Cinco años de oposición policial al Gobierno progresista: el uso de Jusapol por PP y Vox para agitar la calle

El nacionalismo extremo de Vox encandila a un amplio sector de las Fuerzas de Seguridad, pero la oportunidad de agitar la calle y utilizar la alta valoración de sus miembros por la sociedad española, y su previsible reflejo en la mayoría de los medios de comunicación, es algo a lo que el PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido no renunciar. La última gran manifestación de policías y guardias civiles se acordó en la misma sede nacional del PP el pasado mes de diciembre.

Miles de agentes, familiares y simpatizantes de los uniformados habían llenado el centro de Madrid un año antes, en la manifestación del 27 de noviembre de 2021. Una protesta de las Fuerzas de Seguridad en reivindicación de sus condiciones laborales no resulta ajena a cualquier gobierno de la democracia, pero esta reunía una peculiaridad: los motivos de la concentración, al menos los públicos, respondían a una manipulación constatable de la realidad. Los manifestantes protestaban por lo que no decía un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.

La protesta contra la reforma de la conocida como Ley Mordaza, la de aquel día y la que se extendió posteriormente, es paradigmática respecto a la oposición ideológica de un amplio sector de policías y guardias civiles al Gobierno progresista. Pero esa beligerancia en las reivindicaciones que trascendían las condiciones laborales de los agentes se había fraguado antes de que Pedro Sánchez llegara al poder, concretamente en el mismo caldero que el auge de Vox, el que hervía al calor del proceso soberanista en Catalunya. 

Para aquella protesta del otoño de 2021, con Jusapol a la cabeza, los sindicatos policiales habían atraído a responsables políticos de toda la derecha, como ya hicieran en Barcelona el 20 de enero de 2018, el día en que la asociación policial se hizo visible más allá del ámbito de las Fuerzas de Seguridad. 

En la protesta de 2018, los policías y sus entornos llevaban una supuesta exigencia de subida salarial a Barcelona, donde no están ni la sedes del Ministerio del Interior ni de Hacienda, organismos de los que dependían la satisfacción de sus revindicaciones. Los sindicatos argumentaban que inundaban de banderas españolas la capital catalana porque así, de paso, apoyaban a los compañeros de la ‘Operación Copérnico’, el despliegue de las fuerzas estatales para intentar detener el referéndum nacionalista. 

Con el PP todavía en el Gobierno, su representante en primera línea fue Xavier García Albiol, quien encarna las posturas más xenófobas del partido. En el centro, previo a su estrepitoso fracaso político, Albert Rivera, dejándose fotografiar haciendo el gesto de la “J” de Jusapol con una mano y con otra agarrando la pancarta. Vox envió una nutrida representación. 

Aquel día, una nueva fuerza de choque política se erigía para lo que vendría después, la moción de censura y un Gobierno progresista con los “comunistas” dentro, una afrenta esta última que un sector de funcionarios obligados a mantener “neutralidad” en sus actuaciones por la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no estaban dispuestos a dejar pasar sin más. 

Tres años después de la manifestación de Barcelona, ya en noviembre de 2021, sindicatos policiales y líderes políticos de la derecha reunían en la capital de España a una multitud para protestar contra el texto que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos habían consensuado como enmienda a la reforma de la conocida como Ley Mordaza, impulsada por el PNV.

Para ello, Jusapol redactó un decálogo en el que denunciaba que su seguridad y la de los ciudadanos quedaría comprometida si esas propuestas de la izquierda se incorporaban al texto que sancionaba las infracciones sin categoría de delito. Una interpretación de un texto que casi nadie había leído pero que la mayoría de las tertulias televisivas de las mañanas repetían como una verdad indiscutible.

Sin embargo, el decálogo estaba repleto de omisiones a la totalidad del texto pactado, contradicciones respecto a su literalidad y algunas objeciones ideológicas que se supone no concernían a los policías, como cuando protestaban porque el DNI fuera a escribirse en lenguas cooficiales. 

Entre otros mantras se repetía que los policías se convertirían en “taxistas” de los detenidos una vez identificados en comisaría [leer aquí]. Decenas de miles de personas salieron a la calle: la letra pequeña era lo de menos, en letra mayúscula podían gritar contra Pedro Sánchez y Podemos. 

Víctimas y policías, la “sociedad civil” del PP

Un alto cargo del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Zapatero constata la novedad de esa hostilidad. “Nosotros también tuvimos tensiones y manifestaciones, pero las protestas tenían un contenido sindical, nada declaradamente político. Pero claro, Jusapol no existía”, afirma. 

Durante ese Gobierno socialista (2004-2011), la punta de lanza de la “sociedad civil” que utilizaba el PP contra el Gobierno eran las asociaciones de víctimas del terrorismo. El propio Rajoy llegó a encabezar grandes manifestaciones contra la supuesta “traición de Zapatero” a los asesinados por ETA. El PP llenaba autobuses que llegaban de toda España a Madrid, aunque la convocatoria oficial corría a cargo de la AVT, presidida entonces por Francisco José Alcaraz, que con el tiempo acabaría siendo diputado de Vox. 

La trascendencia del PP en esas protestas supuestamente ajenas a la política se ha reproducido en la última legislatura. El pasado 20 de diciembre, nueve sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil fueron convocados a la sede nacional del Partido Popular y allí acordaron manifestarse en la calle contra el Gobierno. El motivo aparente, otra vez la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se antojaba inminente. 

Desde el partido justificaron que se trataba del habitual encuentro que mantienen los presidentes del PP cuando llegan al cargo con los representantes de las Fuerzas de Seguridad. Pero algunos de los convocados entendieron, que además de interesarse por ellos y anunciarles la cantidad de leyes del actual Ejecutivo que iba a derogar, Feijóo les animaba a protestar. 

Más allá de interpretaciones lo que ocurrió después es que el líder de Jupol, Aarón Rivero, tras haberlo pactado con el PP, convocó al resto de organizaciones a una sala aparte de Génova, ya sin responsables del partido, para debatir la convocatoria de una manifestación urgente. 

La publicación por elDiario.es de esa reunión y la polémica que le sucedió terminó por desanimar a la mayoría de los presentes, pero Jupol, que goza de una mayoría arrolladora en la actualidad, siguió adelante con la convocatoria. También en Guardia Civil a través de Jucil. A cinco meses de las autonómicas y municipales, la cíclica precampaña que vive el país en los últimos años protagonizaba la vida política con especial intensidad. 

Si el Partido Popular contenía en su seno a la extrema derecha que se escindió y formó Vox, los sindicatos policiales tradicionales evitaban el maximalismo y la agresividad que exhibe Jusapol, primero asociación, que después se institucionalizó convirtiéndose en el sindicato de Policía Jupol, y en la asociación de la Guardia Civil Jucil, también mayoritaria. 

Los sindicatos tradicionales, con el SUP a la cabeza, se vieron arrollados en las elecciones internas de 2019 en la Policía por esas exigencias inflexibles y la agresividad que contra ellos también mostraba Jupol, tanto en redes sociales –donde sus trols atacaban a periodistas, políticos y compañeros– como en los propios centros de trabajo, según denunciaban. 

La hostilidad contra la izquierda o los nacionalistas en las manifestaciones de Jusapol alcanzó su cénit el 3 de marzo de 2020 cuando, embozados, los asistentes rompieron el cordón policial, ante la pasividad de sus compañeros de la Unidad de Intervención Policial, y accedieron a la zona de seguridad del Congreso de los Diputados. 

Nacionalismo vs. economía

Este movimiento corporativista presenta otro paralelismo con la política española: si las previsiones demoscópicas adelantan un triunfo de la derecha en las próximas elecciones pese a los buenos datos económicos, obtenidos en un contexto internacional de pandemia y guerra, los sindicatos tradicionales se hundieron pese a haber arrancado un acuerdo al último gobierno del PP que suponía una subida media de 400 euros netos mensuales para los miembros de las Fuerzas de Seguridad. 

La exigencia de Jupol y Jucil de no parar hasta la “equiparación salarial” con mossos y ertzainas, algo materialmente imposible –entre otras cuestiones por las distintas categorías en las jerarquías de unas y otras policías–, arrasó en las elecciones internas. “¿Y luego qué querrán, equipararse con los policías municipales? Si creemos en el Estado de las autonomías eso es absurdo”, asevera un antiguo cargo acostumbrado a lidiar con los sindicatos policiales. Jupol pretende que un policía nacional salga de la academia, sin necesidad de tener un título superior, con 2.500 euros como primer salario. La diferencia con otros funcionarios, como profesores o sanitarios, resulta enorme. 

Corrupción y elecciones sindicales

Justo un mes antes de las elecciones generales, los sindicatos policiales tienen su propia convocatoria. El 28 de junio se pone a prueba el estado de salud de las posturas radicales de Jupol. El sindicato Jupol llega a la cita con el desgaste de figurar como imputado en un juzgado de Madrid, así como su anterior secretario general, por malversación de fondos. 

La acusación con la que nació Jusapol de denuncia de los sindicatos policiales como un nido de prebendas y privilegios se tambalea con un caso que ha arrojado conclusiones de Asuntos Internos como el de las 97 tarjetas de crédito repartidas entre líderes del hoy sindicato mayoritario, una de ellas a nombre de su actual líder, Aarón Rivero. 

Resta por ver cómo será la relación de Jusapol si Feijóo alcanza La Moncloa. La intensa relación del PP con la principal asociación de víctimas, la AVT, se rompió un 27 de octubre de 2013, poco más de un año después de que Rajoy llegara a La Moncloa. Estrasburgo tumbó la 'doctrina Parot' y el Gobierno se vio obligado a aplicar reducciones de condena a los condenados por terrorismo. Aunque la entonces presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza –luego multicontratada por el Gobierno autonómico del PP en Madrid– intentó culpar desde el estrado a los jueces de la Audiencia Nacional, la muchedumbre se rebeló contra los políticos del Partido Popular allí presentes con gruesos insultos y conatos de agresión. La herramienta del PP en la oposición se le volvía en contra.

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