El Supremo tiene en sus manos la decisión de imputar al fiscal general del Estado por la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusando al Ministerio Público de revelar información confidencial sobre su caso. El juez ha elevado una exposición razonada en la que apunta a Álvaro García Ortiz como máximo responsable del comunicado obviando, tanto en el auto como a lo largo de toda la instrucción, el origen de todo: un mensaje de WhatsApp que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, envió a media docena de medios con detalles sesgados de las negociaciones que mantenían González Amador y la Fiscalía. Negociaciones para evitar la cárcel a cambio de reconocer su doble fraude fiscal.
La exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid arranca su relato el jueves 14 de marzo cuando, a las diez de la mañana, el equipo de prensa de la Fiscalía de Madrid remitió un comunicado a más de un centenar de periodistas. Una nota en la que se informaba de cómo la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había ofrecido un pacto a la Fiscalía para reconocer su doble fraude fiscal de 350.000 euros a cambio de pagar sus deudas y no exponerse a entrar en prisión.
Para el juez Francisco José Goyena, del Tribunal Superior madrileño, ese comunicado incurre en un posible delito de revelación de secretos al hacer públicos “datos e información que no puede ser revelada a terceros”. Pero el relato del instructor –que bebe en lo esencial de la querella inicial que puso la pareja de Ayuso– omite el mismo dato que ha pasado por alto a lo largo de las diligencias: que la primera información sobre ese pacto no había salido de la Fiscalía. Había salido del número de teléfono de Miguel Ángel Rodríguez doce horas antes. El mismo con el que días después amenazó a elDiario.es.
“Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes ”de arriba“ y retira la propuesta de acuerdo... todo sucio”. El jefe de gabinete de Ayuso rebotó este mensaje a varios periodistas después de copiar el contenido íntegro de uno de los correos que el fiscal Julián Salto había enviado al abogado de Alberto González Amador.
El objetivo de Rodríguez era dar a entender que las cosas habían sucedido al revés de como habían ocurrido en realidad: que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto, cuando había sido al contrario. Ese correo del fiscal contestaba a uno en el que el abogado de la pareja de Ayuso se ofrecía a confesar y pagar sus deudas a cambio de evitar la cárcel.
Varios medios se hicieron eco del bulo, empezando por el diario El Mundo. Otros le siguieron e incluyeron la afirmación falsa de que las altas instancias de la Fiscalía habían paralizado la propuesta de pacto. Lo hicieron, entre otros, El Debate, Vozpopuli o Libertad Digital, algunos de los cuales difundieron pocos días después otro bulo de Miguel Ángel Rodríguez: que periodistas encapuchados de elDiario.es habían intentado entrar en casa de la presidenta. En las horas siguientes otros medios publicaron la relación completa del cruce de correos electrónicos y ya al día siguiente, a las diez de la mañana del 14 de marzo, la Fiscalía de Madrid emitió su comunicado.
La exposición razonada del Tribunal Superior madrileño obvia todo esto: que el primero en difundir un correo entre el fiscal del caso y el abogado de Alberto González fue el entorno más cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, seguido de distintos medios de comunicación. Ninguna alusión se hace a ese hecho alegado en varias ocasiones por la Fiscalía en sus escritos y recursos, ni a que el comunicado buscaba precisamente desmentir esas falsedades.
El balance de un bulo
En su escrito, el juez que deja el caso en manos del Supremo reconoce que “parte de estos contenidos ya habían sido objeto de difusión por algunos medios de comunicación horas antes”. Ningún razonamiento sobre las consecuencias que eso pueda tener sobre la acusación de revelación de secretos ni sobre el hecho de que la primera información partiera de la mano derecha de la pareja de Alberto González Amador, el denunciante.
La exposición razonada no es el primer escrito del Tribunal Superior de Madrid que obvia este factor. En un auto reciente, el mismo tribunal explicó que cualquier implicación de personas ajenas a la Fiscalía en esta filtración debía ser investigada, algo que no ha sucedido a la espera de lo que haga el Tribunal Supremo cuando reciba el caso.
Hace un mes, el propio juez instructor se refirió a este asunto. “Si el Ministerio Fiscal tiene un mayor conocimiento de circunstancias relevantes, no dudamos que lo pondrá en nuestro conocimiento, pues es su obligación”. En su último escrito, que por el momento queda sin respuesta y sin validez tras la exposición razonada, la Fiscalía pedía que Alberto González Amador y su abogado declarasen para explicar de dónde habían salido esas primeras filtraciones, previas al comunicado de la Fiscalía.
Son diligencias que el Ministerio Público podrá volver a pedir ante el Tribunal Supremo si la sala que preside Manuel Marchena decide abrir una causa contra el fiscal general por este comunicado. El juez del TSJM, por el momento, ha dejado fuera del caso al fiscal Julián Salto, que denunció a Alberto González Amador, y mantiene las diligencias abiertas contra Pilar Rodríguez, su superior.
Cuatro meses después, el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez ha llegado hasta el Tribunal Supremo, publicado y amplificado por los mismos medios que difundieron sus bulos sobre elDiario.es y ocultaron o minimizaron sus amenazas a este periódico.
En un comunicado, el fiscal general ha insistido en que ordenó publicar ese comunicado –del que se ha responsabilizado por escrito– para combatir un “bulo” y defender al fiscal Salto de esas primeras acusaciones de bloquear un pacto para no ahorrar ni un minuto de proceso penal a Alberto González Amador por un fraude fiscal que él mismo había reconocido. A día de hoy, la pareja de Ayuso sigue buscando un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel.
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