La Audiencia Nacional busca los contratos y pagos perdidos de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata no lo tendrá fácil en su investigación de las irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid, un macroproyecto que se inició en 2004 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre y cuyo legado, más de una década después, es un edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros.
El tribunal ha visto indicios de cuatro delitos (malversación, prevaricación, tráfico de influencias y societario) en la gestión de las macroinfraestructuras que planeaba la Comunidad de Madrid con proyectos encargados a eminencias de la arquitectura de todo el mundo.
Bucear en los expedientes administrativos del Campus de la Justicia no será una tarea sencilla para la Audiencia Nacional. Es lo que se deduce del informe de la Cámara de Cuentas en el que se basa la denuncia presentada por el Ejecutivo regional que presidía Cristina Cifuentes el pasado marzo y que ha dado lugar al inicio de esta investigación. En su informe de fiscalización, el organismo auditor admitió que le había sido imposible calcular todo el dinero público que se había tragado el macroproyecto porque faltaban contratos, hojas de contabilidad y documentación para acreditar algunos pagos.
La Cámara de Cuentas examinó todos los años de vida del Campus: los que estuvo en funcionamiento y cuando ya era una sociedad fantasma, sin actividad pero con gastos.
En todo caso, la información obtenida sí sirvió a ese organismo para concluir que la empresa pública que se creó para poner en marcha el macroproyecto no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público. El juez De la Mata, que toma ahora las riendas de la investigación, considera que estas prácticas presuntamente irregulares podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.
De hecho, el órgano fiscalizador admitió que el propio cálculo del agujero de 100 millones de euros era una estimación a la baja por la “ausencia” de “una buena parte” de la documentación justificativa. Por ejemplo, en el capítulo de gastos, que asciende a 95,3 millones de euros, muchos de ellos están sin justificar porque se hicieron en base a una documentación de la que no hay ningún rastro. Así ocurre con parte de los 6,4 millones de euros destinados a publicitar las bondades de la unificación de las sedes judiciales, pues en ocasiones “no consta ni el contrato ni la copia de las inserciones concretas”.
La falta de contratos también afectó a las licitaciones públicas, donde la Cámara sospecha que pudieron producirse amaños. Por ejemplo, los técnicos destacan que en algunos concursos se potenciaron requisitos para favorecer a compañías concretas o se produjeron concurrencias falsas, una práctica habitual para amañar concursos y que consiste en que se presentan a la oferta tres empresas, pero que están vinculadas entre sí.
El descontrol sobre los gastos es el hilo conductor de todas las conclusiones que extrajeron los consejeros de la Cámara de Cuentas. Resaltaron haber encontrado unas transferencia de 9 millones de euros que tardó nueve meses en apuntarse en la contabilidad y sobre la que tampoco se aclaró la entidad de destino. Sobre otras transferencias fue imposible el control porque las entidades bancarias no aportaron todos los datos.
Sin colaboración de los bancos
En este punto, la auditoría destaca que La Caixa, la entidad con la cuenta más activa, no contestó a los requirimientos de los auditores. Las otras dos entidades financieras en las que el Campus de la Justicia mantuvo abiertas cuentas entre 2005 y 2014 -Caja Castilla la Mancha y Bancaja (hoy Liberbank)- contestaron parcialmente, pero solo sobre algunos de los ejercicios y no a toda la información que se les solicitaba.
Con ese mismo problema se encontraron los consejeros del órgano fiscalizador a la hora de analizar los movimientos de las tarjetas de crédito de los directivos de la entidad. “No se ha podido disponer de los datos completos referidos a la operativa de una tarjeta Visa Platino, a pesar de los diversos requerimientos efectuados a la entidad bancaria correspondiente”, lamenta la Cámara de Cuentas, que solo pudo detectar gastos por un importe de al menos a 15.647,20 euros que, además, “no se encuentran debidamente justificados”.
Tampoco pudieron saber los consejeros de la Cámara de Cuentas a qué responde el ingente gasto en comidas y viajes. Su informe resaltó que “no aparece documentalmente justificado, en general, ni los participantes en esas actividades ni el motivo de las mismas, que permita claramente determinar la justificación de su abono por parte de la sociedad”.
Por otra parte, los auditores también resaltaron la existencia, a partir de 2008 y con prórroga el ejercicio siguiente, de pagos mensuales de 3.500 euros a un determinado fotógrafo, sin que se pudiera localizar “ningún contrato en los archivos [de la Ciudad de la Justicia] que diera cobertura legal al citado pago”.
En la investigación abierta ahora por el juez José de la Mata, que ha sido declarada secreta, se ha requerido información a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la misma confirman que la Policía Judicial requirió documentación en la tarde del martes a este organismo y que sus responsables actuales la entregaron a los agentes.
El Consejero de Justicia más involucrado en el Campus de la Justicia fue Alfredo Prada, padrino político de Pablo Casado, que lo ha devuelto a la dirección nacional del Partido. El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.
