La Habana, 16 jul (EFE).- El parlamento cubano tramita a partir de mañana las futuras leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería, tres normas que están generando dudas y controversia por sus posibles repercusiones en medio del mayor éxodo de la isla en décadas.
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, unicameral) va a aprobar previsiblemente sin apenas cambios los borradores de estas tres leyes que caminan de la mano y que se han presentado públicamente en las últimas semanas.
Estos son, según los expertos, los principales cambios que incorporan esas tres normativas, así como las mayores interrogantes que generan para los cubanos que viven tanto dentro como fuera del país.
Las reformas son claves para cientos de miles de cubanos, los que se han marchado de la isla en los últimos cuatro años y los que siguen pensando en migrar de ahora en adelante.
Residencia efectiva
La residencia en Cuba ya no se podrá mantener entrando al menos brevemente cada 24 meses o solicitando prórrogas desde el exterior, sino que -salvo excepciones- será preciso vivir en el país más de la mitad del año para disfrutarla.
Las dudas que surgieron con las repercusiones que este cambio podía tener sobre los derechos patrimoniales parecen quedar zanjadas con el anuncio de la inclusión de un artículo que garantizaría que los cubanos en el exterior puedan mantener una casa o un coche en propiedad en la isla.
La incertidumbre provenía de la vigente Ley General de la Vivienda, que asegura que los cubanos que pasen 24 meses seguidos fuera del país pierden sus derechos patrimoniales.
La nueva norma contempla además que los cubanos no residentes puedan heredar propiedades en la isla, si cumplen con procedimientos y requisitos.
Retirada de la ciudadanía
El proyecto de Ley de Ciudadanía faculta al presidente de Cuba a despojar de la ciudadanía por decreto a quienes se alisten “en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar” contra Cuba o sus ciudadanos y a quienes realicen “actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales” del país.
El afectado debe residir fuera del país o contar con otra nacionalidad para que se le retire la ciudadanía, aunque se contemplan excepciones por motivos graves.
Varias ONG y defensores de los derechos humanos han advertido sobre el potencial uso político de la desnacionalización en Cuba, apuntando a Nicaragua como reciente ejemplo.
En noviembre pasado el Consejo de Ministros aprobó una lista terrorista que incluye a 61 personas, entre ellas activistas, líderes del exilio e “influencers”, así como a 19 organizaciones, afincadas en su mayoría en Estados Unidos.
Residencia para ricos e inversores
El proyecto de ley de Migración apunta que personas con un “importante patrimonio” podrían solicitar la residencia permanente, así como quienes quieran “realizar inversiones” en Cuba, para los que se crea una nueva categoría migratoria. Hasta ahora los extranjeros sólo podían obtenerla vía matrimonio o reconociendo hijos.
En diversos puntos de estas normativas se alude a motivos económicos. La de Migración, por ejemplo, asegura en su introducción que busca ofrecer “soluciones migratorias” en el contexto del “nuevo modelo económico”.
Entrar y salir del país
El proyecto de ley de Migración permite a las autoridades prohibir la entrada en Cuba a personas relacionadas con “acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano” o por “razones de defensa y seguridad nacional”.
También se puede prohibir la salida a cualquier persona por “razones de defensa y seguridad nacional”, por “carecer de la autorización establecida” al ser considerado “fuerza de trabajo calificada” para el país, para “garantizar la seguridad y protección de la información oficial” e, incluso, por “interés público”.
Médicos, militares y periodistas, entre otros profesionales, han tenido históricamente limitada su salida de Cuba. También algunos opositores y activistas fueron “regulados”. Asimismo varios activistas cubanos han denunciado en los últimos años que, sin explicación de motivos, se les ha denegado la entrada de vuelta en el país tras salir al extranjero.