El Gobierno de Chile afirmó hoy que el excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, procesado por el caso “Caravana de la Muerte”, no es un invitado oficial en Colombia a observar el proceso de paz.
La información la entregó el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, quien recalcó a los periodistas que el general en retiro “no es un invitado oficial”.
El jefe de la diplomacia chilena precisó que el Consejo Nacional Electoral de Colombia ha extendido solamente tres invitaciones oficiales.
“La delegación chilena estará encabezada por el director del Servicio Electoral (Servel), y hay (otras) dos personas que no son el exgeneral”, apostilló.
No obstante, Muñoz aclaró que los partidos políticos y las instituciones académicas independientemente pueden invitar a quienes estimen conveniente.
Cheyre recibió la autorización para viajar a Bogotá entre el próximo 30 de septiembre y el 10 de octubre, después de que el ministro en visita del caso (juez especial), Mario Carroza diera el visto bueno a la autorización tras el pago de una fianza de un millón de pesos (unos 1.480 dólares).
El exjefe del Ejército chileno fue procesado como cómplice y encubridor de 15 homicidios en el regimiento de La Serena, uno de los puntos del fatal recorrido de esa caravana que tuvo lugar bajo el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
La “Caravana de la muerte” fue una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile en un helicóptero y cuyos integrantes sacaban a presos políticos de las cárceles, los llevaban a lugares despoblados y los asesinaban.
En ocasiones, trasladaban los cadáveres a cementerios, pero en otras los dinamitaban y sepultaban de forma clandestina.
Muchos de los asesinados habían sido condenados por consejos de guerra a bajas penas por faltas leves, como el caso del periodista Carlos Berger, quien estaba sentenciado a 100 días de prisión por no haber interrumpido la transmisión de una radio que dirigía en la norteña ciudad de Calama.
En algunas ciudades, los militares redactaban falsas condenas a muerte dictadas por consejos de guerra inexistentes para dar un aire de legalidad a las masacres y en otras las justificaban como supuestos intentos de fuga de los presos.