El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha censurado hoy a los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto en el que apoyaban la legalidad de la consulta soberanista en Cataluña, pero ha archivado la denuncia que presentó contra ellos el sindicato Manos Limpias.
La decisión la ha adoptado el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que es el encargado de decidir si se iniciaba un expediente disciplinario contra los jueces, han informado fuentes del Poder Judicial.
Aunque Fonseca-Herrero afirma que los magistrados firmantes del “Manifiesto por el derecho a decidir” hicieron uso de su derecho a la libertad de expresión y opinión, su actuación ha menoscabado la confianza de los ciudadanos en la judicatura por afirmar que Cataluña es una nación.
El pasado 13 de febrero, 33 jueces catalanes hicieron público un manifiesto por el “derecho a decidir” en el que defendieron la legalidad de la consulta soberanista “en el actual marco constitucional” e “interpretado a la luz de la normativa internacional”.
Entre los firmantes figuraban Montserrat Comas, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2011 y 2008 y expresidenta del Observatorio de Violencia de Género; los dos instructores del caso Palau, Juli Solaz y Josep Maria Pijuan; jueces de instrucción como Josep Maria Miquel Porres y Josep Niubó, y el magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal.
La decisión de archivo del Promotor de la Acción Disciplinaria, hecha pública hoy, señala que del manifiesto no puede apreciarse que los magistrados firmantes persiguieran “una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político”.
Esta actuación, según el acuerdo, “queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española”.
Para el encargado de decidir si se debía iniciar un expediente disciplinario, los magistrados firmantes dieron su “opinión jurídica en defensa del derecho del ciudadano a participar en asuntos públicos” y “de decidir sobre posibles jurídicos”.
No obstante, Fonseca-Herrero ha considerado “en el plano de la deontología profesional” que “la actuación de los jueces y magistrados es censurable en la medida en que su actuación viene a menoscabar la confianza de los ciudadanos en la judicatura”.
Y ello, según ha informado el CGPJ, esencialmente porque partieron “de una afirmación que carece de todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional”, cuando de forma implícita reconocieron “a Cataluña la cualidad de sujeto jurídico y político soberano”.
Y eso se produjo al suscribir el siguiente párrafo del manifiesto: “Hay que partir de un hecho que -pensamos- no admite discusión: Cataluña es una nación?. Este hecho -la realidad nacional de Cataluña- radica en la base de la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006”.
El pasado 13 de octubre, la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial rechazó por cuatro votos contra tres la propuesta de suspensión cautelar al juez Santiago Vidal, que ha reconocido haber participado en la redacción de una constitución catalana.