Juan Marín se juega este domingo en las urnas no solo poder mantener con vida las siglas de su partido en Andalucía, un reto que a tenor de las recientes encuestas se le presenta más que cuesta arriba. El candidato de Ciudadanos también ha puesto en jaque su futuro político. Él mismo se ha fijado el listón: si no obtiene más de tres diputados o el partido sobrevive por la mínima, con un solo escaño –el suyo–, se irá a su casa y abandonará la política. No hará como Francisco Igea, quien, al igual que Marín, ocupó la vicepresidencia de un Gobierno autonómico y ahora es el único procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León.
Con ese vértigo afronta el candidato estas decisivas elecciones. Y por moral, no queda, porque tanto Marín como Inés Arrimadas están convencidos de que parte de los andaluces que siguen aún indecisos se darán cuenta al final de que Ciudadanos es “la única garantía” de que Vox no entre en el Gobierno del PP, como pretende a toda costa su candidata, Macarena Olona, quien en el último debate electoral advirtió a Moreno Bonilla que tendrá que hacerla vicepresidenta “si tan sólo necesita un escaño” para ser investido de nuevo presidente de la Junta. “No lo va a ser si Vox no está dentro del Gobierno”, remachó, descartando también la abstención de su partido.
Ante esa disyuntiva, el objetivo que se ha marcado Ciudadanos es intentar reeditar a toda costa el pacto con el PP, partido que según los últimos sondeos se hace con la mayor parte de su electorado hasta acercarse a la mayoría absoluta. Moreno Bonilla ha dicho que, de ser así, prefiere “gobernar en solitario”. Pero Marín no se ha dado por aludido y se ha volcado en esta recta final de la campaña en recordar a sus antiguos votantes, por un lado, que ellos han sido coparticipe de que Andalucía sea “la locomotora económica de España” . Y por otro, en alertar de todos los males habidos y por haber que supondrá que el PP tenga que depender de Vox. Mientras Marín advertía de que con los de Abascal “no iría ni a recoger billetes de 500 euros”, la propia Arrimadas aseguraba que “ni de coña” participarían en un gobierno en el que estuviera la extrema derecha.
Pese a su entusiasmo, el segundo debate electoral celebrado el pasado lunes no ha servido para dar un empujón a la candidatura del dirigente naranja, que se vio desplazado por el resto de sus rivales. Marín se centró en Olona y alertó de que si se pone de acuerdo con Moreno se pondrá “en riesgo la autonomía de Andalucía”, mientras acusaba a la alicantina de “repartirse los sillones antes de que los andaluces voten”.
Un discurso que defiende la “igualdad de todos los territorios”
No obstante, según todos los sondeos, el PP –y no Vox– va a ser el gran beneficiado de la caída de Ciudadanos, logrando quedarse con casi todo su electorado. Y en el partido parecen ya resignados a que su socio de Gobierno les vaya a 'fagocitar' el 19J. Así que se han centrado también en atraer votos de esas mismas filas, de los desencantados con el PSOE y también de parte de ese electorado de Vox que no comparte algunos de sus posicionamientos extremistas [como la negación de la violencia de género, o su intolerancia hacia la inmigración], pero que ve con agrado el discurso de la “unidad de España” y la defensa de los valores “patrios”, así como el “peligro” que suponen los nacionalistas, a los que, al igual que Vox, creen que Pedro Sánchez se ha “entregado” solo por sus ansias de permanecer en La Moncloa.
De ahí que la líder del partido, Inés Arrimadas, decidiera adoptar el mismo discurso identitario de España que ya utilizó en Catalunya y a insistir sobre la “igualdad territorial”, aprovechando para distanciarse por ese flanco del PP, cuyo nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, apostó nada más estrenar su cargo por una España de las autonomías que mantenga “la identidad política, cultural y lingüística de los territorios”. Poco después, el coordinador general de este mismo partido, Elías Bendodo, declaró en una entrevista con el diario El Mundo: “Yo creo que, efectivamente, España es un Estado plurinacional”.
Aunque Bendodo luego intentó matizar sus declaraciones, asegurando que se refería a “nacionalidades”, no a que Catalunya fuera “una nación”, Ciudadanos aprovechó para contraatacar. El partido de Arrimadas, que ganó en 2017 las elecciones en Catalunya precisamente con un discurso furibundo contra los nacionalismos, se lanzó entonces a equiparar al PP con el PSOE. “El PP, como los nacionalistas, Podemos y Sánchez, dice que España es 'un Estado plurinacional’. Es decir, que no es una nación y dentro de ella hay territorios de primera y segunda. En el PP siempre han actuado como si tal cosa fuera así y ahora además lo reconocen públicamente”, dijo Arrimadas en Twitter.
Sus críticas fueron compartidas por la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, que también utilizó esa red social para lamentar que “el Partido Popular antes compraba las ideas al PSOE. Ahora se las compra al separatismo racista. Este es el discurso que ha convertido Andalucía en una región de segunda, solo por su lealtad a España, nuestra única nación”.
Reforma de la Constitución para acabar con las “nacionalidades y regiones”
Poco después, en un desayuno informativo en el que presentó a Marín, Arrimadas sorprendía adelantando en Sevilla, en plena precampaña electoral, la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) de reforma de la Constitución para su debate en el Congreso en la que se pide eliminar del artículo 2 de la Carta Magna la referencia a “nacionalidades y regiones”, y para que se reconozca “en pie de igualdad” a todas las comunidades autónomas. Es decir, que no haya “comunidades de primera y de segunda”. Aunque desde Ciudadanos lo niegan, la propuesta, que Marín no ha tenido más remedio que asumir, va en contra del propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por consenso, que consagra a la región como una “nacionalidad histórica”.
Este martes el PP y el PSOE rechazaban una moción de Ciudadanos en la Comisión Constitucional del Senado en la que se pedía “sustituir la diferencia entre 'nacionalidades' y 'regiones' por la 'nación de ciudadanos libres e iguales' que es España”. El partido de Arrimadas lamentó “las excusas del bipartidismo” para no blindar esa distinción en la Constitución, y recordó que “durante décadas PSOE y PP han permitido el uso interesado del artículo 2 para justificar las cesiones sistemáticas al nacionalismo”.
Aunque quizás el mejor ejemplo de que Ciudadanos ha querido explotar al máximo ese discurso “identitario” como arma electoral en Andalucía fue una reciente intervención en el Congreso del diputado por Málaga Guillermo Díaz, quien acusó tanto al PP como al PSOE de “asumir los mismos marcos” de los nacionalistas. “El nacionalismo es la ideología letal que pudre las mentes y aniquila la convivencia. Defiende que las personas son siervos de las lenguas, pero lo más preocupante es que tanto PP como PSOE asumen sus marcos”, señaló.
Díaz advirtió de que “es crucial no entrar jamás en los marcos del nacionalismo porque consideran al nacionalismo siervos de la lengua”. “El PSOE está plegado al nacionalismo. España es un medio para un fin, y ese fin es Pedro Sánchez pero, ¿tiene esto claro el Partido Popular”, les preguntó, mientras destacaba lo que cree que es una incoherencia de Feijóo que ha dicho que “Catalunya, el País Vasco y Galicia tienen lengua propia”. ¿Tiene Andalucía lengua propia o es prestada? Y si lo tienen, claro, ¿a que viene el cacao de la plurinacionalidad?“, les espetó .
El diputado siguió preguntado a los de Feijóo si ellos “tienen claro cuántas naciones tiene España”. “¿Es nacionalidad Andalucía?; ¿es nacionalidad Extremadura?”, les preguntó, para retar luego tanto al PP como al PSOE a que expliquen en esta campaña electoral en Andalucía “lo que va a suponer para los andaluces la tesis de que unas zonas son naciones y las otras son regiones”.
Ciudadanos también ha criticado al Gobierno de Sánchez por su “pasividad” ante la negativa de la Generalitat a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), avalada por el Supremo, que exige garantizar un 25% de castellano en la enseñanza catalana. Tanto los de Arrimadas como los de Abascal han pedido volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en la autonomía por no cumplir esa sentencia .
Ambos partidos aprovecharon una de las última sesiones de control al Gobierno para pedir explicaciones al Ejecutivo sobre este asunto. Santiago Abascal se dirigió directamente al presidente del Gobierno para saber “hasta cuándo va a permitir el desacato institucional de las sentencias judiciales en Catalunya realizado con la clara intención de perseguir la presencia del idioma español en las aulas”. Y Edmundo Bal lanzó una pregunta casi idéntica, pero a la ministra de Educación, Pilar Alegría: “¿Va a seguir el Gobierno sin hacer nada para garantizar el derecho de las familias de Cataluña a escolarizar también en español a sus hijos?”.