El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido hoy, sobre la citación de varios consejeros madrileños en el caso Púnica, que la mera imputación de una persona para declarar ante el juez no supone su culpabilidad, ni debe significar su exclusión de la vida pública.
“He dicho reiteradamente que una mera imputación no debe significar ninguna tacha en la carrera profesional o institucional de ninguna persona, porque una imputación no es otra cosa que la llamada a declarar ante un juez, defendido por un abogado”, ha declarado hoy Catalá.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar como imputados a los consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar y de Murcia Juan Carlos Ruiz, y a los diputados regionales madrileños Mario Utrilla y José Miguel Moreno, todos ellos del PP, en relación con el caso Púnica.
Tras participar en la presentación de la Memoria Social del Seguro 2014, el ministro de Justicia ha sostenido que “el hecho de que la mera imputación constituya para algunos la exclusión de la vida pública es alterar el principio de la presunción de inocencia y transformarlo casi en un principio de asunción de culpabilidad”.
Cuando una persona es objeto de alguna acusación, ha explicado, el juez instructor tiene que investigar “y para ello tiene que llamar a declarar a esa persona y esa llamada es como imputado, y no significa otra cosa”.
“Si algunos pretenden derivar consecuencias en términos de pactos, de posibles gobiernos futuros, -ha añadido- es una decisión que corresponde a esos partidos, pero yo insisto en la presunción de inocencia y que es dar por supuesta la culpabilidad por la mera denuncia”.
Por eso ha sostenido que querer ver “consecuencias anticipadas a una mera imputación es rozar la ruptura del principio de presunción de inocencia”.
En este contexto, Rafael Catalá ha considerado “razonable” que los acuerdos políticos que se tomen tras las municipales y autonómicas sean “en base a programas y al compromiso y la lucha contra la corrupción”.
En esta cuestión, ha añadido, el Gobierno y el PP han demostrado “una firmeza absoluta durante toda la legislatura” en la separación de las personas realmente implicadas en casos de corrupción.
Así ha citado la adopción de medidas de regeneración democrática como el estatuto del alto cargo, la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Financiación de Partidos, que ha calificado de “demostraciones claras del compromiso del Gobierno y del PP en la lucha contra la corrupción”.