Juan Carlos Peinado se levantó lentamente de su silla y desenfundó con rapidez. Estuvo a punto de volarse la cabeza. No se había quedado muy a gusto cuando Begoña Gómez pasó tan poco tiempo en su juzgado el viernes, porque no se había molestado en notificarle una de las querellas. Le falló el truco de proponerle que declarara de todas formas después de una lectura rápida del contenido en el pasillo. Ahora no se le iba a escapar. Con motivo de la declaración por videoconferencia del empresario Carlos Barrabés como testigo, quería obligarla a que apareciera en el juzgado arriesgándose a ser detenida si no se presentaba. A ver quién le podía negar los titulares después de ese paso temerario.
El estado grave de salud de Barrabés había hecho que lo llamara a declarar como “prueba preconstituida” con lo que la grabación se podría utilizar en el juicio sin su futura presencia. ¿Pero a cuenta de qué venía la amenaza a Gómez? “La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá la práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, deberá estar presente”, dice el artículo 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa presencia es necesaria para asegurar el derecho de defensa del acusado, pero ni siquiera es imprescindible para proceder al interrogatorio. Si el defensor decide no presentarse, el juez puede recurrir a un abogado de oficio.
Dos horas después, Peinado tuvo que echarse atrás. Podía convocar presencialmente a Barrabés, porque ya lo habían dado de alta, y ahí aprovechó para dejar de considerarlo “prueba preconstituida”, con lo que Gómez no estaba forzada a asistir. Una cosa es ser el estandarte de la guerra de la derecha judicial contra Moncloa y otra, amenazar a una acusada.
Aunque no haya pruebas sólidas contra la esposa del presidente –al menos eso piensa la UCO que envió su informe al juez–, siempre queda la oportunidad de la humillación pública. Peinado se había dejado llevar por la pasión del hooligan que quiere que su equipo gane el partido por lo civil o por lo criminal.
Cuando Borja Sémper comenzó su rueda de prensa en la sede del PP, el juez ya había tomado la segunda decisión. El portavoz del Partido Popular sabía que tendría que hablar sobre la atención a los menores inmigrantes por los gobiernos autonómicos y las amenazas de Vox de romper sus gobiernos de coalición con su partido. Antes de eso, se ocupó de mencionar un tema por si no le preguntaban sobre él.
Debía soltar al menos un par de frases sobre Begoña Gómez. Eligió lo que ocurrió el día de su declaración abortada. “Fue a declarar rodeada de un escudo policial descomunal para evitar una foto incómoda, una foto de la vergüenza”, dijo Sémper.
El caso es que no eran los policías los que impidieron que se tomaran imágenes de Gómez dentro del edificio. La prohibición de hacer fotos en los pasillos de los juzgados de Plaza Castilla está en vigor con independencia de la identidad de la persona llamada a declarar como imputado o testigo, como bien saben los periodistas que conocen las normas. Da la impresión de que a Sémper le pareció muy mal que no se hicieran fotos de ella y de ahí que crea que hubo demasiados policías. En esas condiciones, no se puede montar un gran espectáculo, y eso que algunos ultras se saltaron todas las reglas.
Son días en que los jueces que están en boca de todo el mundo no pueden digerir tanto estrellato. Peinado no se ha visto nunca en una parecida y debe de estar disfrutando de cada momento, por lo que es fácil que dispare sin apuntar. En la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha estado metido en muchas batallas y no es la primera vez que acapara la atención de los medios ni que muerde el polvo.
Esta vez, se ha tragado toda una pista forestal. Guardó la instrucción del caso Tsunami en la nevera para utilizarla más adelante y se olvidó de sacarla antes de que caducara. La prórroga dictada por el juez en 2021 era ilegal por un solo día y ahora se ha visto obligado a cerrar el caso.
Sus esperanzas de impedir la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont al investigarlo por un caso de terrorismo quedaban esfumadas. El martes, el Tribunal Supremo archivó la causa, que le había llegado por ser aforado el expresident. Antes de la prórroga, “no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa”, es decir, el juez no hizo nada en relación a Puigdemont. Sólo hubo una súbita resurrección cuando se empezó a negociar la ley de amnistía. Milagros judiciales.
No todos los magistrados que forman parte del show están tan dormidos. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre tuvo un arrebato de urgencia y envió el martes al Supremo la causa por la presunta trama rusa, por la que pretende que se acuse a Puigdemont de traición, lo que impediría que se beneficiara de la amnistía. No es tonto Aguirre. Había visto cómo la Audiencia Nacional había cortado las alas a García Castellón al aceptar un recurso de las defensas y no iba a permitir que le pasara lo mismo.
Tenía pendiente concluir la “parte esencial” de la pieza separada de la instrucción abierta hace poco tiempo, el 21 de junio. No había hecho mucho al respecto. Lo que sí habían hecho las defensas es presentar recursos ante la Audiencia de Barcelona contra su decisión de reactivar la trama rusa. Aguirre no esperaría a recibir la respuesta.
Los hechos imputados a Puigdemont y otras personas son los mismos que se conocen desde hace años. Hasta ahora, no le habían servido al juez para llevar el caso a juicio. Nadie se sorprenderá al saber que ahora mismo le permiten empaquetarlo y facturarlo con destino al Tribunal Supremo.
La creatividad judicial no está exenta de riesgos, como ha comprobado García Castellón. Pero en el caso de él y de Aguirre, no se puede negar que esa tendencia a conservar los casos en formol hasta que puedan ser útiles ha generado una gran dosis de titulares favorables en cierta prensa. Ellos siempre dirán que no están buscando la fama o el reconocimiento. Tampoco aceptarán que sus decisiones sean sospechosas de partidismo en favor de la oposición.
Son los jueces preferidos de la derecha por razones que están a la vista de todos. Lo que no se puede negar es que están sudando la toga para que la amnistía no se haga realidad.