La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy al Gobierno de República Dominicana a que no niegue el “racismo estructural” que sufren las personas de ascendencia extranjera en el país, sobre todo las de origen haitiano.
“Valoramos los esfuerzos (del Gobierno dominicano), que no son menores, pero negar que hay un racismo estructural reproduce las violaciones de derechos humanos”, afirmó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
La Comisión, a solicitud de organizaciones de la sociedad civil, celebró hoy una audiencia pública sobre “la negación de los derechos políticos a las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, un tema que se abordó también en los últimos cuatro periodos de sesiones.
La representación del Gobierno dominicano se quejó de la convocatoria de esta audiencia seis meses después de otra sobre el derecho a la nacionalidad de las personas de ascendencia haitiana.
“Si se atendiera lo que dice la Comisión en sus informes, no habría sido necesaria esta audiencia. Hay un problema serio”, defendió Álvarez Icaza al respecto.
La CIDH publicó en febrero un informe muy crítico con el actual Gobierno dominicano y con la “discriminación histórica” que han sufrido en el país durante décadas las personas de ascendencia haitiana.
Por su parte, Mayerlyn Cordero, representante de la República Dominicana en la OEA, lamentó que la Comisión convocara la audiencia a poco más de un mes de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 15 de mayo en su país.
Cordero negó las denuncias de las organizaciones civiles de que el Gobierno dominicano niega los derechos políticos a las personas de origen haitiano al impedirles el acceso o la renovación de su documento identificativo.
“Todo el que tiene la nacionalidad dominicana, independientemente de su ascendencia, ejerce sus derechos políticos, que nosotros llamamos derechos de ciudadanía”, aseguró la diplomática.
Cordero sostuvo que la historia de la República Dominicana y Haití “ofrece razones para que se tenga una ley de nacionalidad con determinadas restricciones”.
“Si impactan en un grupo particular, eso se deriva de la realidad social y un contexto histórico determinado. Pero no hemos diseñado un régimen legal de nacionalidad para discriminar a un grupo de personas”, agregó.