Ciudadanos plantea impedir la tramitación de las medidas en materia de igualdad que aprobó el Gobierno y que se tienen que convalidar en el Congreso. El partido de Albert Rivera ha anunciado este miércoles que ha solicitado un informe sobre la constitucionalidad del decreto ley que iguala los permisos de paternidad y maternidad. En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende modificar una ley orgánica haciendo uso de un instrumento jurídico que, a su juicio, no lo permite. Además, la Diputación Permanente podrá enmendar los decretos.
El representante de Ciudadanos en la Mesa de la Diputación Permanente, Ignacio Prendes, ha anunciado que su grupo ha pedido un informe a los letrados de la Cámara porque el decreto de igualdad, que recoge entre otras medidas la equiparación de los permisos entre progenitores, modifica una ley orgánica. Según Ciudadanos, esa figura legislativa no puede modificar una norma de ese rango.
“Tenemos muchas dudas de que esto sea posible y no sea inconstitucional. No creemos que se pueda modificar una ley orgánica”, ha asegurado al finalizar la reunión de la Mesa. Prendes ha recordado que “existe una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales varios artículos diciendo que un decreto ley no puede modificar materias de una ley orgánica”.
El PSOE acusa a Ciudadanos de “rayar la prevaricación”
Sin embargo, fuentes socialistas se muestran convencidas de que el decreto de igualdad laboral cumple con la Constitución porque modifica una ley pero no los aspectos orgánicos de la misma. “La ley orgánica 3/2007 no es orgánica en su totalidad. Solo una parte. Lo que se modifica con el decreto ley es la parte no orgánica”, explican esas fuentes. Esa ley de igualdad de 2007 tiene como aspectos orgánicos, por ejemplo, la paridad en las listas electorales.
El número dos del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha cargado duramente contra Ciudadanos, a quien ha acusado de “rayar la prevaricación” al intentar que un decreto no se tramite en el Congreso. “La Constitución en artículo 78 y en el 86 deja clarísimo que los reales decretos se tienen que someter a la convalidación del Congreso y no hacerlo es caer en delito de prevaricación”, ha advertido el dirigente socialista, que ha asegurado que los argumentos de Ignacio Prendes son “excusas”: “No es verdad que haya precepto orgánico alguno que esté incluido en el decreto de igualdad”, ha dicho sobre la modificación legislativa. Además, ha explicado que los letrados de la Cámara ya se lo han dicho de forma “verbal” a los representantes de la Mesa en la reunión de este miércoles.
La resolución de este nuevo conflicto parlamentario se producirá previsiblemente este jueves, cuando la Mesa del Congreso se reunirá de nuevo para abordar el informe que Ciudadanos ha solicitado a los letrados. Los servicios jurídicos del Congreso tendrán que determinar si el decreto ley que el Gobierno aprobó hace ya diez días cumple con la normativa o, si como sostienen los de Rivera, pretende legislar con esa figura más allá de lo que ésta le permite.
Ciudadanos considera que la Mesa del Congreso puede impedir la convalidación del decreto si los letrados consideran que vulnera la legislación al modificar una ley orgánica. El PSOE sostiene que el decreto debe tramitarse en cualquier caso y que debe ser “el pueblo español representado en la Diputación Permanente” el que se pronuncie. “Quien establece la constitucionalidad es el Tribunal Constitucional”, ha rematado Simancas.
El Congreso podrá enmendar los decretos de Sánchez
En la reunión de este miércoles, la Mesa ha visto, además, el informe de los letrados que solicitó la presidenta, Ana Pastor, sobre cómo se deben tramitar los decretos ley que el Gobierno ha aprobado una vez que las Cortes están disueltas y es la Diputación Permanente la que se hace cargo de la actividad de la Cámara.
La conclusión es que ese órgano interino puede convalidar los decretos y después tramitarlos como proyectos de ley –esto es que los grupos puedan hacer cambios al texto– si así lo decide una mayoría parlamentaria. Los plazos para la tramitación –que incluiría también al Senado– los irían disponiendo las Mesas de ambas Cámaras con una fecha tope: el 20 de mayo, un día antes de que se constituyan las nuevas Cortes tras las elecciones generales. El Senado puede oponerse al proyecto de ley o enmendarlo. En caso de que lo vete, el texto vuelve al Congreso, que debe aprobarlo por mayoría absoluta.
Por ahora, los cuatro decretos que ha aprobado el Gobierno desde que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones para el 28 de abril –igualdad laboral, vivienda, medidas de contingencia para hacer frente a un Brexit sin acuerdo y medidas sociales como la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años– están en riesgo. Ni ERC, ni PDeCAT ni PNV garantizan su apoyo y critican la actitud del Gobierno de legislar hasta el último minuto porque consideran que se trata de propaganda electoral.