El caso de la Supercopa acecha a Piqué y salpica a la Federación de Fútbol: contratos dudosos, comisiones a Andorra y ninguneo a la justicia

El 11 de noviembre de 2019, un año después de ganar la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales comparecía orgulloso para presentar uno de sus proyectos estrella: por primera vez, la Supercopa –la competición que enfrenta a los ganadores de la Liga y la Copa del Rey– se exportaba a otro país, concretamente a Arabia Saudí, un reino cuestionado por el atropello a los derechos humanos. Se hizo, además, sin la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), como admitió en un oficio a la Fiscalía su expresidente Manuel Franco.

El motivo que adujo Rubiales fue internacionalizar el evento y revitalizarlo en un lujoso acto en el que estuvo presente el príncipe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, a la par ministro de Deporte del país. “¿Así que pueden ir empresas o hacerse un Ave a la Meca pero nosotros no podemos ir?”, se preguntaba en público Rubiales cuando era cuestionado por la elección del país.

Dos años después de aquella flamante presentación, Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe) y muy crítico con la gestión de Rubiales, denunció ante la Fiscalía este contrato, una denuncia que prosperó e investiga un juzgado de Majadahonda, una causa que tiene una parte secreta y ha desembocado en el registro de la Federación este miércoles y la detención de siete personas.

Aunque Arabia Saudí está en el origen, la causa se ha ampliado a otros contratos y pagos que se consideran dudosos, como por ejemplo las obras del estadio de La Cartuja de Sevilla, y por los que se están investigando delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y el blanqueo de capitales. 

Aunque Rubiales lo intentó ocultar, en el contrato para llevarse la Supercopa a Arabia Saudí intervino Kosmos, la empresa del futbolista Gerard Piqué, como adelantó en su día El Confidencial. Cuando Luis Rubiales fue preguntado en una rueda de prensa por la comisión del futbolista del Barça, se desentendió diciendo que él respondía “por la Federación” y que no era cosa suya si Arabia Saudí había pagado a un intermediario.

El acuerdo por escrito entre la Federación y Sela (el operador oficial de Arabia para la organización de eventos deportivo), al que ha tenido acceso elDiario.es, dice algo muy diferente: Rubiales y el régimen saudí “acuerdan una comisión de tres millones de euros al año para un tercer agente”, Piqué. Lo que demuestra que no solo Rubiales está al tanto, sino que acuerda y firma para que Piqué se lleve una comisión. No solo eso, sino que el acuerdo incluye que “si no se paga la cifra total a la tercera parte, la RFEF tiene el derecho de rescindir el contrato sin penalización”.

El montante global que se pactó, gracias a un segundo contrato de servicios, fue de 40 millones anuales para la Federación y 4 millones anuales para la empresa de Piqué (24 millones en total por los seis años que se pactaron).

Rubiales acordó la comisión

El informe de expertos de Hacienda que encargó la Fiscalía sobre este acuerdo es contundente: “Kosmos Football S.L. fue el agente de la RFEF” y no de Arabia Saudí, como mantuvo el jugador en un comunicado enviado al juzgado que investiga el contrato. Los técnicos se basan en que si no hubiera sido así, “a la Federación le resultaría indiferente que Sela cumpliera el supuesto contrato” con Piqué. Además, el 5 de abril de ese año ya había un acuerdo previo entre Arabia y Rubiales: Piqué aparece el 11 de septiembre en la firma, lo que genera dudas sobre cuál fue su labor en una operación ya encarrilada y si ese contrato de septiembre no se haría para “dar cobertura a la supuesta relación de Sela y Kosmos”, una relación que se intuye pudiera ser ficticia ya que a Piqué lo habría metido en la operación Rubiales, sugiere el informe remitido a la Fiscalía. También destaca que la relación entre la RFEF y Kosmos “se quiso mantener oculta”.

El futbolista se defendió en una rueda de prensa en redes en 2022: “En ningún caso cobramos una comisión de la RFEF. No tengo ningún trato comercial con la RFEF. Oficialmente, cobramos la comisión de Sela”. Por qué el empeño de Rubiales en acordar y blindar la comisión de su amigo, futbolista entonces en activo, es una de las aristas que está siendo investigada.

Gerard Piqué y su papel como comisionista está de hecho centrando parte de la instrucción. Según el informe oficial adjuntado a la causa, entre 2019 y 2022, su empresa recibe 12 millones de euros de Arabia Saudí. Siempre a los pocos días de recibir las cantidades, Kosmos va transfiriendo dinero al FC Andorra Sade, el equipo que se compró el jugador en 2018 (también compró la plaza vacante de Segunda B que dejó el Reus). Son cuatro millones.

El resto del dinero, dicen los investigadores, se va repartiendo por las diferentes sociedades del futbolista con conceptos como “préstamo”, “devolución préstamo” o “aportaciones de capital”, aunque detectan que alguna devolución es superior al préstamo mismo.

Comisión rogatoria a Andorra

La jueza de instrucción ha pedido una comisión rogatoria –una petición a un juzgado extranjero– a Andorra, para conocer los movimientos de la cuenta de ese equipo de fútbol, con el objetivo de comprobar las salidas de dinero después de que recibieran los cuatro millones. Además, los inspectores instan a que se investiguen las salidas de dinero de otras dos cuentas (Kosmos Football y Kosmos Tenis) abiertas coincidentemente un mismo día, así cómo que se siga el rastro de medio millón de euros de otra cuenta vinculada. Por último, reflejan que la empresa de Piqué identifica en sus movimientos bancarios 700.000 euros como pagos de impuestos que no se corresponden con la realidad, tras cotejar las cantidades con la Agencia Tributaria, y proponen su investigación. Los resultados que haya podido haber al respecto están de momento bajo secreto de sumario.

El exfutbolista, que mantiene silencio, sí se defendió en su canal de Twitch cuando se filtraron unos audios que desveló El Confidencial sobre el reparto de comisiones con su amigo Rubiales: “Todo lo que hemos hecho es legal. Quiero dar la cara porque no tengo nada de esconder. No es que me esconda, es que me siento orgulloso de lo que hemos hecho en Kosmos”.

Otra derivada que investiga la justicia es qué papel que jugó en todo esto la Federación de Fútbol, algunos de sus miembros, quién dio vía libre al contrato con Arabia y si cumplió los procesos administrativos y de control. Por ello, la jueza de instrucción requirió el pasado 28 de noviembre al organismo deportivo –que es una entidad privada de “utilidad pública” y recibe fondos del Estado– que aportara los informes y autorizaciones para la contratación de la Supercopa, además de solicitar muchos otros documentos para la causa, como por ejemplo la composición de algunos comités y protocolos.

Ante la ausencia de colaboración, los agentes de la UCO, el cuerpo especializado en corrupción de la Guardia Civil, irrumpieron el pasado miércoles en la sede para hacerse con mails y documentos que no se estaban haciendo llegar al juzgado y detuvieron a siete personas. En el caso de Luis Rubiales y su amigo Francisco Javier Martínez Alcaide, alias Nene, serán interrogados cuando regresen a España desde República Dominicana.

El mismo día que entraban los agentes por la puerta de la Federación, el presidente en funciones tras la dimisión de Rubiales por el beso a Jenni Hermoso –Pedro Rocha, que fue su vicepresidente de 2018 a 2020, cuando se gestionó la Supercopa– debía convocar las elecciones para elegir nuevo presidente del fútbol español, un puesto al que podría aspirar el propio Rocha y para el que también sonaba el nombre como candidata de Elvira Andrés, su directora de gabinete.

Un día después de conocerse la entrada de los agentes de la UCO, la Federación liderada por Rocha desde el 15 de septiembre emitía un comunicado en el que culpaba de la falta de colaboración con la justicia a algunas personas concretas, a las que “ha apartado de sus puestos” (no dice que las haya cesado ni suspendido de empleo y sueldo). “En concreto, el director de Servicios Jurídicos, Pedro González Segura –cuyo hermano también fue detenido por su relación con las obras de La Cartuja–, y el director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez”, a los que responsabiliza, junto al asesor externo Tomás González Cueto –mano derecha de Rubiales– de la obstaculización en el traslado a la justicia de documentación esencial para conocer responsabilidades dentro de la RFEF, donde la cúpula de poder está interina y heredera de la época Rubiales, salvo por los ceses del secretario general, Andreu Camps, el director de Integridad o el director de Comunicación, en algunos casos por presiones externas más que por decisión interna.

Piden que declaren Rocha y Andrés

Galán, el hombre que inició la causa judicial, ha remitido al juzgado una petición para que comparezcan a declarar tanto Rocha como Elvira Andrés, por no haber enviado la documentación y también al entender que podrían tener responsabilidades en el contrato de Arabia Saudí. De hecho la jueza pidió la composición de tres comisiones, dos de las cuales presidían Rocha y Andrés, así como los informes hechos por la Oficina de Control y Supervisión, que al parecer tampoco han sido remitidos al juzgado. La jueza tendrá que decidir ahora si les toma o no declaración.

Lo que se sabe sobre los procedimientos lo dijo Andreu Camps en su comparecencia en sala cuando la juez le preguntó por los organismos federativos que tenían que validar la comisión a Kosmos: “Elvira Andrés le dijo a la federación que no había ningún conflicto de interés porque quien firmaba el contrato era Sela (...) y como la federación no era parte no tenía que informar”. Sobre los procedimientos, Camps declaró que para contratar la Supercopa se necesitaba “informe del departamento jurídico [el detenido y apartado de su puesto Pedro González Segura], informe de Compliance [Elvira Andrés] y de la asesoría externo [llevado por el detenido González Cueto]”.

Alquiler pagado, detectives y la fiesta de Salobreña

Aunque el grueso de la causa está ahora investigando contratos dudosos en Arabia Saudí, La Cartuja o el origen y destino de las millonarias comisiones, la querella que interpuso el presidente de Cenafe, también presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, pedía investigar otros asuntos, como el pago con fondos de la RFEF de servicios de espionaje al propio Galán y a David Aganzo –presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles–, una fiesta organizada en Salobreña a cargo de fondos de la Federación y con participación de Nene, o si fue legal que la RFEF le pagara el piso a Rubiales en el que vivía en Madrid.

Sobre este último asunto, se trata del piso de alquiler de 120 metros en la planta 29 de la icónica Torre Madrid, en la calle Princesa de la capital, en la que vivió el presidente antes de comprarse un ático en la calle Ferraz. Cobraba casi 700.000 euros al año más el 0,15% de los ingresos, y aún así se maniobró desde la cúpula de la RFEF para que el presidente no tuviera que pagar de su bolsillo los 3.100 euros mensuales que costaba el piso.

Otro informe que se adjunta en el sumario refleja que, en opinión de la Intervención, el pago del piso no le correspondía porque el reglamento de la entidad dice que “se pone a disposición del presidente de la RFEF una vivienda cuando tuviera su domicilio habitual fuera de la Comunidad de Madrid”.

Rubiales vivía en la capital y para entonces había vendido su casa de Granada. Pero, además, los técnicos detectan que en la Asamblea de 2020 se cambia subrepticiamente la expresión sobre que tendrá una vivienda a su disposición por otra expresión: que se pondrá a disposición del presidente “una ayuda de vivienda”, es decir, que se le ingresaría el montante de los 3.100 euros, sin llegar a votar un cambio en el reglamento. La investigación que se adjunta a la causa concluye que “el Presidente no tenía derecho a vivienda”.