Las claves del acuerdo alcanzado por el Gobierno y EH Bildu para reformar la ley mordaza tras nueve años en vigor

Más de seis años después de la llegada a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez y más de nueve desde la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por el Congreso gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, la coalición de gobierno ha llegado a un acuerdo con los independentistas vascos para modificar la norma tras varios intentos infructuosos y pese a la oposición a algunos de los aspectos de la ley de la mayoría de partidos políticos con representación parlamentaria desde su aprobación.

Para entender los entresijos de esta negociación, la relevancia de que finalmente se haya llegado a un acuerdo y las posibilidades de que esta vez sí llegue a término es importante tener algunas cosas claras. Estas son las claves:

¿Qué cambios se introducirán en la ley?

El acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y EH Bildu (puedes consultarlo aquí) modifica la denominación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que, una vez fuera aprobada, pasaría a llamarse “Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana”. El acuerdo, que ha sido comunicado desde el Congreso por los portavoces de la formación abertzale en una rueda de prensa, afecta a los cuatro puntos concretos que provocaron que tanto EH Bildu como ERC se apartasen del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el resto de socios de investidura en 2023.

En primer lugar, se acuerda modificar el apartado cuatro del artículo 37 de la norma para acabar con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas. Para ello, ahora serán considerados infracciones “los insultos o injurias” dirigidos a miembros de las fuerzas de seguridad en lugar de la definición anterior de “faltas de respeto y consideración”, mucho más amplia y abierta a la interpretación. Además, se añade que deben ser expresiones “relevantes”, impide considerar como sancionable la “disconformidad” con un mandato legítimo o el ejercicio de la libertad de expresión y se dejará sin efecto la sanción si el implicado se retracta o pide disculpas.

Otra de las modificaciones acordadas este jueves es la transformación de infracción grave a leve de la desobediencia a la autoridad y a sus agentes, así como la resistencia “utilizando oposición corporal” o la negativa “manifiesta y clara” a identificarse cuando así lo ordene una autoridad. En el nuevo artículo, que pasaría a ser el apartado 20 del citado artículo 37 en la nueva ley, se especifica que esta infracción solo aplica cuando la orden dada por los agentes sea “legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico”, al que no aparece en la ley en vigor.

El tercer punto de acuerdo se refiere a la utilización de pelotas de goma por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se deberán sustituir por medios menos lesivos de forma progresiva. Mediante una disposición adicional nueva, se obliga a las autoridades a desarrollar protocolos específicos para la gestión de manifestaciones y reuniones y que incluyan, entre otros detalles, el material antidisturbios a utilizar y obliga a evitar aquellos materiales “que causen lesiones irreparables”, así como la eliminación “progresiva” de las balas de goma.

Por último, se establece un plazo de seis meses para revisar la Ley de Extranjería y en concreto su disposición adicional décima (aprobada en el año 2000 durante el gobierno de José María Aznar), en la que deberán reconocerse y garantizarse “los derechos de las personas migrantes”. Para ello, se establecerá como obligatorio “el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional” de forma previa al proceso de posible expulsión del migrante.

Reacciones al acuerdo

“Con este acuerdo desbloqueamos la situación y logramos que la gran asignatura pendiente, terminar con la ley mordaza, vaya a hacerse realidad”, ha celebrado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el acuerdo, que ha salido a la luz tras más de seis meses de conversaciones y negociaciones, según indicaban fuentes parlamentarias a elDiario.es este jueves. De parte del Gobierno, apenas se ha pronunciado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha destacado que la ley será “moderna y alineada inequívocamente con los valores constitucionales” sin entrar a valorar el contenido del acuerdo.

Todas las fuerzas políticas se han posicionado sobre el acuerdo a lo largo del jueves, incluso algunos como el coordinador general del PP, Elías Bendodo, antes siquiera de que fuera presentado por los portavoces de EH Bildu. Bendodo ha dicho que “es una ofensa al conjunto de los españoles” y que le parece “escandaloso” que el Ejecutivo haya reactivado “el intercambio de presos por presupuestos”. Más tarde, el gobierno de Almeida lo ha tildado de “indecente” e “indigno”.

Por su parte el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado las modificaciones acordadas de “retoque estético” y cree que es “claramente insuficiente”, ya que en su opinión no se prohíben expresamente las pelotas de goma ni se eliminan las devoluciones ilegales de personas migrantes, las llamadas devoluciones en caliente.

En una línea opuesta se manifestó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha presumido de que el PSOE ceda a sus demandas y ha llegado a calificar el pacto de “acuerdo histórico”. Esquerra Republicana fue uno de los grupos que tumbó la modificación acordada por PSOE y Sumar en 2023 por no colmar sus demandas.

Tanto el PNV como Junts han anunciado ya que presentarán enmiendas al texto pactado entre el Gobierno y el grupo vasco. Por parte de los nacionalistas vascos, advierten de que propondrán cambios en lo que respecta a las faltas por desobediencia y se alegran por el acuerdo porque “lo que se está proponiendo es la iniciativa que impulsamos nosotros en 2017”, según ha recordado su portavoz Aitor Esteban en el Congreso. Desde Junts solamente trasladan que estudiarán las modificaciones y que “negociarán” sin hacer “adhesiones”.

Del consenso en la oposición a la falta de apoyos para derogarla

La reforma de la ley mordaza ha sido una de las principales demandas del conjunto de los socios parlamentarios progresistas del Gobierno ya desde la pasada legislatura. También en el plan de regeneración aprobado en septiembre se aludía a a ella, aunque sin concreción alguna. En el capítulo titulado “Establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación” se fija la “reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La derogación de esta ley orgánica, que ha acabado siendo popularmente conocida como ley mordaza, formó parte de las promesas de campaña de Pedro Sánchez, en su etapa como líder de la oposición, cuando afirmaba que el PSOE derogaría la norma en cuanto llegase al Gobierno. También Podemos e Izquierda Unida reclamaban la reversión de la norma, lo que quedó plasmado en el acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos para la primera coalición progresista.

El acuerdo sobre esta ley entre PSOE y Sumar quedó plasmado en el pacto de investidura: “Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal)”, recogía el documento firmado el 24 octubre de 2023.

Pese a todo, la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó para cercenar el derecho de protesta lleva ya más tiempo en vigor bajo la mayoría parlamentaria que prometió derogarla que con el Ejecutivo que la impulsó.

Intento fallido de reformar la norma en 2023

El Congreso estuvo a punto de desmontar la ley el año pasado, después de una tortuosa negociación entre los socios parlamentarios y el Gobierno. Las conversaciones chocaron en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”.

El uso de las pelotas de goma no estaba regulado en la ley de 2015 y la permisividad sobre las devoluciones en caliente estaban incluidas en una disposición adicional de ese texto, pero el Gobierno pedía abordarlas en una futura reforma legislativa.

Ya en la legislatura actual, Sumar registró una propuesta que rescataba todos los acuerdos conseguidos durante los años anteriores, pero que volvía a dejar fuera esos cuatro puntos polémicos, en aras de volver a abrir una discusión dentro del Congreso con los demás grupos. La propuesta, defendían desde el grupo parlamentario, desmontaba el 98% de la ley mordaza.

No obstante, a mediados de julio de 2023 la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que su grupo había llegado a un acuerdo con el PSOE para la derogación de la norma, que finalmente solo incluía la modificación de un punto del texto: el referente a la difusión de imágenes policiales; algo mucho menos ambicioso que lo acordado en la pasada legislatura y que lo registrado por ese grupo en el Congreso hace unos meses, lo que provocó que ERC y Bildu no apoyasen la modificación. 

ERC y EH Bildu han seguido manteniendo sus líneas rojas sobre esa ley, como se comprobó en la comparecencia de Sánchez del mes de agosto, y se negaron entonces a dar sus votos para una reforma que no abordase los cuatro puntos que habían generado conflicto en la negociación anterior.