El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado enviar a prisión incondicional a siete miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) detenidos en Catalunya el pasado lunes acusados de preparar actos violentos y que no quedaron en libertad tras el operativo policial. Los delitos que les imputa son pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
García Castellón acusa a los siete investigados de integrar un nuevo grupo terrorista denominado ERT (Equipos de Respuesta Táctica). Esta organización tendría una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas, y que el juez encuadra en el sector más “radical, clandestino y comprometido” de los CDR, según recoge uno de los autos de prisión al que ha tenido acceso eldiario.es.
“Las investigaciones realizadas aportan indicios claros de que todas y cada una de las acciones que los investigados han llevado a cabo pretenden, dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo al que pertenecen, lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas”, señala García Castellón.
El juez sostiene que el ERT es una organización jerarquizada y “con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización”. En este sentido, el magistrado apunta a “una maniobra orquestrada” por el ERT del 15 de septiembre de 2018 “que se gestó en la máxima clandestinidad” en la que se planteaba “el encuentro con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso”.
El magistrado ha atendido la petición del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien había solicitado su ingreso en prisión ante la “gravedad” de las penas de los delitos por los que se les investiga y el riesgo de que pudieran “materializar” las conductas que planeaban y destruir pruebas. Las pesquisas se remontan a hace un año.
El titular del Juzgado de Instrucción 6 mantiene la causa bajo secreto mientras se analiza la “numerosa documentación” incautada en esta operación judicial, precisan las mismas fuentes. En los autos de prisión, el juez individualiza las acciones concretas que atribuye a cada uno de los investigados, así como su función dentro de la organización. Atribuye a uno de ellos, por ejemplo, la “planificación, el desarrollo y puesta en marcha de las acciones violentas”.
“Proyectos terroristas con fines secesionistas”
En un comunicado enviado a los medios de comunicación el pasado lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dijo tener la “certeza” de que los detenidos iban a atentar entre el aniversario del 1-O y la publicación de la sentencia del procés, que se espera para próximas fechas. El ministerio público explicó que se había decidido su detención para “abortar” unos “proyectos terroristas con fines secesionistas” que podrían haber ocasionado “daños irreparables debido a lo avanzado de sus preparativos”.
Entonces, el fiscal atribuyó a los detenidos el delito de rebelión que finalmente ha decaído de su petición. Ese tipo penal, por el que fueron condenados los responsables del intento de golpe de Estado del 23F, castiga con hasta treinta años de prisión a quienes se alcen “violenta y públicamente” para “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
La Guardia Civil aseguró el lunes que durante los registros se encontraron “sustancias precursoras para la fabricación de explosivos” y susceptibles de ser empleadas en la fabricación de artefactos, a la espera de la confirmación de los especialistas. Esos materiales serían ácido sulfúrico, parafina y aluminio en polvo.
Fuentes de las pesquisas también señalaron que se ha hallado “anotaciones con los componentes de la Goma-2” aunque en ningún caso esta sustancia. Los agentes incautaron, además, de abundante documentación y material informático. Entre estos documentos había “un plano de ubicación” de un cuartel de la Guardia Civil.