Ni un día sin polémica. Y van dos en la misma semana. Tras la ley de igualdad de trato con la que Unidas Podemos rompió la unidad de voto de la coalición en el Congreso, los socios chocan ahora con el proyecto de la ley de vivienda, que debía regular los precios de los alquileres tal y como ambos se comprometieron en el programa de gobierno y en el acuerdo presupuestario. Vuelven a saltar chispas. Esta vez entre la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias y el ministro de Tansportes, José Luis Ábalos. Los morados sostienen que el PSOE continúa sin hacer una propuesta sobre la regulación del precio del alquiler a pocos días de que la ley llegue al Consejo de Ministros.
Para Unidas Podemos la política de vivienda es una de las materias sensibles y en las que ha priorizado buena parte de los esfuerzos de negociación con los socialistas. La regulación de los precios del alquiler fue uno de los principales escollos en la negociación presupuestaria y finalmente las dos partes de la coalición llegaron a un acuerdo de mínimos para llevarla a cabo a través de la ley de vivienda que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Entre los compromisos estaba llevar esa norma al Consejo de Ministros en el mes de febrero y al Congreso en marzo. Llegada la fecha, los de Iglesias ven que ese acuerdo se aleja tanto en fondo como en forma.
Los equipos de la Vicepresidencia Segunda, representada por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra; y del Ministerio de Transportes, encabezado por el secretario general para la Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, han retomado este jueves las negociaciones. Y, a pesar de que en el marco de la negociación de los presupuestos de 2021 el PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar un texto conjunto al Consejo de Ministros antes de que finalizase febrero, los de Iglesias se quejan de que Ábalos “todavía no ha concretado por escrito cuál es su posición en torno a los temas clave para los morados: la regulación de los precios del alquiler, la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional o las responsabilidades de los grandes propietarios de vivienda”.
Es más, consideran que “el PSOE está muy próximo en sus planteamientos a la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ASVAL), dirigida por el exministro socialista Joan Clos, y al sector inmobiliario” y que por eso ha rechazado las propuestas que desde la Vicepresidencia segunda se le han hecho llegar en los últimos meses sin ofrecer planteamientos alternativos sobre el impuesto a la vivienda vacía o la obligación de los grandes propietarios de poner en alquiler para vivienda social el 30% de su parque.
El caso es que primero fue Calvo, después Calviño y ahora es Ábalos. El ministro del PSOE que más ha contemporizado con Unidas Podemos en los momentos de mayor tensión entre socios ha sido el último en decir basta ante lo que entiende son “presiones intolerables” de los morados durante la negociación para la redacción de la ley de vivienda. “Ni bancos, ni fondos de inversión, ni Podemos. Este ministro no admite presiones de nadie”, afirman fuentes de su gabinete.
El departamento de Ábalos asegura haber realizado una propuesta sobre la función social y el régimen jurídico de la vivienda, la acción de los poderes públicos, el derecho a la vivienda y la conformación de los parques públicos con el propósito de facilitar viviendas dignas a precios asequibles desde las administraciones. Y que el documento incluía “soluciones habitacionales para las familias vulnerables, medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento, la rehabilitación de viviendas, la colaboración público privada y la creación de fondos sociales de vivienda”.
El ministro ha hecho valer su competencia y ha advertido a sus socios que el ritmo lo impone su departamento, y no Iglesias, con quien se comprometió a que fuera “coproponente de la ley, pero nunca a compartir las competencias de vivienda”. El malestar es notable de nuevo en la parte socialista del Gobierno con “las formas” de sus socios y las “continuas filtraciones a la prensa para presionar durante las negociaciones”.
“Nuestra propuesta consiste en garantizar la función social de la vivienda y que las administraciones no puedan malvender a los grandes fondos la vivienda pública”, aseguran desde el Ministerio, desde donde consideran “cuestionables” muchos de los aspectos propuestos por sus socios como, por ejemplo, definir como gran tenedor a un propietario de cinco inmuebles.
Durante el encuentro ambas delegaciones han puesto sobre la mesa distintas soluciones que, para el Ministerio, aún están en fase de estudio, si bien desde Transportes quieren poner en valor “la solidez y el rigor de sus propuestas” que, a su entender, “buscan soluciones reales a las necesidades habitacionales en España, además de seguridad jurídica”. Y siempre, según fuentes del Ministerio, “huyendo de sectarismos”, en alusión a sus socios, a los que acusan de estar jaleando a algunos colectivos en contra del Gobierno y azuzar a concentraciones ante las puertas del Ministerio “este próximo fin de semana”.
El PSOE cree que los morados no han encajado esta semana que el presidente del Gobierno presentara el parque social de 15.000 viviendas del SAREB ni que se esté en conversaciones con los fondos de inversión para que saquen al mercado más de 30.000 viviendas de alquiler a precios asequibles. “La política de este Departamento pasa por promover vivienda pública y hacer asequible el alquiler, pero no por castigar a los propietarios”, añaden desde el Ministerio, cuya apuesta pasa por promover e incentivar el alquiler con beneficios fiscales en lugar de poner límites al precio. Y esa es una cuestión que Fomento aún tiene que negociar con Hacienda.
Para los de Iglesias, la regulación del precio del alquiler es una línea roja en los términos que recoge el acuerdo programático de la coalición sellado por Sánchez e Iglesias, donde se habla textualmente del impulso a las “normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. La idea es que ayuntamientos y comunidades puedan establecer precios máximos a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda elaborado por el Ministerio que dirige Ábalos. Sin embargo, en la propuesta del Ministerio se ha colado una fórmula basada en beneficios fiscales para propietarios desmarcándose de ese pacto que ha hecho saltar las alarmas de Unidas Podemos.
Ábalos se opone a que las “políticas públicas” –en este caso la de vivienda– descanse “sobre las espaldas de los particulares”. Tampoco ve con buenos ojos que los grandes tenedores sean los propietarios a partir de cinco inmuebles como le planteó Unidas Podemos durante la negociación de la ley. Hasta ahora, la referencia que se había “asumido” por parte del PSOE era para propietarios de diez pisos o más.