La colaboradora de Ayuso imputada se resiste a que la Guardia Civil conozca su declaración en el juzgado

La vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular madrileño y alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, ha recurrido la decisión de la jueza que le investiga en un caso de presunta corrupción respecto a dar traslado a la Guardia Civil de la declaración que prestó como investigada en el juzgado. Ana Millán se había negado a declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que la citaron por los posibles delitos de cohecho, prevaricación, fraude a la administración y blanqueo. 

Sin embargo, ante el juez José Luis García Marfil, Millán contestó a las preguntas del magistrado instructor y de la acusación popular del PSOE. La Fiscalía no se presentó y la alcaldesa se negó a contestar al letrado de Más Madrid. De esa declaración surgió la necesidad de llamar como testigo a la pareja de Millán. 

Rastreando los ingresos de la alcaldesa por parte de un empresario adjudicatario de la Concejalía que ella dirigió en el pasado, los agentes encontraron 52.950 euros ingresados en efectivo en su cuenta bancaria entre 2008 y 2017. Ella explicó que su marido se dedica a la hostelería y al “mundo de la noche”, que le entregaba cantidades para los gastos comunes y que a ella, que no le gusta tener dinero en casa, lo ingresaba en el banco. 

En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, y mientras era concejala de Juventud, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Vicente Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil entregados al juez, a los que ha tenido acceso elDiario.es. 

Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, según los datos que la UCO obtuvo de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil. Además, Millán recibió de Roselló otros 6.642 euros en el año 2012 cuyo motivo se desconoce. 

La alcaldesa defendió ante el juez García Marfil que los ingresos que le hizo Roselló respondían al alquiler de un ático de su propiedad por parte de la empresa Neverland, que se la realquiló a un trabajador de la sociedad en esa época. Al hecho de que Roselló pagara casi el doble del precio de mercado, Millán respondió que al empresario le interesó firmar un contrato de alquiler con derecho a compra, aunque luego rechazó ejercerlo. 

La Guardia Civil alegó ante el juez que para el análisis correcto de los “numerosos efectos en soporte documental y digital” que se incautaron en el registro del Ayuntamiento de Arroyomolinos estaban analizando las declaraciones que tomaron a diferentes testigos, por lo que solicitaba también todas aquellas que se hubieran producido en sede judicial. 

El juez dio traslado a las partes, la Fiscalía se posicionó a favor y las defensas de Millán y el empresario investigado, Roselló, se opusieron. La defensa de Millán alegaba que la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, tiene asignado dar apoyo al juzgado, y no al revés. “Ya es bastante sorprendente que sea la UCO la que ha desarrollado la investigación dirigida por el Juzgado en las presentes actuaciones”, dice Millán en contra de la unidad de élite de la Guardia Civil.

La defensa de la alcaldesa se refiere a que la UCO es la unidad que investiga el caso Púnica, del que surgió la información original de las posibles corruptelas en el Ayuntamiento de Arroyomolinos y que el juez Manuel García Castellón envió a un juzgado de Navalcarnero por no estar relacionados los hechos con su investigación en la Audiencia Nacional. 

Al juez José Manuel García Marfil le ha sustituido en el juzgado la magistrada titular, Lidia Prada Zurdo, quien el 9 de junio acordó trasladar a la UCO las declaraciones de Millán y Roselló. Ambos han vuelto a recurrir. Ahora, la alcaldesa alega: “Las instrucciones dadas por el juzgado al que tengo el honor de dirigirme fueron cumplidas por la UCO y se llevaron a cabo las diligencias acordadas por el propio juzgado. Lo que carece de sentido es mantener informado a un cuerpo policial del resto de diligencias que se practiquen por el propio juzgado o, incluso, por cualquier otro cuerpo de policía”.