Alberto Casero (Cáceres, 1978) saltó a la fama a principios de febrero cuando pulsó el botón equivocado y permitió que el Gobierno sacara adelante la reforma laboral. Pocas semanas después, la guerra interna del Partido Popular le ubicaba más fuera que dentro de la ejecutiva nacional de la que formaba parte como 'número 3' de la formación. Ahora, además, tiene un frente judicial abierto: el Tribunal Supremo va a investigar cinco contratos sospechosos que adjudicó cuando era alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. Contratos, convenios y facturas que suman más de 94.000 euros y que, según la Fiscalía, fueron puestos en marcha por Casero saltándose los procedimientos de contratación. A veces ni siquiera informaba al Ayuntamiento que él mismo dirigía.
La carrera de Casero despegó en 2011 cuando arrasó en las elecciones municipales de Trujillo como cabeza de lista del Partido Popular y con una mayoría absoluta que triplicaba los concejales conseguidos por el PSOE en esta localidad de 9.000 habitantes. Una mayoría absoluta que revalidó en 2015 y que el PP perdió en 2019 cuando Casero ya había puesto rumbo al Congreso de los Diputados como cabeza de lista por Cáceres. Según las acusaciones que ahora pesan sobre él, además, en sus dos últimos años al frente del consistorio trujillano se dedicó a adjudicar contratos, pagar facturas y firmar convenios saltándose todos los procedimientos necesarios. El Ayuntamiento finalmente no pagó muchas de esas facturas y contratos y distintos juzgados de la provincia han condenado desde entonces al consistorio a pagar a los proveedores.
El psicólogo de violencia de género
El primer procedimiento sospechoso en la lista de la Fiscalía es de marzo de 2017. Casero acordó con el psicólogo Pablo Bonilla que ejercería en el consistorio para atender a mujeres víctimas de violencia machista. En total, cuatro facturas por un valor de 6.120 euros por el trabajo que afirma haber realizado entre marzo y junio de ese año. Además, en agosto, el alcalde firmó un contrato menor para él por servicios de psicología durante un año a razón de 18.000 euros. En ese momento ese era el límite para considerar un contrato menor y poder adjudicarlo sin concurso.
La Fiscalía explica que Casero comprometió estos 24.120 euros de dinero del Ayuntamiento sin informar al propio Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin poner en marcha un expediente de contratación y, por supuesto, sin consultar al órgano de contratación sobre la necesidad de contar con este psicólogo. De hecho, según la Fiscalía, tampoco consta que Bonilla realizara los trabajos por los que cobró. La atención a las víctimas de violencia machista para la que fue supuestamente contratado, además, se canalizaba a través de una Comisión que no tiene constancia de que el psicólogo hiciera algo. Un juzgado de Cáceres terminó condenando al Ayuntamiento a pagarle una factura de casi 3.000 euros.
El 'gastro-tour' de Perú
La segunda adjudicación sospechosa llegó en septiembre de 2017. Casero firmó como alcalde un convenio marco de cooperación institucional con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España. También firmó un acuerdo en el que el consistorio se comprometía a financiar ese convenio con 25.000 euros. Este convenio tampoco pasó por manos de los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, no aportó la copia a la Intervención y no fue aprobado por el pleno o por una resolución de la Alcaldía. Por supuesto, no se publicó en el Boletín Oficial del Estado ni fue sometido a ningún tipo de información pública a pesar de ser un contrato que, por su cantidad, no podía ser tramitado como una adjudicación menor y directa.
Este convenio se tradujo en un disgusto para Trujillo. Estaba pensado, destaca la Fiscalía, para pagar un 'gastro-tour' ese mismo año en colaboración con Perú. En noviembre de ese año Casero compareció en el Palacio de los Barrantes-Cervantes de la localidad junto con el embajador de Perú en España para presentar el proyecto. Ese año, en esta entrevista con la Cámara de Comercio peruana, Casero fue claro: “Nuestro municipio será el vínculo perfecto entre Perú y España”. Pero tres años más tarde la Cámara de Comercio de Perú en España interpuso un recurso contra el Ayuntamiento y reclamó una deuda de 30.250 euros en dos facturas que, denunciaba, no se habían pagado. Un juzgado de lo contencioso estudia la demanda de la Cámara de Comercio.
La entrega de premios
También en 2017, Alberto Casero firmó un acuerdo verbal con una asociación cultural llamada Bon Vivant. El acuerdo era, en principio, para un patrocinio y que la gala anual de entrega de premios 'Pop Eye' se celebraría ese año en Trujillo. A cambio, el Ayuntamiento ponía 18.000 euros de las arcas públicas, nuevamente el límite de un contrato menor. Estos premios, según su página web, se habían celebrado en la ciudad de Cáceres hasta 2017 y en 2018 tuvieron lugar en Trujillo. El alcalde, una vez más, no informó al consistorio, no tramitó un expediente de contratación ni tampoco un informe que demostrara la necesidad del gasto ni la aprobación del desembolso.
La operación a espaldas de la administración se repitió un año después: un compromiso de pagar 18.000 euros sin contar el IVA, y asumir 9.349 euros más en costes. La diferencia es que para entonces ya estaba en vigor la última modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que rebajaba el umbral de los contratos que se podían adjudicar a dedo: de 18.000 euros a 15.000 euros. A pesar de eso, según la Fiscalía Casero, no puso en marcha ningún tipo de procedimiento administrativo. Las facturas, finalmente, no fueron pagadas.
La Feria del Queso (I)
En enero 2018, Casero contrató a la empresa 'ICARO Consultores en Comunicación' para organizar otro evento gastronómico: la Feria Internacional del Queso. Esta Feria ubicó un centenar de puestos relacionados con la venta de queso en la Plaza Mayor de Trujillo, reunió a más de 100.000 personas y se consolidó como uno de los grandes eventos de la localidad. La organización corrió a cargo de este contrato de 14.303 euros, esta vez sí por debajo del umbral legal de los contratos menores, pero nuevamente sin informar al Ayuntamiento.
Casero, según la Fiscalía, no informó a los servicios legales del consistorio, no aportó el contrato firmado, no pidió ningún informe previo y la Intervención incluso reprochó que se hubiera tramitado como contrato menor cuando era un servicio previsible. La organización de la Feria del Queso ni siquiera era competencia del alcalde: existe una institución ferial llamada Ferex administrada por un consorcio del que forma parte el consistorio trujillano, pero también representantes de las diputaciones de Cáceres, Badajoz y de la Junta de Extremadura. Un juzgado de Cáceres condenó al Ayuntamiento a pagar 17.300 euros por los servicios prestados.
La Feria del Queso (II)
El último contrato que investiga el Tribunal Supremo llegó en las últimas semanas de 2018, cuando Casero firmó con Radio Interior un contrato para promocionar la Feria del Queso. Una vez más, Casero firmó un un pago superior a los 15.000 euros como si fuera un contrato menor. En este caso, además, era una prestación anual habitual que se repetía desde hacía siete años y, recuerda la Fiscalía, se tendría que haber sacado a concurso en un procedimiento abierto. Radio Interior demandó al consistorio y un juzgado condenó a la administración de Trujillo a pagar 18.100 euros a la compañía.