La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, tomará declaración el próximo día 23 al exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, que comparecerá ante la magistrada más de tres años después de haber sido imputado en la causa, en marzo de 2011.
La juez Mercedes Alaya, en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, convoca además a Antonio Garrido Santoyo, exdirigente del PSOE de Jaén que apareció como “intruso” en el ERE de Mercasevilla, donde no había trabajado nunca, y al comercial de la aseguradora Vitalia Francisco José González García.
La providencia explica que tomará las declaraciones después de haber recibido el atestado de la Guardia Civil sobre los dos ERE de Mercasevilla, cuya investigación dio lugar a la actual causa en la que ya hay 151 personas imputadas.
La Fiscalía Anticorrupción y varios abogados defensores habían urgido en diversas ocasiones a Alaya que tomase declaración a una veintena de personas, algunas de ellas imputadas hace tres años, para “garantizar sus derechos” y avanzar en la investigación.
Entre otros, se encontraban en ese caso Antonio Rivas, exdelegado de la consejería de Empleo en Sevilla, que por fin fue citado en febrero pasado; Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla que todavía no ha comparecido, y el exgerente de Mercasevilla ahora convocado.
En su atestado sobre los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007, entregado el pasado día 8, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dijo que, al descubrirse el caso, la Junta de Andalucía no envió al juzgado “ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente, sino que se montó un expediente ex profeso”.
Según la Guardia Civil, la subvención a Mercasevilla se concedió “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, lo que ha supuesto una menor fiscalización y una mayor arbitrariedad en su adjudicación”.
La UCO mantiene que la Junta pagó en los diferentes ERE de Mercasevilla unos excesos de comisión de 635.573, 96.840 y 76.791 euros.
Del ERE de 2003 se beneficiaron tres trabajadores que no cumplían el requisito de edad y en el de 2007 se incluyó como “intruso” a Lanzas, lo que según la Guardia Civil “no puede corresponder sino a un intento de pagar parte de su comisión por su mediación ante la Junta de Andalucía para que financiase las prejubilaciones”.
En el ERE de 2007 se incluyó también como “intruso” a Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE de Jaén y extrabajador de Coosur, a quien se asignaron unas rentas de 441.961 euros.