Más de 3.500 jueces y cerca de 1.300 fiscales de toda España han secundado este martes la primera huelga conjunta convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, en la que exigen al Ministerio de Justicia una mejora de sus condiciones laborales, mayor independencia judicial y la adaptación de la Administración al siglo XXI.
Según datos facilitados por el Comité de Huelga, 3.537 jueces y 1.297 fiscales de toda España han secundado la huelga convocada por las cuatros asociaciones judiciales y las tres de representantes del Ministerio Público. Esto quiere decir que de los más de 5.400 jueces y de 2.500 fiscales, el 65,4 y el 51,9 por ciento, respectivamente, han respaldado el paro de este martes. Fuentes cercanas a la convocatoria apuntan a “una movilización sin precedentes en la Justicia española”.
“Lamentamos los perjuicios que se hayan podido causar a los ciudadanos y a los justiciables y pedimos disculpas, pero también comprensión para que sepan que estamos luchando por un servicio público mejor”, ha destacado el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, a los medios de comunicación.
Al menos 30 magistrados del TSJ secundan la huelga
Las reivindicaciones han sido respaldas por 30 magistrados del Tribunal Supremo que, en un comunicado, han trasladado su “total apoyo” a las asociaciones. Se trata de unas reclamaciones con las que de “manera unánime” se están pidiendo “las imprescindibles reformas” que necesita la Administración de Justicia “para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde”.
Desde la Audiencia Nacional han informado que ocho jueces de los 87 que están destinados a este tribunal han apoyado la huelga. En concreto, han sido dos de la Sala de lo Penal; uno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y cinco de lo Contencioso-Administrativo.
Por otro lado, los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia han afirmado este martes que apoyan las reivindicaciones, pero han recordado que por su posición institucional no se pueden sumar a la huelga. En un comunicado, los presidentes reconocen que la Administración de Justicia posee unas “graves carencias” que han desembocado en una “situación insostenible” y que no han sido corregidos por los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Por su parte, la representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) y miembro del Comité, Natalia Velilla, ha denunciado que no se van a difundir datos oficiales de la huelga, ni de las diligencias judiciales que se han visto afectadas, porque el Ministerio de Justicia ha prohibido “verbalmente” a los secretarios de gobierno que faciliten información a los Tribunales Superiores de Justicia.
Catalá desmiente el boicot
Unas acusaciones que han sido desmentidas por el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha señalado que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio sino que compete al CGPJ. Asimismo, ha recordado que su departamento lleva “desde hace meses” en un proceso de de negociación y diálogo con las asociaciones para llegar a un acuerdo sobre las demandas que plantean.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han convocado para este martes una huelga para culminar la serie de paros parciales que han hecho cada jueves desde el 26 de abril hasta el 17 de mayo.
Se trata de la primera vez que las siete asociaciones se unen para convocar una jornada de huelga y reclamar unas cargas de trabajo saludables; modernización de la Administración de Justicia, con más medios personales y materiales; y actualización de las retribuciones. También mayor independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía con el Ministerio de Justicia.
Los fiscales, además, reivindican autonomía presupuestaria, modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que regule las funciones conforme al principio de legalidad y la unidad de actuación; atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales; y la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción.
El documento que sirve de base para esas conversaciones se acordó en junio del año pasado y divide las propuestas para mejorar la Justicia, empezando por las encaminadas a reforzar la independencia del Poder Judicial.
Así, pide por ejemplo que el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegure la igualdad de género y la presencia de minorías, y que este organismo ampare a los jueces frente a los ataques que reciben. Además, reclaman al Ministerio que en los nombramientos de altos cargos judiciales se haga “un proceso transparente con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género”.
El segundo capítulo, el de modernización de la Justicia, reclama en primer lugar una mayor inversión para incrementar el numero de jueces -250 en los próximos años-, modernizar edificios y mejorar los medios técnicos. Además piden crear tribunales de instancia -que buscan simplificar el sistema judicial- y evitar que a los jueces en prácticas se les destine a puestos de “sustitución y refuerzo”.
El documento finaliza con el capítulo de las condiciones laborales de jueces y fiscales, donde se reclama que se convoque inmediatamente la mesa prevista en la Ley de Retribuciones, a fin de tratar una mejora salarial que permita “recuperar los recortes de los últimos siete años”.
La reforma de una de sus reclamaciones, la relativa a los permisos y vacaciones, ha vuelto a enfrentar a los jueces y fiscales con el Gobierno. Critican que el PP haya aprovechado la tramitación de un cambio menor en la Ley Orgánica del Poder Judicial para tratar, mediante enmiendas, de llevar a cabo cambios más profundos que afectan al CGPJ o al papel de los Letrados de la Administración de Justicia.
Con ese escenario, al que se suma la reclamación de los funcionarios de la administración de Justicia, que piden una equiparación salarial tras el acuerdo alcanzado con Policía y Guardia Civil, el Ministerio afronta unas semanas que, si no incluyen cambios, desembocarán en una gran huelga de jueces y fiscales. Un nuevo capítulo en la gestión de Catalá, que no ha dejado de acumular tropiezos desde que se hizo cargo de esa cartera.