La “regeneración” de Ciudadanos: apuntala los gobiernos del PP tras cuatro años denunciando su corrupción

Cuando en 2015 Albert Rivera decidió que Ciudadanos dejara de ser un partido exclusivamente catalán para impulsarlo como una formación nacional, el principal mensaje con el que se presentó ante los electores fue que “venían a regenerar España”, ofreciéndose a liderar “un pacto de Estado contra la corrupción”. Sus ácidas críticas contra el Partido Popular y el PSOE fueron constantes, atacando lo que denominaban “bipartidismo caduco” y acusando a las dos formaciones de portar sendas “mochilas repletas de corrupción”.

Pese a ello, Rivera ha optado por apuntalar a ambas formaciones allí donde han visto posibilidad de sumar aunque el partido gobernante llevase años en el poder. Aunque en un inicio el partido trató de armar un mensaje en el que no importaba la formación a la que diesen sus votos, sino el acuerdo alcanzado siempre sobre la base de la regeneración, lo cierto es que Ciudadanos ha abandonado por completo esa estrategia para sumar sus votos al PP en territorios donde los conservadores llevan décadas instalados e inundados por la corrupción.

Hace cuatro años, Andalucía acogió el primer gran pacto de Ciudadanos, ya que la formación naranja se había convertido en 2015 en la pieza imprescindible para que Susana Díaz se mantuviese en el poder tras unas elecciones en las que el poder histórico del PSOE había quedado tocado. El idilio con los socialistas apenas duró tres años y en pleno juicio de los EREs se precipitó el adelanto electoral por la negativa de Ciudadanos a aprobar los presupuestos presentados por el Gobierno de Díaz.

Desde entonces, Rivera ha repetido hasta la saciedad el mantra de que no le importan “las sillas” sino “los proyectos”. Pero las elecciones andaluzas de 2018 acabarían situando a su partido en un plan que les ha obligado a sumar fuerzas con la extrema derecha de Vox para entrar en los gobierno autonómicos liderados por el PP.

La formación de Rivera decidió que el PP se hiciera con la presidencia de la Junta pese a que su candidato, Juanma Moreno, había sacado el peor resultado de la historia del partido en esa región y a que el PSOE había vuelto a ganar. Ese 'pacto a la andaluza' necesitaba de Vox, formación con la que al final han tenido que contar PP y Ciudadanos para sacar adelante los primeros presupuestos del nuevo bipartito de la comunidad.

La operación andaluza acabaría por marcar tendencia en Ciudadanos, aunque Rivera ya había quedado retratado en la foto de las tres derechas en la madrileña Plaza de Colón, antes incluso de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral. Tras las autonómicas y municipales del 26 de mayo, Ciudadanos ya se ha ofrecido al PP para mantenerles en el poder en tres comunidades autónomas en las que llevan gobernando desde hace más de 20 e incluso 30 años: Castilla y León, Madrid y Murcia, todas ellas afectadas por graves escándalos de corrupción.

Rivera ofrece sus votos pero exige que sea el PP quien pague la factura de negociar con Vox. Una suerte de acuerdo oculto que ha empezado a cansar al partido de extrema derecha, que ha estado amenazando estas semanas con desaparecer de esos pactos. Ya dio el primer aviso en Murcia, donde ha frustrado por dos veces la investidura del candidato popular, Fernando López Miras.

2015: pacto de investidura con Cifuentes

En Madrid, feudo de los populares desde 1995, Ciudadanos optó en 2015 por ayudar a la dirigente del PP Cristina Cifuentes a mantenerse en el poder a pesar de los numerosos sumarios que ya entonces acechaban al partido a lo largo de los más de 20 años de gobiernos y del legado del aguirrismo. Lezo, Púnica, o las investigaciones en torno a la gestión del Canal de Isabel II son algunos de los juicios que esperan al Partido Popular. El líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, tutelado por la dirección nacional decidió cerrar un pacto de investidura que apuntaló a Cifuentes en la presidencia, igual que hoy porfía en llevar a Isabel Díaz Ayuso a la presidencia. El argumento, de entonces y ahora es simple: con Cifuentes o Díaz Ayuso al frente, los populares, “vigilados” por Ciudadanos, iban “a regenerarse”.

Lejos de cumplirse el pronóstico en la anterior legislatura, Cifuentes acabaría cayendo después de que eldiario.es contase sus manejos para obtener un máster universitario sin hacer un solo examen ni ir a clase. Mientras Cifuentes maniobraba para tapar el escándalo fabricando pruebas para defenderse, el PSOE decidió presentar una moción de censura en Madrid y proponer a Ángel Gabilondo como candidato a la presidencia.

A Ciudadanos le bastó con la dimisión de la presidenta madrileña para seguir apoyando al PP cuyo gobierno, a partir de entonces, quedaría en manos del segundo de Cifuentes, Ángel Garrido. Llegaron las elecciones del 26M y Pablo Casado se deshizo de Garrido, proponiendo a Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia. El exnúmero dos de Cifuentes acabaría semanas más tarde anunciando su fichaje por Ciudadanos cuando ya formaba parte de la candidatura del PP a las europeas, asestándole un duro golpe a Pablo Casado en la última semana de campaña para las generales.

Los resultados del 26 de mayo en Madrid situaron a Ciudadanos como un partido al alza, tanto en votos como en escaños, frente a un PP que se desplomaba. Pese al incremento en apoyos no hubo sorpasso: Rivera tenía en su mano las llaves del poder, pero no el poder en sí mismo.

Cuatro años después de aquel acuerdo con Cifuentes, Ciudadanos vuelve a pactar en Madrid con la formación a la que su líder regional, Ignacio Aguado, no ha dejado de acusar de seguir “arrastrando los pies” ante la corrupción. El acuerdo que han cerrado con la popular Isabel Díaz Ayuso depende de Vox, con el que Ciudadanos aseguró que no iban a negociar pero cuyos votos han aceptado para repartirse la Mesa de la Asamblea regional. El pacto está atravesado de guiños a la extrema derecha, que sigue sin aceptarlo y le pide a los de Rivera que pongan “fin al apartheid” con ellos.

Martínez-Almeida, alcalde de Madrid gracias a Cs y Vox

Antes ya había llevado al Ayuntamiento a José Luis Martínez-Almeida, tras firmar con el PP un acuerdo municipal y de que los populares a su vez suscribiesen otro -contradictorio en varios puntos con el pactado con Ciudadanos- para desalojar a Manuela Carmena, candidata del partido más votado, del consistorio.

Ahora los de Rivera se han visto forzados a sentarse con la formación de extrema derecha para desbloquear la investidura de Fernando López Miras en Murcia. Ciudadanos negó al principio la existencia de una negociación, argumentando que la reunión -que duró cinco horas- tenía como único objeto el de “compartir un café”, según declaraciones de Juan Carlos Girauta. Ese desplante y las declaraciones de otros dirigentes de Ciudadanos provocaron que los dirigentes de Vox se levantaran de la mesa. Un café largo, que se ha atragantado a los negociadores, que han tenido que volver a la mesa para evitar la repetición de las autonómicas.

Murcia, donde el Partido Popular gobierna desde 1995, es uno de los territorios donde Ciudadanos es imprescindible para apuntalar al PP, que ha sufrido un duro desgaste por sus casos de corrupción. Después de días de tensión, la posibilidad de acuerdo ahora parece que está cerca.

Ciudadanos también ha conseguido cerrar el pacto con el PP en Castilla y León, otro de los feudos históricos que los populares van a conservar gracias a los de Rivera. Allí ambos partido han pactado un gobierno sin injerencias de Vox. El popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido elegido presidente de la Junta gracias a los 29 diputados de su grupo y los 12 de Cs. La formación que lidera Pablo Casado lleva gobernando esa Comunidad Autónoma desde que José María Aznar se hiciese con el poder en 1987. Francisco Igea, el líder regional de la formación naranja, a pesar de ser uno de los críticos con la política de pactos de Albert Rivera, será vicepresidente.

Al mismo tiempo que negociaba los pactos, su partido figuraba en una denuncia de corrupción contra los populares que toda la oposición pactó presentar durante el anterior mandato cuando pasasen los comicios.

Frente a esos apoyos constantes al poder del PP, Ciudadanos solo mantiene un cordón sanitario con el PSOE. Rivera ha decidido mantenerse firme a las presiones del mundo de la empresa y asegura que hará todo lo posible por impedir la investidura de Pedro Sánchez, prevista para la semana del 22 de julio. Ninguno de sus pactos en las autonomías tiene a los socialistas como socios.

Con sus acuerdos para sustentar al PP en Madrid, Murcia y Castilla León, Ciudadanos asume el riesgo de verse arrastrado por todo lo que los tribunales están decidiendo sobre la corrupción de los populares en esas tres comunidades autónomas. En Madrid quedan piezas de Gürtel por cerrar y juzgar, mientras los tribunales siguen avanzando en las investigaciones de los casos Púnica y Lezo.

En Castilla y León el partido de Rivera va a mantener a un Gobierno al que ha denunciado por corrupción en el mismo momento en el que se producían las negociaciones. Allí los juzgados investigan otras tramas, las más ruidosas sobre adjudicaciones eólicas o el polémico edificio Perla Negra.

En Murcia también se esperan novedades de los tribunales. Si los plazos de la investigación no lo impiden, el PP seguirá acechado durante la próxima legislatura. El proceso más importante es el caso Auditorio, en el que el expresidente del PP, Pedro Antonio Sánchez, se enfrenta a petición de penas de cuatro años de cárcel por los delitos de prevaricación continuada y fraude de subvenciones.