Cristina Cifuentes niega haber participado en la “confección ideológica o material” del acta falsificada del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con la que intentó defenderse de las primeras informaciones que apuntaban a que había obtenido un título de forma irregular en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Así lo asegura en el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que se opone a que la universidad pública, que es acusación particular en el caso Máster, recurra el archivo de casi la totalidad de esa causa decretado por la jueza Carmen Rodríguez-Medel.
Tras el carpetazo de Rodríguez-Medel, la causa que investigaba si se dieron títulos regalados a alumnos “escogidos” frente a otros “ordinarios”, quedó reducida a una investigación contra cinco personas -Cifuentes entre ellas- y solo circunscrita a la falsificación de la citada acta. No obstante, la expresidenta niega también haber cometido el delito de falsificación por el que sigue imputada y dice que esa es una cuestión que queda “fuera” de su “responsabilidad” porque “en ningún momento participó de la confección ideológica o material de ningún título”.
La representación de Cifuentes califica de “inaceptable” que, en su recurso, la URJC adjudique a Cifuentes, sin pruebas, un conocimiento de la falsificación de ese documento. Y señala que, en todo caso, esa falsificación “nada tiene que ver con ningún concierto, ni presumible ni no presumible”. También niega haber pactado las condiciones de realización académica del máster, que era otra de las cuestiones que pretendía investigar la jueza y que se quedarán sin esclarecer si no prosperan los recursos presentados.
En su escrito, Cifuentes también se refiere a las modificaciones de las notas de su expediente, realizadas por la funcionaria Amalia Calonge dos años después de que supuestamente aprobara ese título. Un hecho que tampoco se investigará salvo que se reabra el caso. Pues bien, a este respecto señala que esa “rectificación de notas” no puede vincularse a ninguna “instrucción” formulada por su parte.
Cifuentes, que hasta el archivo parcial estaba siendo investigada por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio, dice que en el escrito en el que pide que se reabra la causa, la URJC realiza una interpretación “sesgada e interesada” de los supuestos indicios existentes contra ella y asegura que basa su pretensión de que se continúe con la instrucción en “meras conjeturas o suposiciones”.
La decisión de la jueza de dar carpetazo a gran parte del caso Máster llegó tras un primer varapalo de la Fiscalía y el posterior archivo de las actuaciones referidas al líder del PP, Pablo Casado, por parte del Tribunal Supremo.