Un comisario del clan Villarejo pide autorización para revelar secretos oficiales de los últimos 30 años
La defensa del comisario Enrique García Castaño ha solicitado a la Audiencia Nacional que le facilite la autorización necesaria para poder revelar información reservada que ha manejado “durante más de treinta años”. García Castaño, imputado por vender datos confidenciales a su compañero José Manuel Villarejo, alega que necesita aludir a identidades secretas, operaciones encubiertas y manejo de fondos reservados para defenderse de la acusación por organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales que pesa sobre él en el marco de la Operación Tándem.
La tesis de la defensa de García Castaño es que toda la acusación de la Fiscalía Anticorrupción se basa en las grabaciones que Villarejo realizó sin su permiso de conversaciones mantenidas entre ambos. Esas conversaciones, alega el comisario, se produjeron en el marco de investigaciones policiales y no de los hechos delictivos que se le atribuyen. La Ley de Secretos Oficiales solo permitiría al comisario aludir a esa información en sede judicial previa autorización del Consejo de Ministros, según expone su defensa.
Las referencias a los secretos oficiales son necesarias para formar un “relato explicativo” y que el juez Diego de Egea entienda el verdadero significado de las grabaciones, añade la defensa de García Castaño, que ejerce el despacho de Baltasar Garzón. Fuentes del caso advierten de una posible maniobra para, una vez se le deniegue el permiso para hablar de asuntos confidenciales, el comisario alegue indefensión y vulneración del derecho a la defensa.
‘El Gordo’, como se conoce a García Castaño en la Policía, ingresó en el Cuerpo en el mes de junio de 1975 y enseguida fue destinado al Servicio de Información, al principio al seguimiento de las tramas involucionistas (contrarias al nuevo régimen democrático) por su conocimiento de los ambientes ultras.
El grueso de la carrera de García Castaño se ha desarrollado, sin embargo, en la lucha antiterrorista. La actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, le calificó como “uno de los principales expertos españoles en materia de terrorismo yihadista y de ETA” al aludir a su presencia en la comida de homenaje a Villarejo a la que ella también asisitió en 2005 y cuya grabación ha sido publicada por moncloa.com.
García Castaño dirigió la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) entre 1994 y 2017, con una interrupción de un año por la destitución que ordenó el comisario general Telesforo Rubio en 2005. La UCAO es la unidad que se encarga de colocar los sistemas de escucha y rastreo y de captar fuentes de información y de pagarlas, entre otros cometidos. Está enmarcada en la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista de la Policía, pero, como se encarga de recordar el comisario en su escrito al juzgado, participa también en operaciones contra la corrupción y el narcotráfico. ‘El Gordo’ no dirigía ninguna investigación, pero estaba en todas las importantes.
“En el corazón de los secretos”
“Desde este momento, el señor García Castaño anuncia que esa declaración o declaraciones afectarían a personas concretas cuya identidad deberá ser protegida por las autoridades competentes, afectando igualmente a operaciones policiales precisas relacionadas con la seguridad del Estado y a sistemas operativos en la investigación del terrorismo, la corrupción y el crimen organizado”, advierte la defensa en el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es. “La UCAO está en el corazón de los secretos dispuestos por el Consejo de Ministros”, dice el letrado sobre la unidad que mandó su cliente.
El comisario García Castaño fue detenido el 11 de julio pasado por la Unidad de Asuntos Internos con una orden de la Fiscalía Anticorrupción que no respaldó el juez. Tras declarar ante el magistrado De Egea, el instructor de la Operación Tándem lo puso en libertad con medidas cautelares. Anticorrupción había solicitado su ingreso en prisión incondicional.
Durante su declaración, desvelada por Abc, el comisario aseguró que Villarejo le adelantaba dinero para pagar confidentes y que colaboró con él en relevantes operaciones, siempre con el conocimiento de los comisarios generales de Información y de los directores adjuntos operativos de la Policía. La Fiscalía, sin embargo, considera que García Castaño utilizaba su cargo para acceder a datos confidenciales y vendérselos a Villarejo. Éste habría utilizado esos datos para vender dosieres a sus clientes por cientos de miles o millones de euros.
En la citada declaración como imputado, García Castaño ya dejó claro al juez y los fiscales el tipo de información que atesora. Ocurrió cuando, por iniciativa propia, le explicó a uno de los fiscales que él obtenía la identidad de titulares de números de teléfono sin autorización judicial, a través de sus “amigos” en las compañías telefónicas. Y añadió que a esa práctica le instaban los propios jueces de “esta casa”, en referencia a la Audiencia Nacional, para asombro del fiscal. El juez De Egea consideró que ese comentario trascendía el objeto de la investigación y ordenó continuar el interrogatorio con otra cuestión.
Ahora, García Castaño pretende “desplegar en toda su extensión su derecho a la defensa, junto a una irrestricta y abierta colaboración con la justicia”. Para ello, añade su abogado, debe “poder relatar en detalle los pormenores de esas conversaciones como evidencia de descaga penal, con la única finalidad de contribuir al esclarecimiento de la verdad”.
La defensa de Villarejo alude a tres acuerdos del Consejo de Ministros de 1986, 1996 y 2010 que establecen como información “secreta” todo lo relativo a las operaciones de los “servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”, además de las estructuras que los componen.
“En las conversaciones intervenidas y transcritas por la Unidad de Asuntos Internos, el Ministerio Público hace alusión repetidamente a diversos pasajes en los que se habla de cantidades que, si bien el señor García Castaño debe garantizar el secreto, dichas cantidades podrían estar vinculados al uso y destino de gastos o fondos reservados”, advierte. La Ley de Gastos Reservados ubica a los mismos en la categoría de “secreto oficial”, añade.
