Ciudadanos obliga a sus grupos municipales a firmar contratos mercantiles de prestación de servicios para cobrarles trabajos de asesoría legal, contable, fiscal, sobre organización y publicitaria, así como locales e incluso material informático. El documento marco que rige esa relación comercial y al que ha tenido acceso eldiario.es, y que se reproduce íntegro al final de esta información, contiene seis páginas que establecen los vínculos entre “el prestador [Ciudadanos, partido de la Ciudadanía] y el prestatario o grupo político”. La relación es muy similar a la que mantienen las franquicias con sus establecimientos asociados y vincula a Ciudadanos y a cada grupo municipal a través de contratos bilaterales.
El contrato está firmado, en representación del partido, por el secretario general de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado Arroyo, y también por cada portavoz en el Ayuntamiento en nombre del grupo municipal. En él se establece “que el prestador es un partido político que dispone de los bienes y medios para la consecución de las funciones que le son exigibles al prestatario en su condición de grupo político. Que al prestatario le interesa utilizar los bienes de los que dispone el Prestador [...], que en relación con lo expuesto ambas partes suscriben voluntariamente el presente Acuerdo Marco”.
El anexo del contrato detalla cuáles son los servicios que Ciudadanos vende a sus grupos de concejales: suministro de sistemas informáticos, disponibilidad de locales y de otros bienes inmuebles, servicios para la dotación y mejora de la imagen corporativa, asesoramiento jurídico, contable y fiscal, de organización y gestión de nóminas, trabajos auxiliares. El documento añade una coda habitual en los contratos mercantiles: “Los servicios proporcionados por el Prestador deberán tener un contenido lícito, posible y determinado”. La duración de esa relación comercial es de un año pero el contrato prevé tres prórrogas para que pueda extenderse a toda la legislatura.
Aunque es la primera vez que el contrato ve la luz, la fórmula no es nueva: desde su nacimiento Ciudadanos siempre ha facturado a sus representantes públicos a cambio de determinados servicios. Ya en las cuentas de 2014, las últimas publicadas en su página web, el partido registró en sus cuentas un capítulo de “Prestación de Servicios” que recaudó 1.317.520,49 euros, en el que la mayor partida –entre las cuotas, las donaciones y las aportaciones de los cargos electos– correspondió a la “asesoría a grupos parlamentarios” que sumó 860.444,93 euros. Pero entonces Ciudadanos solo tenía grupo parlamentario propio en Cataluña y dos eurodiputados en Bruselas.
Ese apartado de los presupuestos creció hasta 1.244.000 euros en 2015, año en que Ciudadanos multiplicó su representación en las municipales en las que logró 1.459.876 votos, y 1.527 ediles. El montante del año pasado computa también los ingresos procedentes de los grupos parlamentarios de Ciudadanos en las diferentes comunidades autónomas salidos de los comicios de mayo de 2015.
La ley de financiación de los partidos impide que el dinero de las subvenciones públicas que los grupos municipales reciben de los Ayuntamientos se trasvase hacia los partidos o sus fundaciones. La Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas ha sido tajante: no parece, sin embargo, admisible la petición de los grupos políticos de que la asignación municipal sea ingresada en la cuenta de la coalición provincial en vez de ser transferida a su cuenta específica. En dicho supuesto habría que entender que el ayuntamiento está subvencionando directamente a la coalición o partido político. También el Tribunal de Cuentas lleva años poniendo reparos a los partidos que lo han intentado.
Este tipo de contratos mercantiles faculta a Ciudadanos para cobrarle a sus grupos políticos en diferentes instituciones por servicios que la central del partido en Barcelona les presta al precio que la dirección del partido determina. Su propio secretario de Finanzas y firmante de los contratos, Carlos Cuadrado, explica que la idea surgió tras una consulta a un bufete de abogados: “Nos dieron unas pautas para cumplir la ley, había que tener un acuerdo firmado si queríamos prestar servicio a los grupos municipales. Es lo que hacen las empresas públicas”. Cuadrado admite que la firma de esos contratos es obligatoria en todos los ayuntamientos: “Los grupos municipales tienen independencia pero las reglas internas del partido solicitan que eso se firme para tener transparencia y que quede todo claro. Trabajamos para controlar que no haya movimientos de dinero inadecuados”.
También el secretario de organización del partido, Francisco Hervías, defiende la normalidad de estas contrataciones como un mecanismo preventivo “contra la corrupción que si fuese utilizado por PP y PSOE hubiera evitado algunos escándalos”.
Fuentes municipales aseguran que en algunos casos esa facturación de Ciudadanos a sus grupos municipales ha recibido reparos de interventores y secretarios de ayuntamientos. Como ejemplo, los locales que varios grupos municipales han intentado alquilar a costa del partido y que no han recibido el visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento puesto que el grupo ya disponía de espacios en las instalaciones del consistorio.
DOCUMENTO EXCLUSIVO: El contrato mercantil que Ciudadanos obliga a firmar a sus grupos municipales