El órgano rector de los jueces le dice al ministro de Justicia que ni Franco se atrevió a ir tan lejos como él con su reforma del Código Penal. En un informe elaborado por la vocal Margarita Robles, se advierte que la prisión permanente revisable no fue instaurada en España ni en tiempos de la dictadura y podría chocar con la Constitución, porque es dudoso que “una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable con la reinserción”.
El informe elaborado por Margarita Robles dice que la prisión permanente revisable “resulta de una cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el TEDH y el Tribunal Constitucional alemán, país de origen de esta medida”, y considera “especialmente significativa la ausencia de controles claros para su ejecución y seguimiento y el hecho de que su cumplimiento de la medida pueda hacerse en centro penitenciario, como si de una pena se tratase”.
El documento será analizado el jueves por la comisión de estudios del CGPJ para ser después debatido en el pleno de la institución. El debate se produce en medio de la tensión que protagonizan los jueces con su ministro a quien ya no consideran interlocutor y frente a quien han convocado jornadas de huelga para protestar por sus últimas decisiones, sobre todo en lo relativo a la Ley de Tasas Judiciales.
Gallardón no es el interlocutor válido
Asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de “poder a poder”, es decir, desde “el poder ejecutivo al poder judicial” debido al “fracaso” de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo ha indicado el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, durante la concentración contra la subida de tasas judiciales que ha tenido lugar desde las 12 hasta las 13 horas frente a los Juzgados de Plaza Castilla y durante la cual todos los representantes han señalado que “no descartan una huelga de los servicios de justicia”. Estas protestas se han repetido en todas las capitales de provincia de España.
“Desafortunadas” palabras del ministro
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha señalado que las palabras que el ministro de Justicia ha pronunciado en las últimas horas sobre el “conflicto” en la Administración de Justicia son “muy desafortunadas”. En este sentido, Carnicer ha criticado las declaraciones en las que Gallardón afirmó este martes que las razones que motivaban las protestas de jueces, fiscales o abogados responden a “intereses corporativos”. “Habrá que recordarle al ministro que los servicios jurídicos sociales que hoy se consideran imprescindibles y que forman parte de la justicia gratuita han nacido de compañeros altruistas que han prestado ese servicio siempre por humanidad y jamás por intereses particulares”, ha recalcado.
“No es cierto, por tanto, que este sea un problema corporativo y también es incierto que este asunto no le interese la ciudadanía” ha continuado Carnicer que ha señalado que Abogacía Española ha llevado a cabo encuestas en las que se muestra que “el 83 por ciento de la población rechaza estas tasas y cree que con los impuestos es suficiente para pagar los servicios de justicia”.