El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido a las denuncias de privatización del Registro Civil por parte de sindicatos y partidos, al destacar que si eso fuera cierto sería el primero en sumarse a una manifestación en su contra: “Soy el primero que firmo contra esa privatización”.
En una entrevista con Efe, el titular de Justicia se compromete a “garantizar por escrito en la ley” no solo el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, sino también la gratuidad de los registros, que serán financiados por los propios registradores a través de futuros aranceles procedentes de otros ámbitos.
“Lo que nos están diciendo (partidos y sindicatos) es no a la privatización de los registros civiles y yo digo: soy el primero que me sumo a esa manifestación, que firmo contra la privatización del Registro Civil porque el proyecto no tiene nada que ver con la privatización”, asegura.
En cuanto al modelo de financiación del futuro Registro Civil, anuncia que no será sufragado ya con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ni correrá a cuenta de los usuarios, sino que provendrá de los nuevos aranceles que percibirán los registradores en otros asuntos.
“Los registradores tienen un marco general de retribuciones que les permite muy razonablemente asumir las nuevas tareas y obligaciones del Registro Civil”, afirma Catalá, al precisar que dispondrán de nuevas tasas asociadas a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, expedientes de nacionalidad, procedimiento de nacionalidad de sefardíes y futuros trámites del Instituto Cervantes.
De esta forma, el titular de Justicia niega que el Estado vaya a compensar económicamente a los registradores, ya que los funcionarios públicos están “muy acostumbrados a que se añadan funciones a su puesto de trabajo y no por eso llevan incrementos de salario”.
“Esa es la manera de financiación, que es atribuírselo a unos profesionales que ya tienen un sistema de compensación suficiente para que se les pueda atribuir una nueva función, sin que necesariamente tenga incorporada una nueva retribución”, subraya.
Por tanto, añade, “el registro seguirá siendo gratuito para los ciudadanos” y “esa gratuidad de los nuevos servicios está garantizada y no porque lo diga el ministro de Justicia, sino porque va a estar en la ley”.
Asimismo, Catalá menciona que “entiende la preocupación” de los funcionarios por sus puestos de trabajo, pero se compromete a garantizar “con toda certeza y fiabilidad” su continuidad, titulares e interinos, “no por un compromiso verbal sino por un compromiso que estará en la ley, en un acuerdo que firmaremos en la mesa de negociación”.
Explica que los funcionarios que trabajan en un juzgado de primera instancia que además lleva las funciones del Registro Civil “continuarán en su juzgado de primera instancia, con total estabilidad”.
Y aquellos que tienen que ver con juzgados en los que se dedican solo al registro “habrá una reordenación de efectivos mediante los procedimientos habituales de concurso y traslado, y pasarán a un juzgado de primera instancia o de familia”.
Respecto de las denuncias de partidos y sindicatos hacia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, -que es registrador de la propiedad- al que acusan de diseñar esta reforma a favor de sus intereses corporativos, afirma que el presidente no tienen intereses profesionales en esta reforma.
“Creo que Rajoy ha demostrado durante muchos años su absoluta independencia y ausencia de conflicto de interés con la profesión a la que él pertenece”, destaca Catalá, quien también reconoce que “sería una paradoja que porque un presidente de un Gobierno pertenezca a determinada profesión no se pueda regular nada sobre esa profesión y todo esté bajo un manto de sospecha”.
Admite que los registradores “como tantos profesionales en España durante todos estos años” han tenido “una merma muy importante” de sus honorarios durante la crisis económica, pero afirmar por ello que Rajoy ha tratado de favorecer los intereses de este colectivo “es un planteamiento de una desconfianza que no tiene ninguna base ni ningún fundamento”.