Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Cataluña, es uno de los expertos que este jueves, a iniciativa de CiU, compareció en la Comisión Constitucional del Congreso para dar sus opiniones sobre las medidas que debería acometer el Congreso para lucha contra la corrupción. Una de las propuestas que dejó sobre la mesa fue la necesidad de regular la figura del “delator de corruptos” en la Administración. En su opinión, los propios ciudadanos que trabajan cerca de los altos cargos deberían implicarse más para destapar supuestos casos de “conflictos de intereses” en los que puedan incurrir los altos cargos.
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Consistiría en facilitar un mecanismo ágil para que las informaciones de aquellos que puedan conocer casos en los que se incurra en un conflicto de intereses puedan llegar a la Oficina de Conflictos de Intereses. Este organismo, siempre bajo los supuestos previstos en la ley, iniciaría un procedimiento de investigación del caso denunciado.
De abordarse esos cambios legales, ¿cree que aflorarían más denuncias sobre corrupción?
Bueno, la experiencia comparada nos dice que si se establece un régimen de protección a los delatores o informantes de un caso de conflictos de intereses, se identifican más casos.
¿Esa protección asegurará que los delatores no puedan ser después represaliados?
Existen diferentes tipos de garantías. Desde denuncias anónimas, a que el denunciante se identifique pero que su identidad no pueda ser conocida por nadie y quede así protegida su persona.
¿Existe una figura similar en otros países europeos?
A escala europea existe la Oficina de Lucha contra el Fraude y tiene mecanismos de protección a los denunciantes.
¿A qué obedece que esté regulada la figura del arrepentido para juicios de narcotráfico, por ejemplo, pero no se haya regulado algún tipo de garantías para quien observa una corrupción política y pretende denunciarla?
Son diferentes mecanismos. Aunque son asuntos en los que se debería profundizar, como he dicho en mi intervención. Dar mayor eficacia a los mecanismos que ya existen y ver si realmente serían trasladables al ámbito de la lucha contra la corrupción.
¿Comparte las quejas que vertió el fiscal general del Estado en su comparecencia sobre la gravedad del estado de la corrupción y la escasez de medios con los que se encuentran las fiscalías para combartirla?
Está claro que la lucha contra la corrupción no es solamente una cuestión jurídica. Para avanzar en este terreno es necesario dotar de más medios y realizar cambios en las leyes vigentes. Hay medidas como fortalecer la ética de los altos cargos, de los empleados públicos, o dar un mayor desarrollo a cuestiones que ya están previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público, como los códigos de conducta. Pero dotar de recursos a todos los organismos es fundamental para que puedan cumplir sus funciones, como lo es también incrementar la transparencia y los mecanismos de control que permitan hacer un seguimiento adecuado de actuación de los cargos y empleados públicos.
¿Cree que los políticos deberían tener mejores retribuciones, como opinó en su comparecencia el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás?
Son dos debates diferentes. Hay que garantizar los mejores perfiles y que tengan una retribución proporcional a su situación.
¿Observa usted resistencia del mundo político para acometer cambios rotundos en este asunto de la corrupción?
No. Al menos mi percepción después de la comparecencia en la Comisión es que hay un interés real en avanzar en estas cuestiones y, por lo tanto, creo que se va por buen camino.
¿Y no le parece descorazonador que después de 35 años de democracia se sigan planteando medidas contra una lacra que en lugar de disminuir, aumenta? Sobre todo cuando el CIS dice que es lo que más preocupa a los ciudadanos.
Pues… Uff... Yo creo que en cada momento se van dando respuestas a los problemas que se van planteando. Creo, y se ve, que cuando el Gobierno y el Congreso han detectado esta situación han planteado leyes en esta materia.