El caso Villarejo se debilita con la exculpación de los más poderosos y la absolución por cohecho del comisario

3 de noviembre de 2017. Decenas de integrantes de la élite política, judicial y de los medios de comunicación contienen la respiración ante la detención del comisario de Policía José Manuel Villarejo Pérez. En los meses anteriores a su arresto se ha extendido que el policía grabó durante años todos sus encuentros. La preocupación crece entre quienes utilizaron su cargo para darle órdenes dudosas de ser legales y quienes le contrataron desde sus empresas, medianas y también del Ibex, para perjudicar a sus adversarios.

24 de julio de 2023. Siete años después de que arrancara el caso, casi seis desde la detención, la Audiencia Nacional dicta su primera sentencia de la macrocausa. El comisario es condenado a 19 años por varios delitos de revelación de secretos por tres encargos (Pit, Iron y Land) pero sale libre de los de organización criminal y cohecho. Y esta última absolución es especialmente llamativa: el policía nunca utilizó su destino en el corazón de la seguridad del Estado para confeccionar los dosieres que vendía a sus clientes, ha concluido el tribunal. 

Pero si Villarejo no aprovechaba su relevante puesto en la Policía, si sus clientes más poderosos, de la política y la empresa, han escapado de sus imputaciones… ¿qué queda del caso que iba a levantar las alfombras de la no tan ejemplar historia de la democracia? 

La Fiscalía estudia la presentación de un posible recurso ante el Tribunal Supremo por la resbaladiza cuestión del cohecho y la interpretación que ha aplicado la Audiencia Nacional. Aseguran desde el Ministerio Público que la doctrina del Alto Tribunal también permite encajar como cohecho solo por la condición de policía, que ya influía por sí misma en la obtención de la información que luego vendía el agente a sus clientes [leer aquí]. 

Rajoy y Cospedal, fuera

El caso Villarejo y el mes de julio, concretamente los días previos a que los jueces se vayan de vacaciones, son fechas de desencuentros en el seno de la causa. El 29 de julio de 2021, el juez conservador Manuel García Castellón adoptó acaso la decisión más trascendente de la macrocausa: el anterior presidente del Gobierno y en el PP, Mariano Rajoy, y su mano derecha en el partido, María Dolores de Cospedal, no tenían responsabilidad alguna en la operación para destruir la causa de la financiación irregular de su formación política. 

Aquello le valió una censura demoledora de la Fiscalía Anticorrupción: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”. Esa “dirección” a la que alude la frase es, según los fiscales, la “conexión política” para espiar a Luis Bárcenas más allá del Ministerio del Interior, la misma que conducía a la cúpula del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy. 

El juez había dejado sin concluir la investigación del número móvil de Rajoy al que Villarejo trasladaba directamente los avances en el espionaje a Bárcenas con fondos reservados, según la versión del comisario. De los abundantes indicios sobre la relación de Cospedal y su marido, Ignacio López el Hierro, con Villarejo, incluso de supuestos pagos de la política al policía, García Castellón dijo que no había indicios de delito y que sus encuentros eran reuniones de carácter “social”. La Sala de lo Penal terminó por avalar aquel archivo. 

Después llegaron nuevos indicios, como la publicación del audio de una conversación en la que Cospedal dice a Villarejo que “la libretita [los papeles de Bárcenas con cobros de dinero negro del PP y pago a sus dirigentes de sobresueldos] sería mejor poderlo parar”. El juez tampoco lo vio suficiente para volver a imputar a Cospedal y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, decidió no recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

García Castellón ha concluido que la operación Kitchen fue ideada en el Ministerio del Interior y que su titular, Jorge Fernández Díaz, nunca informó a su amigo y jefe Mariano Rajoy de las maniobras parapoliciales en auxilio del PP y el Gobierno. Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, van camino del banquillo como máximo responsables de la malversación de los fondos públicos. 

En esa vista no se discutirá el cohecho de Villarejo porque no se trató de un encargo de un particular a su empresa Cenyt sino de una operación política en la que participó en razón de su cargo en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. 

El ‘todopoderoso’ Ibex

Donde la sentencia absolutoria de cohecho sí puede tener repercusión es en las piezas sobre los contratos de las mayores empresas del país al comisario en activo. Iberdrola, Repsol, BBVA y Caixabank ayudaron a crecer exponencialmente el patrimonio del supuesto servidor público. Todas ellas contrataron a Cenyt, la empresa de inteligencia en materia de seguridad del policía, con múltiples objetivos o excusas: desde sabotear movimientos de la competencia a realizar estudios prospectivos de seguridad en el extranjero. 

Para el juez del caso no hay pruebas de que los consejeros delegados de esas compañías conocieran los contratos. Cargarán con la responsabilidad los directores de seguridad, en su gran mayoría antiguos compañeros de Villarejo en la Policía que habían decidido colgar el uniforme para hacer fortuna con suculentos contratos de las empresas del Ibex. 

Las compañías argumentan que no había nadie mejor que aquellos cargos policiales para garantizar su seguridad en expansión por medio mundo. Los investigadores siempre han sospechado que el Ibex solo compraba los contactos de estos policías, ya fuera en otras compañías, con los jueces o en el propio seno de la Policía. 

Así, García Castellón ha imputado y después archivado las causas contra Antoni Brufau (Repsol), Isidre Fainé (Caixabank) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola). Solo un jubilado, antiguo perteneciente en el pasado a ese club de los hombres más poderosos de España, continúa imputado, Francisco González, antiguo presidente del BBVA. Ni siquiera las empresas, como personas jurídicas, siguen ostentando la condición de investigadas y, en el peor de los casos, deberán responder subsidiariamente como responsables civiles si sus directores de seguridad resultan condenados. 

Tampoco el anterior jefe del Estado 

El blindaje al que el Estado ha sometido al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, no escapó al caso Villarejo. Una de sus piezas, la 5, lleva el nombre de Carol, aunque en realidad se refiere a Corinna Larsen, la antigua pareja extramatrimonial del rey emérito. La comisionista, causa principal de que hayan aflorado en los últimos años las irregularidades cometidas por el monarca, buscó en Villarejo un aliado ante el enemigo común de ambos, el antiguo responsable del servicio secreto español, general Félix Sanz Roldán, amigo del rey que puso el CNI al servicio de los intereses particulares del emérito. 

Cuando la pieza Carol se archivó, la Fiscalía Anticorrupción decidió abrir unas diligencias secretas de investigación por si se había producido un delito en transacciones financieras internacionales, en relación con el supuesto soborno por la concesión a España de la obra del AVE a La Meca, sin que las mismas fueran dirigidas contra Juan Carlos I ni ninguna persona en concreto.

Esa decisión fue el germen de la investigación a Juan Carlos I que, con el tiempo, la fiscal general del Estado Dolores Delgado ordenó derivar al Tribunal Supremo, donde cuatro años después se archivó sin que llegara a materializarse una querella contra el padre de Felipe VI. 

Solo la mitad del archivo secreto

Solo la mitad del ingente archivo incautado al comisario Villarejo ha permitido abrir hasta ahora 47 piezas separadas que han removido los poderes del Estado, los legítimos y los fácticos. La otra mitad del archivo continúa un proceso automático de desencriptación que, según pasa el tiempo, alberga cada vez menos posibilidades de éxito. 

La anterior directora del CNI, Paz Esteban, firmó un escrito dirigido a la Audiencia Nacional el 29 de junio de 2019 en el que explicaba: “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”.

Habían pasado dos meses desde que el CNI lograra abrir unas cuantas carpetas que se habían resistido a la Policía y al Instituto de Ciberseguridad (Incibe) del Ministerio de Hacienda, pero no resultaron muy relevantes para el caso [leer aquí acerca de los trabajos de desencriptación].

A partir de entonces, de forma periódica, el servicio secreto informaba al juzgado: “Se comunica que por parte del Centro Criptológico Nacional (CCN) siguen los trabajos tendentes a la obtención de las contraseñas de los contenedores Truecrypt restantes. Desde el último informe remitido no se ha obtenido ningún otro resultado”. El Juzgado terminó por pedir al CCN que solo informara de avances. No ha habido ninguna comunicación desde entonces. 

En el canal de Telegram de un ultra

Las esperanzas en qué podría deparar el archivo del comisario Villarejo han provocado incluso la creación de un par de medios digitales que cuentan su cotas de repercusión por los audios inéditos que publicaron coincidiendo con sus respectivos estrenos. Ocurrió con moncloa.com y tiempo después con Fuentes Informadas. Se trataba de material del comisario que no está en la causa, al menos que se sepa, con la salvedad de que pudiera integrar el material por desencriptar. 

El comisario dejó grabado antes de ser detenido que guardaba siete copias de todo, cuatro de ellas en el extranjero. Sin embargo, una vez detenido se ha dedicado a sembrar dudas sobre las labores de desencriptación de la Policía y el CNI al tiempo que se niega a facilitar las claves a los investigadores. 

Esas grabaciones que no están en la causa llegaron en ocasiones a revitalizar el caso, por ejemplo cuando El País publicó el pasado verano la conversación de “la libretita” entre Villarejo y Cospedal. Fue pieza importante de los escritos de Fiscalía y las acusaciones populares para solicitar la reapertura de la investigación, pero sin éxito por la cerrazón del juez. 

A día de hoy, sin embargo, solo el canal de Telegram del agitador ultra ‘Alvise’ Pérez insiste en publicar material sin contrastar del policía: sus personalísimas notas informativas, que iban dirigidas en tiempos presuntamente a sus superiores, alguna grabación… 

Pero no todas son malas noticias para la investigación. La sentencia de la Sección Cuarta, que preside Ángela Murillo, ha avalado la obtención del archivo de Villarejo y su custodia, frente prioritario para las defensas, que buscan la nulidad de la causa. La batalla jurídica promete llegar hasta el Tribunal Supremo, pero el primer fallo contra el comisario permitirá ir juzgando las piezas con esa misma fuente de prueba.

Misma causa, distintos protagonistas

La duda es quién defenderá la acusación contra el comisario en los próximos tiempos. De la causa Tándem renunció su primer juez, Diego de Egea, que solicitó regresar a la Audiencia Provincial de Madrid, y se excluyó a uno de sus dos primeros fiscales, Ignacio Stampa, a quien la fiscal general del Estado Dolores Delgado no renovó en Anticorrupción.

Su compañero desde el principio, Miguel Serrano, tiene 65 años y se acerca su jubilación. Fuentes fiscales consideran complicado que participe en juicios más allá de la pieza principal, la del encargo de la familia Obiang que dio origen a la causa, y descartan, por ejemplo, que defienda en sala los argumentos de Anticorrupción en el juicio de Kitchen. 

Resta por saber qué ocurrirá con la acusación popular, liderada por Podemos, partido que se enfrenta a un ajuste en plantilla tras los resultados del 23J. La formación morada está personada en las principales piezas –el PSOE solo está en Kitchen– y sus abogados deben dominar miles y miles de folios del sumario.

La pieza Dina, sobre el robo del material del teléfono de una exasesora de Pablo Iglesias, y la que investiga el espionaje a Bárcenas por el Gobierno del PP resultarían las más atractivas para el partido, pendiente a día de hoy de ver con qué recursos va a contar antes de decidir si sigue ejerciendo la acusación popular en este caso de un modo tan amplio como hasta ahora. 

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