La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha presentado este viernes ante el tribunal que la juzga como perjudicada de una maniobra perpetrada por la Universidad Rey Juan Carlos, de la que ella obtuvo un máster en Derecho Autonómico que aparentemente nunca cursó. Cifuentes ha asegurado que recibió el acta falsificada de su defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) sin haber pedido ese documento porque ni siquiera sabía que existía uno propio para certificar ese acto académico. Durante unas dos horas de declaración, Cifuentes ha dicho además que no pidió a ninguno de sus colaboradores y tampoco a nadie de la Rey Juan Carlos que falsificaran el acta. “Nunca, jamás, a nadie”, ha afirmado.
La acusada ha dicho que cuando recibió el acta del TFM de la Universidad, le dio “garantía” porque procedía de la Secretaría del rector. De hecho, la mostró como prueba en un vídeo que publicó en sus redes sociales y en el que se declaraba víctima“ de la ”manipulación y las mentiras“ de este periódico. Ese vídeo luego fue borrado por ella y ha tenido que ser exhibido en el juicio con la marca de elDiario.es. ”A los que quieren que me vaya, no me voy“, entonaba la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid con el acta falsificada en la mano.
A preguntas de la fiscal, Cifuentes ha reconocido que tras revelar elDiario.es que había obtenido su posgrado con notas falsificadas pidió a sus colaboradores que hablaran con la universidad y recabaran “a la mayor brevedad posible los documentos acreditativos de que había realizado ese máster”. En concreto, ha afirmado que reclamó una copia del título, del pago de la matrícula y una certificación académica donde constaran las doce asignaturas y la defensa del TFM, pero nunca el acta porque era un documento del que no tenía constancia de su existencia.
Ese documento es el que sostiene la acusación por falsedad documental por la que se enfrenta a una petición de tres años y tres meses por parte de la Fiscalía que la acusación particular, que ejerce la Universidad Rey Juan Carlos, eleva a cuatro. La Fiscalía la considera inductora de su falsificación para justificar “una defensa de TFM que jamás se produjo”. Había que “evitar las nefastas consecuencias políticas”, sostiene la representante del Ministerio Público. Durante su interrogatorio, Cifuentes ha negado tales presiones. Ha insistido en que el citado 21 de marzo de 2018 no habló con “nadie” de la Universidad sobre los documentos de su máster. “Por no hablar no hablé ni con el consejero de Educación”, ha señalado Cifuentes, que ha explicado que ese día tuvo una “llamada perdida” del rector que vio con posterioridad y que decidió no contestar “para que nadie pudiera decir que yo había intervenido o mediatizado a nadie”.
Cifuentes sí ha reconocido que cursó el máster sin conocer a un solo profesor y ha afirmado que únicamente despachaba por teléfono con el fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el Instituto de Derecho Público que ofertaba su posgrado y epicentro de la trama. Y que fue él quien le dijo que podía aprobar el máster sin ir a clase ni hacer exámenes, únicamente entregando trabajos que ella le hacía llegar “en papel” a través de personas de su equipo o de su hermana, que es funcionaria en la URJC.
Sobre la defensa de su TFM: “Expuse unas líneas generales”
Sobre esos trabajos, ha afirmado que no guardó copia de ninguno de ellos. Tampoco del TFM, que ha mantenido que expuso el 2 de julio de 2012. No obstante, ha explicado que simplemente expuso las “líneas generales a dos o tres personas” que no sabía si eran quienes iban a evaluarlo ni si eran “un tribunal”. “Fue un acto informal en un despacho, no en un aula. Supongo que esas personas lo trasladarían a quien correspondiera para evaluarlo”. “Cuándo, cómo y quiénes integran el tribunal corresponde a la Universidad, no a mi”, dice Cifuentes, volviendo a señalar como responsable de cualquier irregularidad a la URJC. Cifuentes ha excusado que no guarde ningún trabajo de la Universidad porque su vida “ha sido muy complicada en los últimos años”, en referencia a cinco cambios de despacho y dos de domicilio.
La fiscal Pilar Santos ha intentado preguntar por qué Cifuentes ha entregado al inicio del juicio, dos años después del inicio del caso, la agenda electrónica que recoge una cita en la Rey Juan Carlos el 2 de julio de 2012, el día en el que ella asegura que acudió a exponer las “líneas generales” de su TFM. El presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, se lo ha impedido porque la ley ampara al investigado a aportar las pruebas en cualquier momento, si bien ha advertido que dicha agenda será valorada en su momento por el tribunal. A preguntas de su abogado, Cifuentes ha dicho que esa agenda es la copia que guardaba su secretaria y que ha sido ella quien se la ha remitido, sin haber intervenido la expresidenta en su contenido.
La acusada se ha desvinculado asimismo de María Teresa Feito, la asesora de su Gobierno que contactó en veinte ocasiones con la profesora que falsificó el acta el día de los hechos. Cifuentes ha asegurado que no conocía a Feito antes de que se convirtiera en asesora del consejero de Educación Rafael Van Grieken. Feito es profesora de inglés en la Rey Juan Carlos y acompañó a Cifuentes a recoger su título. Se sienta en el banquillo acusada igualmente de inducir a la falsificación.
Aquel día de recogida del título las atendió Amalia Calonge, funcionaria amiga de la hermana de Cifuentes, que también trabaja en la universidad, y que modificó el expediente de la expresidenta madrileña en el servidor interno de la universidad. A Calonge, Cifuentes ha asegurado que la conoce de “tres o cuatro veces” y que una o dos de ellas responden a visitas al tanatorio coincidiendo con el fallecimiento del padre y otra hermana de la expresidenta.