Catalá tropieza con su respuesta improvisada a la sentencia de 'la manada'
El ministro de Justicia improvisó una respuesta a la riada de protestas que desencadenó la sentencia de 'la manada'. Cuando apenas habían transcurrido unas horas desde el fallo, Rafael Catalá anunció que se iban a revisar los delitos contra la libertad sexual. Para ello decidió recurrir a un grupo expertos penalistas con los que no había contado en las últimas reformas del Código Penal y entre los que no había ninguna mujer. Dos semanas después la comisión todavía no ha comenzado a trabajar.
La decisión del ministro y los pasos que ha ido dando después solo han generado polémicas. La sección Penal de la Comisión General de Codificación ha vivido en los últimos días varias dimisiones, conflictos por la incorporación de mujeres penalistas y polémicas sobre el riesgo de “legislar en caliente”. Sobre todo ello sobrevuela el descontento de los vocales, ignorados durante décadas, a los que ha recurrido Catalá acuciado por la indignación que ha provocado el fallo, que considera a los miembros de 'la manada' culpables de abuso y no de agresión sexual.
Los vocales tienen un tiempo tasado que algunos consideran excesivamente breve. Deben tener lista su propuesta de reforma antes del próximo 15 de junio, un elemento que también ha provocado el enfado de los expertos penalistas. Dado que aún no hay fecha para que comiencen sus trabajos, será difícil que puedan cumplir con los plazos. Algún vocal ni siquiera pone la mano en el fuego porque la comisión consiga arrancar en algún momento.
La primera reunión se celebró este jueves y vino marcada por el rechazo de 25 catedráticas de Derecho Penal al ofrecimiento de que algunas de ellas formasen parte como vocales temporales. Solo ofrecerían sus conocimientos sobre delitos sexuales durante el tiempo que duren los trabajos. El rechazo entre las catedráticas ha sido prácticamente unánime. En una carta, pidieron a los vocales varones que dimitiesen en bloque para que la sección Penal se formase desde cero con paridad de integrantes.
La nueva solución no garantiza la paridad
Solo uno de los vocales, Javier Moscoso del Prado, accedió a esa petición. El resto han acordado una solución distinta, pero unánime: no comenzarán a estudiar la reforma del Código Penal hasta que Catalá no nombre a mujeres como vocales permanentes. El sistema que proponen es una ampliación a 30 miembros de una comisión que, tras las últimas renuncias, cuenta con 18 integrantes. Todos los nuevos nombramientos deben ser mujeres.
Sin embargo, ese resquicio que permiten los estatutos de la comisión no garantiza que vaya a ser paritaria. Si no se producen nuevas dimisiones habrá 18 hombres frente a 12 mujeres. Algunos de los asistentes a la reunión del jueves confían en que los vocales más veteranos renuncien y eso permita una composición más equilibrada de la comisión, porque no pueden ser destituidos.
La incorporación de mujeres penalistas llevará unos días. El Ministerio de Justicia ha aceptado la propuesta de ampliar la comisión a 30 miembros, pero ahora llega el trámite de elegir quién ocupará esas plazas vacantes. Durante la reunión del jueves salieron algunos nombres, pero entre los vocales acordaron que no era el momento y el lugar de proponer candidatas. Había que esperar a que Catalá aceptase.
Entre los nombres se escuchó el de una jueza y el de una fiscal. Ninguna de ellas se incorporará a la comisión porque mientras estén en el ejercicio de su cargo no pueden asesorar al ministerio a través de este órgano. Por eso la comisión está compuesta básicamente de catedráticos y algunos abogados.
En los próximos días se harán las propuestas. Habrá nombres de catedráticas de Penal, pero ahora ya no se restringirá a aquellas que sean expertas en delitos contra la libertad sexual. También se propondrá a abogadas. Entre esos nombres tendrá que elegir Catalá, que según los estatutos de la Comisión de Codificación es el único con potestad para nombrar a nuevos vocales.
El ministro deberá justificar muy bien su elección, porque las catedráticas que enviaron la carta no solo reclamaron paridad, sino también transparencia en la elección. Ese trámite durará unos días, y será una vez finalizado cuando la comisión podrá volver a reunirse para comenzar con el encargo del ministro. Pero eso no implica que vayan a acabarse los problemas.
Unir propuestas y dejar claro el descontento
Los vocales tienen hasta el 15 de junio para aunar en una propuesta posiciones que ahora mismo son muy dispares. Entre los vocales hay quien apuesta por no modificar los delitos de abuso y agresión, y centrarse tan solo en modificar los agravantes. Otro apuestan por unificar esas conductas en un mismo delito de violación que se castigue con distintas penas, dependiendo de las circunstancias. En lo que sí coinciden muchos es en el riesgo de abordar una reforma de este calado al calor de las protestas sociales por una sentencia que no es firme.
A todo esto se suma que algunos vocales no van a desaprovechar la oportunidad que les brinda una nueva reunión de la sección Penal. Quieren reclamar al ministro que adquiera el compromiso de contar con ellos en las reformas de calado, y no obviarles cada vez que se toca el Código Penal. Y es que este órgano asesor apenas se ha reunido en los últimos 30 años. Hay miembros que jamás han acudido a una reunión.
De hecho, a una de las mujeres que acudió el pasado jueves a la reunión (solo unas pocas aceptaron la propuesta del presidente de la sección Penal, Esteban Mestre) se sorprendió de que algunos vocales se presentaban entre ellos. A pesar de formar parte de la comisión no se conocían. Algunos han explicado que cayeron en el olvido en los años 90, y que salvo la ampliación de vocales de 2015, nadie se ha dirigido a ellos para buscar asesoramiento.
