El Poder Judicial aprueba, dividido, un informe que pone pegas a la prohibición de fundaciones franquistas de la ley de memoria democrática

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado con 15 votos a favor y 6 en contra el informe realizado por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea sobre el Anteproyecto de ley de Memoria democrática, un texto que se muestra muy crítico con algunos aspectos de la norma al considerar que vulneran la libertad de expresión. Para los vocales, la apología franquista que puedan realizar determinadas fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.

El asunto ha llegado este lunes al Pleno del órgano de gobierno de los jueces con un segundo borrador, después de que la falta de acuerdo entre los dos ponentes designados inicialmente para elaborar su informe al anteproyecto de ley, que en todo caso no es vinculante para el Gobierno.

A ello hay que sumar que el pasado mes de abril, el proyecto de Ley impulsado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, obtuvo un ajustado apoyo del bloque progresista en otro órgano consultivo, el Consejo Fiscal, para cuya consecución fue determinante el voto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Entre los reparos que pusieron de manifiesto los vocales del Consejo Fiscal más conservadores estaba la indefinición en la que la ley deja la labor que deben realizar los fiscales en este ámbito, ya que no queda muy claro si tendrán una función tuitiva (de amparo a las víctimas), supervisión de organismos públicos o de tipo penal.

En el caso de la ponencia que se ha discutido en el en el CGPJ, los mayores reparos se sitúan en la disposición adicional quinta del Anteproyecto, que establece como causa específica de extinción de las fundaciones “la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales”.

El Gobierno analizará cómo prohibir las fundaciones

Los vocales, ambos magistrados de carrera, consideran “más adecuado que sean los órganos administrativos creados en materia de memoria democrática, y no por el protectorado, los competentes para dirigir la solicitud de extinción de la fundación al juez”. Por ello, el informe destaca la necesidad de precisar la redacción de este precepto.

En la vicepresidencia de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática están satisfechos con el informe del CGPJ, que ha salido adelante solo con seis votos en contra, al entender que asume “la tesis del Gobierno” y sostienen que trabajarán para que la ley pase en segunda vuelta por Consejo de Ministros “lo antes posible”. Respecto a la principal crítica, que es la referida a la ilegalización de las fundaciones que hacen apología del franquismo, en la vicepresidencia que pilota Carmen Calvo aseguran que se estudiará, pero que en todo caso el CGPJ no se opone a la ilegalización sino que dice que “de la manera que establece la ley no se puede”.

Fuentes oficiales afirman que estudiarán la fórmula de llevarlo a cabo. Sin embargo, la vicepresidenta ha sido más dura. “El Gobierno piensa que enaltecer el franquismo ofende profundamente a las víctimas”, ha sido la respuesta que ha dado Calvo en declaraciones a los periodistas . “Enaltecer el franquismo es seguir vilipendiando a las víctimas y sus familiares”, ha expresado la vicepresidenta, que ha recordado que el informe es preceptivo pero no vinculante.

ETA, el “gulag” y la “libertad educativa” justifican uno de los votos en contra

El informe del CGPJ contará con varios votos particulares que explicarán los motivos por los que los vocales que los firman se han posicionado en contra de la resolución adoptada por el Pleno. Uno de esos votos particulares está firmado por José Antonio Ballestero y José María Macía, y va mucho más allá del criterio de la mayoría en su rechazo al anteproyecto de ley planteado por el Gobierno.

Ballestero y Macía centran su furibunda crítica en una supuesta falta de neutralidad del “prelegislador”, como califican al Poder Ejecutivo. Los vocales, el primero magistrado del Tribunal Supremo y el otro abogado de Cuatrecasas y magistrado en excedencia, sostienen que el anteproyecto no es ecuánime en tanto en cuanto no incluye “otros totalitarismos igualmente merecedores de repulsa: nazismo, estalinismo, realsocialismo, comunismo, fascismo, separatismo terrorista”. Ambos colocan al mismo nivel el Holocausto y “el Gulag” y sostienen que los “totalitarismos” antes citados, o algunos de ellos, “causaron paralelamente” al franquismo “gravísimos quebrantos a los derechos humanos”.

Las menciones a ETA aparecen de forma recurrente durante todo el texto, de 32 páginas y al que ha tenido acceso elDiario.es, que hace también una defensa de la Constitución de 1876 (que significó la Restauración borbónica tras la I República y que abrió la puerta al llamado sistema del turnismo), menciona como hecho incontrovertible “el robo del oro del Banco de España”, asegura que el preámbulo del anteproyecto cae en la “rivalidad política” contra el PP y critica que el texto legislativo hable de “Guerra de España” por ser el término que usó entonces el legítimo Gobierno de la II República.

El voto arremete además contra la prohibición de asociaciones que loen el franquismo o al dictador Francisco Franco al ir dirigida contra “concretos ciudadanos amparados por su libertad ideológica”, además de asegurar que el Ejecutivo pretende “crear un entramado de leyes para asfixiar la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía hacia las políticas del Gobierno”, medidas que considera “desproporcionadas, asfixiantes, e inmotivadas”.

Los vocales defienden la vigencia de la Fundación del Valle de los Caídos y lamenta que el Gobierno la disuelva ya que se ancla en leyes franquistas y en el Concordato con el Vaticano. En este sentido, también lamenta que el Gobierno quiera, según su interpretación, “prescindir de la Comunidad benedictina” que ha cuidado el Valle de los Caídos durante décadas, “cuando su presencia en la basílica está anclada en el acta de erección pontificia de la Abadía”.