Las comunidades autónomas del PSOE, así como Cantabria y Cataluña, han votado este jueves en contra del reparto del déficit propuesto por el Ministerio de Hacienda para los años 2018-2020, que les exige un déficit del 0,3% el primer año y estabilidad los dos siguientes, seis meses después de haberse abstenido en la votación llevada a cabo en diciembre.
La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, y su homóloga extremeña, Pilar Blanco-Morales, han criticado la posición del ministro Cristóbal Montoro, al que han acusado, además, de “coquetear” con una bajada de impuestos mientras mantiene una exigente senda de reducción del déficit.
“Es una propuesta demoledora para el Estado del bienestar, ofensiva para los ciudadanos e indecente para las comunidades”, ha resumido Montero, que ha considerado que la medida es “indecente” para las regiones.
Blanco-Morales ha explicado que desde el pasado mes de diciembre, cuando se aprobó el déficit del 0,6% para este año y se previó que fuera del 0,3 para 2018, han cambiado “muchas cosas”, que podían haber llevado a Hacienda a flexibilizar el objetivo. Entonces, las comunidades socialistas se abstuvieron en la votación, mientras que este jueves han votado en contra.
“Hay muchos datos nuevos, entre otros la revisión del crecimiento macroeconómico”, ha expuesto la responsable extremeña. “También tenemos un gobierno que en diciembre no teníamos”, ha añadido.
El PP vota a favor y cuestiona el viraje del PSOE
Las comunidades gobernadas por el PP han votado a favor del reparto. “Hoy discutimos sobre los mismos temas, pero ha cambiado el escenario político y determinadas posturas han variado ligeramente”, ha dicho el consejero gallego de Hacienda, Valeriano Martínez.
Su homóloga en Castilla y León, Pilar del Olmo, se ha referido al cambio de opinión de los socialistas al preguntarse qué ha sucedido entre diciembre y junio para que el voto haya variado. No obstante, ha reconocido que un déficit del 0,3% es exigente, pero ha asegurado que confía en que se reforme el sistema de financiación para que “lleguen nuevos ingresos” a las comunidades.
“Lo que quiere Castilla y León son más ingresos, no tanta deuda derivada del déficit. Queremos más dinero para prestar nuestras competencias, que son lo que más valoran los ciudadanos, las más cercanas”, ha añadido.
La consejera madrileña Engracia Hidalgo ha defendido por su parte la senda aprobada que ya se previó en diciembre. “No se ha cambiado nada porque con el crecimiento de ingresos es más fácil cumplir con el objetivo de consolidación. Hemos conseguido salir de la crisis más importante del país sin recortar los servicios públicos”, ha manifestado.