La coalición se encamina a una nueva pelea en la negociación política de los Presupuestos de 2022

El Ministerio de Hacienda ha comenzado ya a trabajar en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, los segundos del Gobierno de Pedro Sánchez. Superado el cansancio que supuso la ardua negociación de los anteriores, que se prolongó desde enero de 2020 hasta que el Gobierno decidió ir directamente a por los de 2021, la coalición se prepara ya para una nueva batalla interna que luego se trasladará al resto de grupos del Congreso, donde los apoyos sí parecen más claros que los de hace un año.

El departamento que pilota María Jesús Montero activó esta semana el proceso al publicar la orden ministerial con las normas de elaboración de los presupuestos. El siguiente hito es el techo de gasto, que establece el límite de inversión pública y que supone la antesala de la aprobación de las cuentas públicas. El año pasado batió un récord gracias a la inyección de los fondos europeos, y en Hacienda esperan que la senda sea similar para el próximo ejercicio. 

La idea del Gobierno es presentar esas cifras en este mes de julio para que las cuentas públicas estén “en tiempo y forma”, que es lo que defendió este jueves Pedro Sánchez en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta). La Constitución marca que el proyecto del Gobierno debe comunicarse a las Cámaras el 30 de septiembre, como tarde. Un precepto que raramente se ha cumplido en la última década.

En la parte socialista del Gabinete no quieren profundizar en los detalles –argumentan que esos trabajos aún no han comenzado– más allá de cuestiones genéricas como la transición ecológica, la transformación digital, la modernización del tejido productivo, la igualdad de género o el impulso de la economía de los cuidados “abordando un plan específico que sitúe a las personas en el centro de la economía”. 

Con todo, el PSOE sí ha dejado algunos mensajes sobre qué quiere, y qué no quiere, en las cuentas de 2021. Sánchez envió el mensaje claro de que no será este ejercicio el que aborde la ambiciosa reforma fiscal que prometió en su investidura y que figura en el acuerdo de coalición firmado con Unidas Podemos. “No vamos a abrir en los Presupuestos de 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año”, sentenció en una rueda de prensa en Moncloa este viernes. El presidente explicó que la prioridad del Gobierno es la recuperación económica y la superación de la crisis de la pandemia.

Es el mismo argumento que esgrime para ralentizar el incremento del SMI, a pesar de que celebra la mejora de los datos económicos, especialmente los de creación de empleo. En junio, se ha registrado un dato histórico en reducción del paro.

En este caso, como en el de la reforma fiscal, el PSOE se encontrará con la oposición de Unidas Podemos a sus planes. Pero no solo. La aritmética parlamentaria llevará al Ejecutivo a tener que volver a armar el pacto presupuestario de finales de 2020. Y los posibles socios también tendrán sus posiciones en ambos temas.

La ministra de Hacienda encargó la elaboración de un informe sobre la reforma fiscal a una comisión de expertos que tiene de plazo para presentar sus conclusiones hasta 2022. Hasta entonces no se acometerán los cambios con los que la coalición pretende disminuir la brecha impositiva que separa a España de la media europea, de unos siete puntos. Fuentes gubernamentales no descartan que haya “pequeños retoques” en algunos tipos impositivos, pero no el grueso del planteamiento. 

En la negociación de las cuentas de 2021 esa fue una de las batallas que libraron PSOE y Unidas Podemos. El socio minoritario abogaba por establecer ya algunas de las promesas que figuran en el acuerdo de coalición, como el impuesto a las grandes fortunas o el incremento de la tributación de las grandes empresas. También presionó para que se subiera el IRPF a las rentas más altas. El acuerdo fue un camino intermedio en el que se incrementó en dos puntos el tipo del IRPF para rentas de trabajo superiores a 300.000 euros y en tres puntos para rentas del capital superiores a 200.000 euros, por debajo aún de lo que marca el acuerdo sellado por Sánchez y Pablo Iglesias. Además, se revisó el Impuesto de Sociedades, en el que se limitó la exención de tributación de dividendos y plusvalías de filiales al 95%.

Aquella negociación –al igual que la de las cuentas de 2019, que finalmente fue fallida por el rechazo de ERC– incluyó también asuntos eminentemente políticos. Iglesias presionó, sin éxito, para que se establecieran precios máximos a los alquileres. A cambio, el PSOE se comprometió a tener lista la ley estatal de vivienda en el primer trimestre del año. En aquel documento se incluyó una frase, “eventualmente bajada de los precios”, que esgrimen en Unidas Podemos para exigir unas medidas que José Luis Ábalos rechaza. De hecho, propone limitar las subidas al 10%, por lo que la ley sigue estancada.

También se pactaron entonces mejoras para el Ingreso Mínimo Vital que tampoco se han acabado de concretar. La tramitación parlamentaria de la nueva prestación, congelada durante un año, ha evidenciado las diferencias entre los socios de Gobierno.

En Unidas Podemos saben que la negociación presupuestaria equilibra un poco las fuerzas que los dos socios tienen en la coalición. Es el momento en el que, pese a que denuncian que tienen menos representación de la que les corresponde por peso electoral, se pueden abrir ciertos debates en el seno del Ejecutivo. Lo hicieron en 2020 y lo volverán a hacer, siempre basándose en el acuerdo de gobierno.

La negociación técnica con Hacienda la conducirá el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos desde 2014, Nacho Álvarez. El caballo de batalla será la reforma fiscal. En Unidas Podemos intentarán arrancar lo máximo posible, como ya ocurrió con las anteriores cuentas. En materia fiscal, como es habitual, pondrán el foco no tanto en subir o bajar impuestos, sino en a quién se les incrementa. Además, intentarán reducir la llamada tasa rosa, el IVA que pagan los productos de higiene femenina, pero con la intención de ampliarlo a otros productos relacionados con los cuidados, como los pañales. 

Una negociación con aliados claros

La pelea que esta vez no parece que se vaya a producir es la de los aliados parlamentarios, después de que Ciudadanos haya roto prácticamente todos los puentes con el Gobierno.

El bloque de la investidura salió reforzado de la anterior negociación presupuestaria tras el portazo que dio Inés Arrimadas a Moncloa tras semanas negociando. La intención de Sánchez era tirar de la “geometría variable” de la que se sirvió para aprobar las prórrogas del estado de alarma durante el confinamiento más severo pactando algunas políticas, como los presupuestos, por el centro-derecha, y otras con la izquierda.

Unidas Podemos presionó para priorizar a los socios de la investidura. Pablo Iglesias dijo entonces que si Sánchez optaba por los de Inés Arrimadas, sus votos se irían al no. El por entonces vicepresidente finalmente se llevó el gato al agua y zanjó para toda la legislatura el intento del líder socialista de buscar apoyos a uno y otro lado del Hemiciclo.

Esos aliados parlamentarios apremiaron a Sánchez durante el debate de los indultos a gobernar con determinación lo que queda de legislatura apoyándose en esas fuerzas. Para lograrlo, el Gobierno también tendrá que arremangarse para conjugar los intereses de un partido conservador como el PNV con fuerzas a su izquierda, como ERC y EH Bildu. Algo que ya ocurrió en el anterior debate presupuestario, en el que el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás, por ejemplo, en el impuesto al diésel. Los republicanos catalanes se presentarán a la negociación conscientes de que son más imprescindibles que en la anterior.

“Ustedes antes podían no hacer política y hacían matemáticas. De hecho, tenía un nombre: geometría variable. En definitiva, era la pulsión por pactar con Ciudadanos, porque sale más barato, porque son más banderas para todos y ya está”, expresó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que recordó que Ciudadanos “está hoy en la más absoluta inopia” y recordó al exvicepresidente Pablo Iglesias como uno de los “hacedores del actual escenario político”: “La única verdad es que hoy la estabilidad del Gobierno, la pervivencia del Gobierno, depende de las diferentes izquierdas con diferentes banderas que nos juntamos cada semana”. 

“Señor presidente, olvídese de ese ruido, olvídese del ruido y gestione. Dejemos de gesticular tanto ante la opinión pública. Hay una mayoría que apoyó la investidura, con la que se puede trabajar”, le dijo el portavoz del PNV, Aitor Esteban. “No nos importa lo que diga u opine el señor [Antonio] Garamendi, no nos importa lo que opine o diga el IBEX. Usted se comprometió con la ciudadanía a tomar políticas de izquierda que dignificasen la vida de la gente y eso es lo que debe importarle. Tiene la mayoría social y política para hacerlo”, dijo su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que se refirió a cuestiones como la reforma laboral, el crecimiento del SMI o la reforma de las pensiones, entre otras. 

Se rompe el idilio del Gobierno y la patronal

Esa advertencia llegaba, además, cuando el Gobierno había recibido el espaldarazo del presidente de CEOE por sus palabras favorables a los indultos. Sin embargo, el idilio del Ejecutivo con la patronal da ya síntomas de agotamiento ante la negociación de la derogación de la reforma laboral que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, pretende acometer antes de que acabe el año, y de los dos tramos de la reforma de las pensiones pendientes de cerrar.

La patronal tildó de “marxista” la propuesta del Ministerio de Trabajo que, entre otras cosas, plantea reducir la jornada como alternativa preferente a los despidos. En la firma en Moncloa del que ha sido el décimo acuerdo en el marco del diálogo social a propósito, en esta ocasión, de las pensiones, Garamendi ya advirtió de que la negociación sobre las fuentes de ingresos del sistema público de pensiones “será más complicada”. “Vamos a seguir hablando de flexibilidad y de que las empresas tengan libertad de gestión para conseguir empleo mejor y más digno en empresas más competitivas aprovechando los fondos [europeos] que van a llegar”, avisó a Díaz en ese mismo acto sobre la negociación en materia laboral.