del instituto armado al que llamaban “general” o “papá”. Se trataba del9 general de división y director de un proyecto de cooperación policial en el Sahel: Francisco Espinosa Navas. 

Las dádivas del general retirado 

Distintos informes policiales aportados a la causa constatan que este alto cargo del instituto armado se habría servido de las “relaciones” y los “vínculos y contactos empresariales” derivadas de sus altas responsabilidades profesionales “para poder sacar provecho personal”. La Fiscalía también considera “esencial” su participación por la amplia red de contactos que había fraguado en sus años al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y por la capacidad para “transmitir confianza” a los distintos empresarios. 

El sumario recoge un modus operandi similar en el que el general recibía a los empresarios captados en las dependencias en la Dirección General de la Guardia Civil, ubicadas en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, “lo cual era fundamental para poder dar una apariencia de seriedad y poder a la trama delictiva y generar confianza en los empresarios captados”, dice el representante del Ministerio Público.

Espinosa Navas habría empezado a colaborar con la trama a partir de septiembre de 2020, cuando todavía trabajaba en un proyecto para la formación de gendarmes en el Sahel y cobraba más de 200.000 euros anuales. Pero, según Navarro, le producía inquietud su porvenir ante su inminente jubilación. Pasó a retiro en enero de 2021 al cumplir 67 años. “Tenía que buscarse un futuro económico porque se iba a jubilar y tenía que buscar un porvenir tanto para él como para Adelaida [la mujer con la que supuestamente mantenía una relación extramatrimonial]”, dijo el empresario en uno de los interrogatorios. 

Los investigadores del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil vinculan al general con hasta cuatro empresarios, a los que cautivaba con la posibilidad de conseguir contratos y ante los que se presumía de sus contactos con otros empresarios de alto nivel de las islas. Pero no sólo eso. Según Navarro, el alto mando del instituto armado también “hizo gestiones” y consiguió enviar a agentes del Seprona a varias explotaciones ganaderas para amedrentar a sus dueños. “Se enviaban para crear un problema y solucionarlo después”, afirmó el empresario. 

Como contrapartidas, el guardia civil exigía el pago de viajes de placer junto a su amante, pero también cantidades en metálico. Un dinero que pedía recibir en tarjetas de prepago con las que conseguía que no quedara ningún rastro a su nombre. “La tarjeta de gastos, me dais una tarjetilla de esas, acuérdate de traerme una”, le dijo a Navarro en noviembre de 2020, según un audio aportado a la causa. El mediador aseguró en uno de los interrogatorios que él también le daba en mano sobres con dinero de los empresarios. Uno de ellos habría aportado hasta 20.000 euros en diferentes pagos. 

El sumario recoge que los empresarios le pagaron estancias en hoteles de Fuerteventura y Gran Canaria y vuelos en business. Y también regalos en especies como una caja de puros que mandó a recoger a Barajas a uno de sus subordinados. El general también llegó a pedir a uno de ellos que contrataran a su amante como comercial, pero la operación no salió adelante. Espinosa Navas permanece desde el pasado 16 de febrero en prisión provisional, acusado de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho. En el registro de su domicilio los agentes encontraron al menos 58.000 euros en billetes de 500 guardados en cajas de zapatos, según fuentes judiciales consultadas por Canarias Ahora.