La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo, Edmundo Bal, y el jefe de la delegación de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, acuden este lunes a presentar una denuncia en el Tribunal de Cuentas por el rescate de Plus Ultra por la parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según ha adelantado el partido. Ciudadanos considera que la ayuda de 53 millones concedida a la aerolínea española por parte del Gobierno “es ilegal”.
Según la información publicada por elDiario.es, la compañía, cuyo rescate ha provocado toda una tormenta política, está controlada por empresarios venezolanos considerados próximos a Maduro y tiene como acreedora a una sociedad en Panamá vinculada a antiguos testaferros de Rodrigo Rato. El rescate de Plus Ultra va a beneficiar a una firma domiciliada en Panamá, un territorio que fue incluido justo antes de la pandemia por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en su lista negra de paraísos fiscales. Esa sociedad está vinculada a Reyes Rojas, que administra en Panamá más de una decena de sociedades.
En diciembre de 2017, y para evitar entrar en causa de disolución, Plus Ultra suscribió un préstamo participativo de 6,3 millones de euros con la panameña Panacorp Casa de Valores, SA. Esta firma, autorizada y regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, pertenece, según sus últimas cuentas publicadas (2019), a Panam Capital Market Holding, SA, que fue constituida en Panamá 2008 y que en el momento de crearse tenía entre sus directores al propio Rodolfo Reyes Rojas.
El caso lleva tiempo en el punto de mira de la formación de Arrimadas, que ha pedido explicaciones. Pero también el PP ha pedido una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto y Vox ha anunciado una querella en el Tribunal Supremo por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación.
Ciudadanos y su ofensiva sobre el caso
El más beligerante en Ciudadanos ha sido Garicano, que presentó una queja ante la Comisión Europea (CE) por ese rescate por considerar “no era una empresa estratégica para la economía española y estaba ya en crisis antes de la pandemia” de la COVID, por lo que no cumpliría con los requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. Garicano, además, puso en duda que los problemas de la aerolínea procedieran únicamente de la crisis del coronavirus y dejó en el aire la sospecha de que la compañía habría incurrido en “maniobras contables”.
Según sus datos, en 2019 Plus Ultra acumulaba 13,4 millones en pérdidas, lo que habría hecho que expirara más de la mitad del capital social suscrito, 19,2 millones. En esta situación, habría sido catalogada como “empresa crisis”, lo que le impediría recibir ayudas estatales. Pero con el objetivo de eludir esta declaración, según Garicano, Plus Ultra incorporó un préstamo participativo de 6,3 millones de euros concedido por Panacorp, empresa radicada en Panamá, paraíso fiscal. La empresa calificó sus acusaciones de “falsedades” y “calumnias”. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que el rescate se justifica por los 350 empleos directos y los 2.500 indirectamente vinculados a Plus Ultra, por la importancia del sector turístico y por el papel de la aerolínea en la oferta de vuelos para migrantes que viven en España o a sus familiares de países como Venezuela, Ecuador o Perú.
En el Congreso, tanto Arrimadas como Edmundo Bal han exigido en reiteradas ocasiones al Ejecutivo que comparezcan para dar explicaciones las ministra de Economía, Hacienda y el de Transportes, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos, respectivamente, al considerar que los datos que se han ido conociendo sobre la ayuda pública concedida a Plus Ultra demuestran “un cúmulo de despropósitos”. “El cúmulo de despropósitos va a peor y las explicaciones siguen sin llegar. No pararemos hasta llegar al fondo de este escándalo”, escribió Bal el pasado 9 de abril en un mensaje en su cuenta de Twitter. El portavoz parlamentario de Ciudadanos se hizo eco en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara Baja de una información publicada por el diario 'El Mundo' que corroboraba los datos de Garicano, según la cual Plus Ultra negoció su venta entre 2014 y 2016 con un grupo de empresarios por 2,5 millones de euros, unas 21 veces menos que el importe que ha recibido ahora del fondo de rescate de la SEPI. Además, recordó que “no es solvente ni es estratégica” y entre cuyos accionistas, según señaló, hay personas investigadas por las autoridades estadounidenses por presuntos delitos de blanqueo de capitales.
Arrimadas califica de “pufo” y de “escándalo” la operación y señala al Consjeo de Ministro
Tras presentar la denuncia, Ciudadanos ha explicado que ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue las responsabilidades en las que puede haber incurrido todo el Consejo de Ministro de Sánchez por el rescate público a la aerolínea dado “que es quien avala la decisión en última instancia y sin cuyo sello no se pueden dar estas ayudas”. Además, extiende su petición a la SEPI, y a los gestores del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Los dirigentes del partido piden al Tribunal de Cuentas que “en cuanto tenga acreditados los hechos irregulares que alega Ciudadanos, inicie un juicio por responsabilidad contable contra las autoridades y particulares que hayan participado en el negligente rescate que ha costado 53 millones a todos los españoles”.
“Desde Ciudadanos apreciamos irresponsabilidad en autoridades y beneficiarios ya que existen una falta de solvencia y de condición estratégica acreditadas así como la violación de las normas y requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobado por la Comisión Europea”.
Durante el acto de presentación de la denuncia Arrimadas ha advertido de que “Ciudadanos seguirá llevando a cabo su firme labor de oposición a los desmanes y desaguisados de este Gobierno”, mientras calificaba de “pufo” y de “escándalo” la operación. “Es un escándalo que mientras no se han dado ayudas a los autónomas ni a los sectores afectados por la crisis se concedan estos rescates a dedo”, ha señalado, unas ayudas que ha calificado además como “opacas” .
Por su parte, el jefe de la delegación europea de Ciudadanos, Luis Garicano, ha afirmado a la salida de la presentación de la denuncia que el tema “ya olía muy mal”, y todos los hechos que se han ido conociendo hasta ahora “corroboran sus sospechas”, que la empresa “no estaba en crisis” y pese a todo recibió ayudas estatales.