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No hay trabajo de fin de máster. No hay tribunal que lo avale. No hay asistencia a clase. No hay exámenes. No hay matrícula en los plazos legales. No hay apenas rastro oficial en el registro de la Universidad Rey Juan Carlos y cada papel que se conoce sobre este título universitario de la presidenta de Madrid demuestra una nueva ilegalidad.
eldiario.es ha accedido a tres actas oficiales con sello del Instituto de Derecho Público, que dirige Enrique Álvarez Conde, en las que se da fe de una supuesta reunión de la “comisión de Garantía de Calidad” del máster, el 24 de mayo de 2012, donde se aprobó a varios estudiantes la convalidación de tres de las asignaturas, una cuarta parte del total.
Las convalidaciones no son, en sí mismas, un método irregular. Se puede aprobar una asignatura por esta vía en cualquier formación universitaria si el alumno así lo solicita y demuestra que tiene acreditados esos mismos conocimientos con otro título oficial. Lo ilegal no es ese método, habitual en la Universidad. Es que la reunión de la comisión de Garantía de Calidad donde supuestamente se aprobaron esas convalidaciones nunca existió y que las actas que así lo registraron, que también cuentan con membrete y sello oficial del Instituto de Derecho Público y de la URJC, fueron falsificadas.
De las seis firmas que aparecen al pie de estas actas, dos profesores niegan a eldiario.es haber firmado jamás. A otra no le suena la firma. Y un informe caligráfico, encargado por eldiario.es a Rosario Casas, perito calígrafo judicial, confirma que cinco de las seis firmas son completamente falsas.
“Reunida la comisión de Garantía de Calidad del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico, el día 24 de mayo a las 12h, certifica que los siguientes alumnos y alumnas han convalidado…”. La redacción de las tres actas es casi idéntica: solo cambia el título de las distintas asignaturas. Los nombres que supuestamente firman también son siempre los mismos. El documento está fechado el 24 de mayo de 2012, casi al final del curso en el que Cifuentes se matriculó.
Tres de los seis nombres que aparecen en las firmas de estas actas falsificadas son ya conocidos en esta historia. Figura Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirige este instituto universitario de la URJC en el que Cifuentes cursó su máster y que recientemente reconocía que había “reconstruido” otra acta falsificada. También Cecilia Rosado, la directora del máster de Cifuentes. Y Clara Souto, otra de las “discípulas” de Álvarez Conde, que en la primera versión de la URJC formaba parte del tribunal que había examinado el trabajo de Cifuentes y que recientemente también ha confesado que ese tribunal nunca existió. Souto no ha respondido a eldiario.es
Además de esos tres nombres ya conocidos, salen otros tres nuevos en esta investigación. Son Laura Nuño, subdirectora de Álvarez Conde y amiga de las otras profesoras implicadas, Alfredo Allué Buiza, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, y Ángela Figueruelo, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca y vocal de la Junta Electoral Central.
eldiario.es ha podido hablar en las últimas 48 horas con varios de estos profesores. “No recuerdo haber convalidado nada de esa materia, ni remotamente”, asegura Laura Nuño. Cuando eldiario.es le envía una foto de su firma estampada en el documento, señala: “No parece mi firma”. ¿Es falsificada, entonces? Tampoco contesta a eso: “Simplemente no parece mi firma”. La perito calígrafo confirma que no parece su firma porque, en efecto, no lo es.
Más claras y también más contundentes son las explicaciones de los dos profesores que formaban parte de la “comisión de garantía” pero que no son docentes de la URJC. “Yo no tengo constancia de que participara [en esa comisión]. No me he reunido en ninguna comisión de garantía del máster”, asegura el profesor Alfredo Allué Buiza, de la Universidad de Valladolid. ¿Pertenecía a la Comisión de garantía de Calidad? “En absoluto. Y si eso es así y he firmado me siento totalmente manipulado. Por mucho que hago esfuerzos por acordarme no me acuerdo en absoluto del tema. A mediodía, imposible. Yo fui en un tren. Comí. Di clase de cuatro a ocho. Me invitaron a cenar. Y al día siguiente a las nueve me volví a Valladolid. No estoy en ninguna comisión de garantías en absoluto ni he tenido constancia. Si me han apuntado, me siento profundamente manipulado”.
Cuando eldiario.es envía a Alfredo Allúe las firmas con su nombre que aparecen en estas tres actas, rápido entiende el misterio. “Ni es mi firma, ni lo que pone debajo, lo de Alfredo Allué, es mi letra”. Así lo confirma también el peritaje caligráfico encargado por eldiario.es
Algo similar contesta otra de las supuestas firmantes, Ángela Figueruelo. Esta catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca asegura a eldiario.es que las rúbricas que figuran en estos documentos encima de su nombre no son suyas. “Esa no es mi firma ni mi letra”, indica. También dice desconocer qué es la Comisión de Garantía de Calidad a la que hace referencia el documento e incide en que en ningún momento le avisaron desde el Instituto de Derecho Público de que iban a utilizar su firma. “No sospechaba ni por lo más remoto que en nombre de otra persona se firmaban documentos sin hacérselos llegar a la afectada”, apunta en relación a esta actuación.
Figueruelo, que es vocal de la Junta Electoral Central, pertenece al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, pero asegura que nunca ha impartido asignaturas en el máster cursado por Cristina Cifuentes. Limita las relaciones que ha mantenido con Álvarez Conde, Souto y Rosado a “colaboraciones científicas” porque todos son abogados constitucionalistas. “He ido [a la Rey Juan Carlos] y han venido a [la Universidad de Salamanca] para dar conferencias dentro de la legalidad más absoluta”, reseña.
Tras conocer esta información, Ángela Figueruelo va a consultar si interpone acciones judiciales. Algo parecido ha decidido el profesor Alfredo Allué: “Como comprenderán voy mañana mismo a poner esto en manos de un abogado”, asegura.
A diferencia del documento falsificado que Cifuentes mostró para asegurar que había presentado su trabajo de fin de máster, la fecha de estas actas sí es real. Fueron fabricadas durante el curso de 2012, no en 2018.
La investigación de eldiario.es también ha podido constatar que ese papel oficial y falsificado sí se usó en ese curso para justificar la convalidación. Esta redacción no ha podido reconstruir al completo el complejo proceso de convalidación y quiénes participaron en él. Pero el informe caligráfico sí prueba que la única firma verdadera es la de Cecilia Rosado, la directora del máster de Cifuentes y también la principal sospechosa de falsificar, en 2018, el acta con el que Cifuentes intentó tapar la primera noticia de eldiario.es, según reveló Álvarez Conde.
Según el informe pericial, es también Cecilia Rosado quién escribe el resto de nombres de los firmantes: “Podemos determinar que los textos que aparecen en los documentos dubitados han sido realizadas por el mismo amanuense”.
Respecto a las rúbricas, la perito confirma que se han falsificado todas ellas por la misma persona: “Hemos podido concluir que en las seis firmas estampadas en los mencionados documentos dubitados existe una relación gráfica entre ellas, y por tanto consideramos, que las firmas estampadas en las muestras cuestionadas son falsas, a excepción de la firma que aparece como de Cecilia Rosado”.
eldiario.es ha intentado, desde hace más de dos semanas, contactar con esta profesora para recabar una explicación y confirmar si ella falsificó tanto estas firmas como las del acta del Trabajo Fin de Máster. No ha habido respuesta. Tampoco ha contestado Enrique Álvarez Conde a las preguntas de eldiario.es sobre estos nuevos documentos falsificados.
Cursar asignaturas ya convalidadas
Estas “actas de convalidación”, con sello oficial de la universidad y membrete, le daban a Cristina Cifuentes derecho a no presentarse a estas tres asignaturas porque, supuestamente, había aprobado ya otras equivalentes. Lo habitual es que salieran en las notas como convalidadas pero, la entonces delegada del Gobierno sacó nota: un notable y dos aprobados. El reglamento establece que en caso de que la asignatura cursada tenga calificación, se mantendrá en la convalidada.
Las asignaturas que Cristina Cifuentes y otros alumnos aprobaron por medio de estas actas falsificadas son tres: el notable del profesor Pablo Chico, ‘La Financiación de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales’, y los dos aprobados de la la profesora Susana Galera: ‘Las políticas públicas autonómicas y locales en ordenación urbanística y medio ambiente’ y ‘Estructura institucional de las comunidades autónomas y los entes locales’.
La asignatura de Chico es, desde el arranque de esta investigación, una de las grandes incógnitas aún por resolver. La maraña de versiones contradictorias sobre ella es enorme porque se trata de la misma asignatura que figuraba como “no presentada” en las notas de Cifuentes y que después una funcionaria conocida por Cifuentes cambió, en 2014, por un notable.
El acta demuestra que los responsables del máster intentaron que la asignatura de Chico fuese aprobada en 2012 por medio de una convalidación, aunque por alguna razón aún desconocida quedó en el expediente un “no presentado” que dos años después se modificó.
Estos documentos falsificados no solo dejan en evidencia las explicaciones previas de Cristina Cifuentes. También queda en entredicho el profesor Pablo Chico, que aseguró por escrito y con su firma –el 21 de marzo de 2018, tras la primera información de eldiario.es– que Cifuentes se había examinado y que él había corregido “personalmente” la prueba “en junio de 2012”. Chico también añadió entonces que todo se debió a “un error administrativo” que también afectó a otros alumnos. Pero si Chico corrigió ese examen, ¿por qué Cifuentes admitió dos semanas después, en la Asamblea de Madrid que no se examinó? ¿Y para qué se querría examinar Cifuentes de esa materia en junio si la tenía ya convalidada desde mayo?
Pablo Chico no ha contestado a las reiteradas llamadas de eldiario.es para recabar su versión sobre este nuevo documento. Fuentes del gabinete de la presidenta han señalado que “aunque te convaliden la/las asignaturas, si tienes un interés especial por alguna asignatura puedes cursarla sin problema alguno. Es potestativo, no es obligatorio”. Según esta explicación, aunque la presidenta tuviera esa materia convalidada, pudo ir a clase y examinarse voluntariamente. La asignatura había acabado un mes antes de que Cifuentes se matriculara.
Las otras dos asignaturas convalidadas las impartía la profesora Susana Galera (una de ellas junto a la docente Florentina Navas, que no ha respondido). Galera pertenece al departamento de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y sí ha querido responder a eldiario.es. “El día 24 puse en conocimiento de la inspección anomalías que detecté en mis actas cuando, al socaire de estas noticias, verifiqué si en el curso 2011/2012 impartí docencia en ese máster”.
Galera confirma que ella puso notas a una decena de alumnos, no a la veintena de matriculados, y añade que está “a disposición de la inspección para añadir y aportar la documentación” que le soliciten.
La inspección sobre el máster de Cifuentes sigue abierta. Investiga estas y otras irregularidades “muy graves”, según fuentes cercanas, en una semana donde también se espera el informe de la Conferencia de Rectores.
Desde este lunes todos los partidos de la oposición –PSOE, Podemos y Ciudadanos– exigen a Cifuentes su dimisión.