Ciudadanos utilizó las resoluciones de la Junta Electoral Central en las que participó su asesor Andrés Betancor para hacer campaña. El partido que entonces dirigía Albert Rivera basó su discurso sobre Catalunya, como siempre, pero hizo especial hincapié en asuntos como la retirada de los lazos de la Generalitat o la prohibición a Carles Puigdemont de ir en las listas al Parlamento Europeo. Los recursos a la JEC por parte de esta formación fueron una herramienta más de propaganda.
Compartió esa estrategia con el PP para atraerse al electorado de la derecha -con el que también pugnaban con Vox- en los distintos comicios que tuvieron lugar durante el año pasado: además de las generales de abril de 2019, las europeas celebradas en mayo de ese mismo año -que coincidieron con las municipales y autonómicas-, y a las que se presentó Puigdemont junto a Toni Comín y Clara Ponsatí.
Una de las decisión más polémicas que tomó la JEC ante los recursos presentados por Ciudadanos y PP fue la la exclusión de los tres candidatos de la lista “Lliures per Europa” presentada para las elecciones europeas. Esa resolución acabaría siendo revisada por el Supremo y el Constitucional, que fallaron contra las conclusiones del órgano electoral, en cuya votación participó el entonces asesor jurídico de Ciudadanos apoyando que los tres fueran excluidos de la candidatura.
El 30 de abril, un mes antes de esa cita con las urnas, que tuvo lugar el 26 de mayo, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, celebró públicamente la decisión de que “los fugados de la Justicia” no pudieran concurrir a esos comicios, como reclamaba Ciudadanos: “No queremos que un fugado de la Justicia vaya al Parlamento Europeo a hablar de ruptura y a criticar nuestras propias instituciones”. “Quien no respeta las leyes y las instituciones no puede cobrar de ellas”, sentenció.
Rivera ya lo había dejado escrito el día anterior en su perfil de Facebook: “Buena noticia: La Junta Electoral acepta el recurso de Ciudadanos y prohíbe a Puigdemont presentarse a las europeas. Quien da un golpe de Estado y se fuga de la Justicia no puede presentarse a unas elecciones en ese Estado y cobrar un sueldo público”.
La controversia con los lazos amarillos
Otras de las decisiones de la JEC más aplaudidas por Ciudadanos fue la obligación a la Generalitat de retirada de lazos amarillos de los espacios públicos, como pidió el partido ante la proximidad de las generales del 28 de abril, una campaña en la que, además, ya se habían implicado personalmente meses antes el propio Albert Rivera e Inés Arrimadas en algunas de sus visitas a Catalunya. El partido lo celebró así en Twitter.
De inmediato, el entonces líder se congratuló también en su perfil.
La retirada de símbolos independentistas ya había sido solicitado a la JEC por Ciudadanos en las elecciones autonómicas de 2017 en las que Inés Arrimadas logró ser la candidata más votada. Este organismo ordenó ya entonces que no figuraran ni carteles ni lazos en edificios institucionales o en colegios electorales. Ese periodo electoral le dio mucho trabajo al organismo público en el que ya estaba como vocal Betancor. El líder de Ciudadanos se hizo eco de la petición de su partido en su cuenta de Twitter:
En esa campaña de las autonómicas del 21 de diciembre, el partido de Arrimadas fue muy beligerante con todo lo referente a los partidos independentistas. El aún secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, adelantó el 14 de noviembre que iban a presentar un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para que TV3 dejara de ser “Telepuigdemont”.
“Vamos a presentar un escrito ante la JEC para que TV3 deje de ser la televisión del proceso y sea la televisión de todos los catalanes, para que se garantice la pluralidad y la neutralidad de una televisión que pagamos todos los catalanes”, explicó De Páramo.
La JEC falló a favor del partido y Rivera volvió a aplaudir en Twitter la resolución, en la que participó Bentancor.
Expertos en derecho consultados por esta redacción señalan que la participación de Andrés Betancor en las votaciones de los recursos presentados por Ciudadanos, partido que le tenía contratado como técnico y asesor jurídico al mismo tiempo, es más que cuestionable. Estos juristas citan el artículo 23 de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público que establece cuándo deben de abstenerse de intervenir en los procedimientos “las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones” y lo deben de comunicar “a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente”.
El apartado e) del citado artículo se incluye como motivo de abstención: “Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.