El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Melilla, Francisco Ramírez Peinado, tomará declaración en los próximos días como imputados a tres de consejeros del Gobierno de Melilla en el marco de la operación que investiga una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, los consejeros citados son el de Economía y Hacienda, Daniel Conesa; el de Medio Ambiente, Jose Ángel Pérez Calabuig, y el de Seguridad Ciudadana, Francisco Calderón.
Ellos son los responsables políticos de tres de las áreas que se encuentran bajo sospecha, según las fuentes, relacionadas con empresas del agua (Hispanagua), electricidad (Himosa) y seguridad (Eulen).
Los consejeros son algunos de las 35 personas vinculadas a este procedimiento judicial -15 detenidos más 20 citados como imputados-, que investiga delitos de prevaricación, malversación, fraude y cohecho dentro de la denominada como operación Tosca.
En una operación similar, denominada Ópera, el consejero de Medio Ambiente fue detenido, mientras que el de Economía y Hacienda fue también imputado.
El juez Ramírez Peinado tiene previsto continuar hoy con la toma de declaraciones de los detenidos en Melilla, seis de los cuales pasaron ayer a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.
Entre ellos se encontraban la gerente de la sociedad pública Promesa, Carolina Gorgé, el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, y responsables de las empresas Eulen e Himosa.
El objeto de la investigación, que inició la jueza María José Alcázar, anterior titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, es el de esclarecer las presuntas irregularidades de determinados órganos de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de contratación pública.
Aunque inicialmente la instrucción se centró en los contratos menores -aquellos que no exceden los 18.000 euros para la prestación de servicios o 50.000 euros para las obras-, que eran supuestamente fraccionados para eludir la contratación mediante concurso, se ha ampliado al resto de contratos en los que sí habría sido necesario un procedimiento público.
Para los investigadores, existen indicios de que podría haberse producido una “concertación previa” entre los responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la administración autonómica para determinar el resultado del concurso.
Todo ello, según las fuentes, con la connivencia entre las personas físicas y jurídicas encartadas y los responsables de la Administración contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios “recíprocos”, en perjuicio del erario público.