El “colapso” se produjo el 8 de diciembre de 2020. Es la fecha en la que, según los investigadores, se derrumbó la “pirámide” que el bróker Javier Biosca había levantado con el dinero de centenares de inversores en criptomonedas. Tras haber rebajado en primavera las rentabilidades desorbitadas con las que les había cautivado —del 20% al 10% semanal pese a que el valor del bitcoin crecía—, en septiembre del año pasado empezó a desatender peticiones para recuperar un dinero que, supuestamente, estaba garantizado. Poco después, en diciembre, se fugó de España en un avión privado y dejó de responder a los mensajes desesperados de los clientes, que le reclamaban, al menos, el depósito inicial, que en algunos casos ascendía a decenas de miles de euros.
Es el resumen de la caída en picado del último gurú de las criptomonedas extraído de un informe de la UDEF aportado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, hace un primer análisis de las denuncias presentadas por 272 perjudicados y estima en 3,6 millones de euros el valor “mínimo” defraudado. Se trata, no obstante, de una cifra provisional y a la baja porque solo incorpora la información de algo más de la mitad de esos querellantes que ya han facilitado documentación con la cantidad invertida. De hecho, los denunciantes —agrupados en varias asociaciones— elevan esta cifra hasta casi los 500 millones de euros mientras aseguran que el número de afectados no deja de crecer y ya está cerca del medio millar. Algunos metieron cantidades modestas, desde mil euros; y otros, muy elevadas, de hasta un millón; con “perfiles de todo tipo”.
El supuesto estafador, detenido en junio en Málaga después de que la Audiencia Nacional dictara una orden de busca y captura contra él y que está en prisión provisional desde entonces, se presentaba como un trader con más de cinco años de experiencia que era capaz de asegurar rentabilidades de hasta el 25% a cambio de que se le confiase un depósito inicial que, supuestamente, siempre estaría garantizado. Cada semana, en relación al rédito obtenido, ofrecía tres opciones: recuperar todo, recuperar una parte o reinvertir, lo que daba confianza a los inversores —al permitirles rescatar parte del dinero, especialmente en las primeras semanas de inversión— y favorecía la entrada de nuevas supuestas víctimas que acudían recomendadas por clientes, amigos o familiares.
“Lo habitual es que lo clientes recuperaran lo invertido en las primeras semanas. Era la forma que tenía Biosca de ganarse su confianza con cantidad reales para que, de esa forma, apostaran por reinvertir. Pero más del 80% de los clientes no han recuperado el capital invertido”, asegura la abogada Emilia Zaballos, que se presenta como promotora de la querella que dio origen al procedimiento y presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Según sus datos, los depósitos iniciales van de los 10.000 a los 200.000 euros, aunque muchos de estos inversores reinvirtieron los supuestos beneficios.
Biosca presumía de que podía asegurar esas rentabilidades gracias a bots y “un algoritmo” que era “capaz de hacer multitud de operaciones por minuto”, si bien la UDEF sospecha de que se trata en realidad de una “defraudación en su modalidad de esquema Ponzi o piramidal”. De hecho, los investigadores afirman que los rendimientos que prometía el supuesto estafador no se ​​correspondían con la revalorización del bitcoin e incluso plantean la posibilidad de que nunca hubiera operado en el mercado de monedas digitales. Su empresa Algorithmics Group también escapó al escrutinio del regulador. La Comisión Nacional del Mercado de Valores alertó el 14 de diciembre de 2020 de que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. Pero el daño ya estaba hecho.
Próxima declaración
En prisión provisional desde el pasado 8 de junio en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga), está previsto que el juez Alejandro Abascal, actual instructor del caso, tome de nuevo declaración a Biosca el próximo viernes 17 de septiembre. El magistrado tiene, además, sobre la mesa la petición de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, coordinada por Zaballos y que ejerce la acusación popular y particular, de que su pareja, Paloma Gallardo, entre en prisión.
El pasado julio, el magistrado tomó declaración a Gallardo y al hijo de ambos, Sergio Biosca, pero únicamente acordó retirarles el pasaporte y les mantuvo en libertad. No obstante, los dos están imputados por los mismos delitos que el supuesto cabecilla —estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público— por su presunto rol de captadores de inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas a través de Algorithmics Group.
Según el escrito de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, Gallardo ejercía como una especie de relaciones públicas organizando comidas en restaurantes caros o concurridas fiestas para la captación de clientes. En esos eventos, ambos exhibían una vida de lujo y se ponían de ejemplo de lo que se podía llegar a conseguir mediante las inversiones en criptomonedas que se encargaban de comprar y vender. De hecho, siempre según ese documento, Gallardo también realizaba operaciones en las wallets [monederos electrónicos] desde su propio teléfono. Algunos denunciantes también la sitúan en reuniones en las que, afirman, hablaba en todo momento en plural respecto de la gestión conjunta con su marido.
Durante su última declaración, cuando únicamente respondió a las preguntas del juez y de su abogado, Biosca manifestó que estaba dispuesto a colaborar con la Justicia y aseguró que si quedaba en libertad podría desbloquear cuentas bancarias y wallets para devolver el capital a los inversores en “tres o cuatro semanas”, según fuentes conocedoras del contenido de la declaración. No obstante, reconoció que no recordaba algunas de esas contraseñas e insistió en que tenía que salir de la cárcel para intentar recuperarlas.
Los querellantes admiten que su objetivo es recuperar el dinero y están dispuestos a llegar a un pacto “siempre que se comprometa a devolver la contribución total de cada cliente”, afirma Sergio Jiménez, gerente de Legalia, despacho que asesora a otros supuestos perjudicados. “Estamos dispuestos a tramitar un acuerdo extrajudicial. En este caso nos retiraríamos de la acusación particular aunque podamos seguir con la popular, pero no tendríamos ningún problema en que se redujeran las penas”, añade Zaballos.
Si Biosca no colabora, recuperar un dinero que no existe de forma física y que está almacenado en carteras digitales no será tarea sencilla. “No es tan fácil como cuando el dinero está en cuentas bancarias, pero tampoco es imposible. Existe la trazabilidad que hacen los peritos, que van viendo los movimientos desde la cuenta en la que ingresan el dinero y cómo se va moviendo”, asegura Zaballos.
El citado informe de la UDEF atribuye a Biosca hasta una decena de cuentas bancarias en el extranjero —siete en Holanda y otras tres en Francia, Alemania y Reino Unido— y podría haber empleado hasta 61 billeteras electrónicas. Como propiedades a su nombre, sin embargo, consta únicamente un Renault 5 matriculado en 1986 y ninguna vivienda. Aunque inició el negocio cuando vivía en Toledo, Biosca y su familia se trasladaron a Marbella, donde en enero de 2020 alquilaron una mansión en la lujosa Urbanización Marbella Hill Club por la que pagaba 10.500 euros al mes. En su informe, los agentes reclaman al juez que libre varios oficios y comisiones rogatorias a entidades y países para tratar de determinar cuáles son los verdaderos bienes del hombre que supuestamente estafó a centenares de personas ofreciendo rentabilidades imposibles con monedas digitales.